ENTREVISTA CON FAISEL IGLESIAS
POR AMIR VALLE
Llevas tiempo utilizando las redes sociales para promover una idea que difiere de lo que muchos otros opositores esgrimen: cambiar la visión con la que se aplicaría el poder en una Cuba futura. En tu caso, insistes en que el soberano sea el ciudadano y no el pueblo. ¿Podrías explicar por qué esa insistencia?
Mi insistencia nace de una larga experiencia de vida como ciudadano en un régimen totalitario, donde no se reconocen los derechos ciudadanos, de mi condición de abogado, perseguido y preso político, de mi sensibilidad de escritor, de mi condición de académico, de mi convicción jurídica, filosófica y espiritual.
Una tradición literaria cubana me ilumino: la metáfora como creadora de realidades. En Jesus, Ignacio Agramjonte, José Marti y José Lezama Lima las encontré: Dios hizo a su imagen y semejanza, el individuo es soberano de sí mismo, y la ley primera de la republica como culto a la dignidad plena del hombre.
Los peregrinos que arribaron al continente americano no eran únicamente aventureros económicos. Muchos de ellos constituían comunidades religiosas perseguidas que concebían la libertad de conciencia como atributo esencial de la dignidad humana. Esa experiencia espiritual marcaría decisivamente el desarrollo posterior de nuestros patricios. La idea de que existen derechos anteriores al Estado, derechos que no dependen de la voluntad del gobernante, hunde sus raíces precisamente en esa tradición religiosa y jurídica.
Ahí aparece una diferencia esencial entre el pacto social y el contrato social desarrollado posteriormente por gran parte de la tradición revolucionaria francesa. Parte de la tradición americana, basado por el pacto social de la cristiandad, e influido por pensamiento protestante, por el Common Law y por la filosofía política inglesa, concibió los derechos individuales como anteriores al Estado. El poder político no crea esos derechos; apenas los reconoce y debe protegerlos. La Revolución Francesa, en cambio, aunque proclamó los derechos del hombre, terminó organizando la soberanía alrededor de la nación abstracta representada por el Estado. La Asamblea Nacional se convirtió entonces en intérprete suprema de la voluntad general y el ciudadano quedó progresivamente subordinado al aparato político encargado de representar esa soberanía nacional.
La Constitución norteamericana siguió un camino distinto. La expresión “We the People” posee una profundidad filológica y filosófica extraordinaria que frecuentemente se pierde en las traducciones convencionales al español. El problema no es meramente lingüístico. Es civilizatorio, jurídico y político. En buena medida, dos concepciones distintas de la soberanía permanecen ocultas detrás de dos estructuras gramaticales diferentes.
En inglés, la fórmula “We the People” comienza con el pronombre personal “We”: “nosotros”. Y ese detalle aparentemente simple resulta decisivo. Porque el “nosotros” anglosajón no funciona exactamente igual que la noción abstracta de “el pueblo” desarrollada posteriormente por gran parte del constitucionalismo continental europeo influido por la Revolución Francesa. En la tradición política inglesa y norteamericana, el plural conserva una fuerte carga individualizante. “Nosotros” significa una pluralidad concreta de sujetos determinados que actúan conjuntamente sin desaparecer completamente dentro de una masa colectiva indiferenciada. Ahí reside una diferencia filológica fundamental.
El inglés político heredero de la tradición anglosajona mantiene una relación mucho más estrecha entre pluralidad y personalidad individual. “We” no absorbe al individuo dentro de una entidad metafísica superior. Al contrario: presupone sujetos concretos que permanecen reconocibles dentro del conjunto. Por eso “We the People” puede entenderse, desde una lectura filológica profunda, como “Nosotros, cada uno de los ciudadanos que integramos el cuerpo político”. Ese matiz transforma completamente el problema de la soberanía. La soberanía deja entonces de residir en una abstracción colectiva separada de las personas reales y pasa a concebirse como algo distribuido entre ciudadanos concretos que pactan limitar el poder político mediante una Constitución.
Ello condujo a que los Padres Fundadores de la Nacion Cubana procuraran un proyecto de país basado el la soberanía del ciudadano, la incviolabilidad de los derechos inalienables y la justicia como fin del derecho.
En la tradición francesa revolucionaria, “el pueblo” tendería progresivamente a adquirir una dimensión abstracta susceptible de ser interpretada por una asamblea, un partido, una vanguardia revolucionaria o incluso un Estado centralizado que afirma actuar en su nombre. El individuo termina subordinado a la voluntad general. En cambio, la estructura lingüística de “We the People” conserva mucho más claramente la idea de pluralidad operativa. No habla una masa homogénea. Hablan ciudadanos concretos. Desde el punto de vista filológico, incluso puede observarse algo todavía más profundo: el sujeto sintáctico verdadero de la frase no es “People”, sino “We”. El núcleo activo de legitimidad permanece entonces vinculado a la persona y no exclusivamente a la colectividad abstracta.
