En busca del derecho perdido

Edgar London

edgar-london-columna-otrolunes29La libertad de expresión es un mito. Esta verdad la aprendí a partir de las más disímiles interacciones con varios medios de comunicación y, acaso lo más importante, desde las distintas responsabilidades que me ha tocado asumir en cada uno de ellos.

No me son desconocidos, comenzando por los tradicionales, ni la prensa, ni la radio, ni la televisión. En alguno que otro he sido jefe de redacción, coordinador editorial, columnista, colaborador, conductor, director o, sencillamente, invitado de ocasión. No importa cuál sea el formato, tampoco mi función, siempre me topé de manera implícita o explícita con la desazón de una advertencia que, en sencillo castellano, se resume a: “ten cuidado con lo que dices”.

Las razones de este filtraje rara vez escapan al orden político o económico y, en un análisis de mayor profundidad, se pueden restringir únicamente al segundo concepto, en tanto el primero no pasa de ser generalmente una variante disfrazada de aquel. De cualquier manera, nunca está de más advertir que en países como México la censura también puede ser impuesta por componentes de otra índole, creando verdaderas zonas de silencio, a partir de amenazas de naturaleza violenta contra quienes participan de un modo u otro en la elaboración de las noticias, acaso el método más empleado por los cárteles del crimen organizado o fuerzas paramilitares en naciones de Sudamérica y Medio Oriente.

Al margen de la singularidad de estas agravantes, es condición obligada comprender que la relación entre el financiamiento del medio y las fuentes de dicho financiamiento erige los cimientos de la existencia del mismo. Expresado con palabras más simples, antes que informar, la empresa informativa ha de subsistir. Este axioma lógico establece la necesidad de si no reverenciar, al menos proteger la permanencia de entidades dispuestas a aportar los recursos necesarios para costear los gastos del ejercicio comunicacional. De ahí las inevitables concesiones que terminan por acomodar la agenda a favor de los patrocinadores oficiales o informales.

Ello si el medio, per se, no pertenece a una de estas entidades, muy especialmente cuando la misma representa una ramificación gubernamental o partidista (si no ambas, al estilo de Cuba). En tal caso, podemos echar por el inodoro la libertad de expresión, las preocupaciones financieras y, por supuesto, la razón del presente texto.

En cambio, si se trata de una empresa privada, uno de los mayores retos para su cuerpo directivo implica construir un andamiaje informativo donde el compromiso del medio no arriesgue sus nutrientes económicos, mas tampoco lacere la profundidad de su tarea principal, entiéndase comunicar de manera imparcial. Para alcanzar este propósito muchas veces es más importante el cómo lo dices al qué dices. Los ataques frontales, por ejemplo, rara vez ofrecen buenos frutos, a menos que estén sustentados de manera impecable y, aun así, en caso de que el afectado ostente suficiente poder, pueden caer a posteriori calamidades de todo tipo sobre el gestor denunciante.

Desde la posición del crítico, periodista o ciudadano común, el asunto de la libertad de expresión no deja de ser menos mítico que para el medio de comunicación encargado de servirle de plataforma. Estamos de acuerdo en que un sujeto no requiere de financiamiento para exponer sus argumentos —anulamos ex profeso los mercenarios de la información, es decir, a quienes se les paga por promover tal o más cual idea—, pero se halla inmerso en una disyuntiva bastante incómoda: ¿dónde ventilar sus recelos y convicciones?

Quizás, la posibilidad de formular esta interrogante sea lo más cercano, en términos prácticos, al vapuleado y por siempre manipulado derecho a la libertad de expresión. Y hago hincapié en el vocablo “posibilidad”, ni siquiera constriño el requerimiento de una contestación. Mientras un ser humano, respaldado por su estatus paralelo de ser social, cuente con la facultad de escoger opciones para hacer públicos sus pensamientos y sentires, entonces, estará cerca, rozará casi, esa utopía benévola que la ONU recoge en el artículo diecinueve de la Declaración Universal de los Derechos Humanos bajo la definición de “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Fuera de este impoluto documento, abducimos una engorrosa quimera que alcanza el paroxismo de las inocencias al insinuar siquiera que un individuo puede utilizar cualquier medio de expresión para divulgar sus opiniones. Con suerte podríamos trocar “cualquier” por “algún” y, desafortunadamente, todavía abundan los ejemplos en que ni siquiera se abre espacio para ese último y esperanzador término.