Esa diferencia filológica termina produciendo consecuencias jurídicas enormes. El Estado queda limitado; los derechos son anteriores al poder; la Constitución funciona como pacto y no simplemente como contrato social; el juez adquiere centralidad protectora; y la soberanía permanece distribuida en la ciudadanía. Las civilizaciones también organizan el poder mediante el lenguaje. Precisamente por eso la diferencia entre “We the People” y “La soberanía reside en el pueblo” no constituye únicamente una cuestión semántica. Es una diferencia de antropología política.
La soberanía deja entonces de residir en una abstracción colectiva llamada pueblo o nación y se traslada hacia el ciudadano concreto. El individuo aparece como sujeto primario de derechos inviolables frente al Estado. La función del gobierno deja de ser únicamente administrar la voluntad colectiva y pasa además a garantizar espacios de libertad personal que el poder político no puede legítimamente destruir.
Pueblo es una categoría colectiva; el ciudadano es una persona concreta. Cuando se dice que “el pueblo” es soberano, siempre aparece alguien que pretende hablar en nombre de ese pueblo: el partido, la revolución, el caudillo, la mayoría circunstancial o el Estado. En cambio, cuando afirmamos que el soberano es el ciudadano, colocamos el poder político bajo la autoridad moral y jurídica de cada ser humano, creado por Dios a su imagen y semejanza, titular de derechos inalienables que ningún Estado, partido ni mayoría puede confiscar.
En esa Cuba futura, ¿qué peligros implicaría continuar con el modelo (que, por cierto, también es asumido por el gobierno de la isla desde 1959) que establece al pueblo como soberano?
El peligro de mantener la soberanía popular, la soberanía residiendo en el pueblo, que es la gran muchedumbre donde el ciudadano se diluye, como fórmula, permite convertir una abstracción en instrumento de dominación, que las castas políticas y económicas usurpen ilegitima, pero legalmente, la soberanía de los ciudadanos. En Cuba, desde 1959, Fidel Castro, decía en sus maratónicos discursos, una y mil veces, “nosotros el pueblo”, y era una gran mentira. Era solo él; Fidel Castro, el poder, invocando constantemente al pueblo para su obra mesiánica, para reprimir al ciudadano. En nombre del pueblo se ha encarcelado, confiscado, exiliado, censurado y vigilado. Por eso sostengo que la futura República no puede limitarse a cambiar gobernantes; debe cambiar el fundamento mismo del poder, debe cambiar el sujeto político. Si el pueblo sigue siendo una masa manipulable, el ciudadano volverá a quedar indefenso ante quienes digan representarlo.
¿Crees que los líderes de la oposición que ahora mismo encabezan el entorno político en la isla y la diáspora son conscientes de la necesidad de tener en cuenta esta diferencia entre el ciudadano como soberano y el pueblo como soberano?
Todos los líderes opositores al castrismo. tanto los que están dentro de la isla como los del exilio y la diáspora, intuyen la necesidad de la democracia, los derechos humanos y las elecciones libres, pero no siempre advierten la profundidad conceptual de esta diferencia. La democracia, por si sola no es suficiente. Muchos déspotas han ganado las elecciones. La democracia popular puede convertirse en una casta corrupta. No basta con sustituir una dictadura por un sistema electoral. La pregunta esencial es: ¿quién será el verdadero soberano al día siguiente de la transición? Si la respuesta sigue siendo una entidad colectiva superior al individuo, entonces no habremos fundado plenamente una República de todos y para bien de todos, donde el soberano sea el ciudadano, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, donde los derechos inviolables sean los inalienables, por la dignidad humana y donde el fin del derecho sea la justica, que es lo armónico, lo equilibrado, lo que se merece cada quien teniendo en cuenta la totalidad de las circunstancias, sino apenas una democracia vulnerable a nuevos autoritarismos.
Una frase que suele escucharse en el mundo de la política es “los políticos siempre llevarán el timón, porque siempre alguien deberá asumir la voz del ciudadano y tomar las decisiones en su nombre”. En esa Cuba futura, ¿cómo puede el soberano (el ciudadano) fiscalizar que el poder que deposita en manos de los políticos se adecue a lo que él, en tanto ciudadano, determine.