Visto con los mejores ojos la libertad de expresión no está asociada a un medio de comunicación, sino al espacio en que estos medios se circunscriben. Llámese ciudad, estado, provincia, ayuntamiento, distrito o país. La denominación es perecedera y mutable; el apremio por la multiplicidad de espacios diferentes y deferentes, ineludible. Nadie podrá decir lo que quiera, donde quiera. Afortunado quien pueda, al menos, encontrar dónde enunciar aquello que desea. Por tal motivo no hay peor enemigo para la libertad de expresión que los gobiernos totalitarios, empecinados en coaptar a la sombra de sus designios los medios de comunicación disponibles, so pena de hacerlos desaparecer, en ocasiones, acompañados por sus oficiantes.

Ahora, restringir los espacios aprovechables para expresarnos a la prensa, la radio y la televisión sería incurrir en un error cuasi cronológico, con la tecnología del siglo XXI puesta a nuestro alcance. Sin olvidar que alternativas como la publicación de un libro, la filmación de un documental o la creación de un afiche son igualmente factibles, aunque, en estos casos específicos, habríamos de imponerle a las editoriales, las casas productoras e imprentas restricciones similares a las que sufren las empresas de la comunicación.

La red de redes, en cambio, sobresale por su accesibilidad y flexibilidad para publicar lo que nos venga en gana, ya sea en blogs, foros de discusión, páginas webs propias, listas de correos e incluso en forma de comentarios dentro de sitios informativos oficiales —a expensas de que después sus encargados respeten o no la permanencia del comentario en cuestión—, ello, además, con una inmediatez difícil de superar por los espacios convencionales que nos han acompañado a diario desde mediados del siglo pasado. El talón de Aquiles de Internet, ironía entre ironías cuando nos referimos a la libertad de expresión, viene representado al mismo tiempo por su mayor y mejor virtud: la posibilidad de que uno y cada uno de nosotros podamos adentrarnos en ella, porque, a raíz de multiplicar tantas voces al unísono, terminamos por no escuchar ninguna.

Es necesario aclarar, asimismo, que los grados de accesibilidad difieren ostensiblemente entre países. Por ejemplo, a partir de datos ofrecidos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones ―organismo especializado de Telecomunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas― comprobamos que en 2013, mientras Europa presume (por cada cien personas) una tasa de penetración de Internet del setenta y cinco por ciento, en África a duras penas alcanza el dieciséis por ciento. Sin duda, la ausencia de una plataforma acorde a los requerimientos tecnológicos hace mella en el desarrollo del bloque de naciones tercermundistas. Empero no todo se justifica por la carencia de recursos. También existe la censura gubernamental. En su informe anual 2013, Reporteros sin Fronteras advierte que “la vigilancia en Internet representa un peligro enorme para los periodistas, blogueros, periodistas ciudadanos y defensores de los derechos humanos” y ubica entre los cinco primeros países enemigos de la red de redes a Baréin, China, Irán, Siria y Vietnam, aunque, harto es sabido, la lista se extiende mucho más y en América Latina, verbigracia, el nombre de Cuba no deja de estar presente.

Aceptemos pues que el derecho a expresarnos, de cierto modo nos fue presentado. En nuestra conciencia, primero, en un acta constitutiva, más tarde, en proclamas, manifestaciones, encarcelamientos y otras excusas para morir. ¿Dónde lo perdimos? ¿Quién sabe? Debe haber sido a lo largo de ese arduo camino que promete llevarnos a la democracia. Es compromiso forzoso no sólo reencontrarlo, sino reelaborarlo y practicarlo. No olvidemos que si hoy el derecho a la libertad de expresión parece un mito, todo mito esconde siempre un ápice de realidad. Jamás perdamos la esperanza.