El ciudadano soberano debe ser la primera y última fuente de poder. Los políticos, desde las instituciones no deben ser más que servidores públicos, un servidor del ciudadano, el verdadero soberano. En consecuencia, debe elegir a sus servidores públicos, a sus políticos, fiscalizar el poder mediante instituciones, pero también mediante una cultura constitucional. Debe existir separación, división e independencia real de los poderes públicos: tribunales independientes, prensa libre, acceso a la información pública, revocación de mandatos en determinados casos, elecciones periódicas, control judicial de la constitucionalidad, transparencia administrativa y responsabilidad civil y penal de los funcionarios. Pero, sobre todo, debe existir la conciencia de que el político no es dueño del poder: es apenas un depositario temporal de una autoridad delegada por el soberano, el ciudadano.
Y ya que estamos en el tema: ¿qué papel jugarían los políticos y sus partidos en un escenario donde el soberano sea el ciudadano?
Los políticos y los partidos que, en la nueva Era de la Revolución Digital, más que partidos deben corriente de pensamiento respetuosa de la pluralidad, son necesarios, pero no pueden convertirse en nuevos soberanos. Deben estar al servicio de los ciudadanos. Su función debe ser organizar propuestas, articular intereses legítimos, formar gobiernos y ofrecer caminos de administración pública, Pero en una República fundada sobre la soberanía ciudadana, los partidos no están por encima de la Constitución, ni de los derechos, ni del ciudadano. Son instrumentos de representación, no propietarios de la nación.
¿Y los poderes del Estado? ¿Mantendrían su independencia o tendrían que someterse a la soberanía del ciudadano?
Los poderes del Estado deben mantener más que su independencia, su separación y división, precisamente porque esa independencia es una garantía del ciudadano soberano. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, el Fiscal y el Electoral, deben ser elegidos por los viudadanos, pero no deben someterse a una voluntad popular manipulada ni a un partido dominante, sino al orden constitucional que reconoce al ciudadano como fuente primera y última y límite del poder. La soberanía ciudadana no significa que cada ciudadano gobierne directamente cada acto del Estado; significa que todo poder público existe para servir, proteger y garantizar sus derechos.
Otro reto: el ciudadano no es un monolito, es un complejo y muy variable recipiente de ideas… y en el caso cubano estamos hablando ahora mismo de casi catorce millones de ciudadanos, contando isla y diáspora. ¿Qué mecanismos tendría que tener la sociedad para que todas esas voces sean realmente soberanas y puedan poner esa soberanía en función del desarrollo del país?
La pluralidad ciudadana exige mecanismos amplios de participación. Cuba no puede ser reconstruida excluyendo a la diáspora, ni reduciendo la nación a quienes viven dentro de la isla. Deben existir elecciones libres, representación de los cubanos en el exterior, consultas vinculantes sobre asuntos fundamentales, iniciativa legislativa ciudadana, autonomía municipal, libertad de asociación, universidades libres, medios independientes y una justicia accesible. La soberanía ciudadana no elimina la diversidad: la organiza jurídicamente para que ninguna voz sea aplastada por otra. Con todos y para el bien de todos, con multiciudadanía, con un Estado Posmoderno, insertado en las interdependencias nacionales, en procesos legítimos de integración, para contribuir al equilibrio aun vacilante del mundo, como nos enseñara José Marti; patria es humanidad.
Hay un elemento esencial en el caso cubano: “la fuerza del pueblo” utilizada como instrumento y canal de represión del ciudadano. ¿Qué papel tendrían los órganos militares, de defensa y de control de la disciplina social en una Cuba futura?
En Cuba, la llamada “fuerza del pueblo” fue deformada hasta convertirse en mecanismo de vigilancia y represión contra el ciudadano. En una Cuba futura, las Fuerzas Armadas, la policía y los órganos de seguridad deberán estar subordinados estrictamente a la Constitución, al poder civil legítimo y al respeto de los derechos fundamentales. Su función no será defender a un partido ni disciplinar ideológicamente a la sociedad, sino proteger la soberanía nacional, el orden constitucional y la seguridad y servir de protector de todos los ciudadanos.
Háblanos de tu libro más reciente sobre este tema: “De la soberanía popular a la soberanía ciudadana”. Además de lo que hemos hablado en esta entrevista, ¿qué encontrará el lector en las páginas de tu libro?
En De la soberanía popular a la soberanía ciudadana, el lector encontrará una reflexión sobre el problema central de la historia política cubana: la sustitución del ciudadano por abstracciones colectivas que han terminado justificando el poder absoluto. El libro propone una nueva arquitectura constitucional para Cuba, fundada en la dignidad de la persona humana, los derechos inalienables, la separación de poderes, la justicia como fin del derecho y la reintegración de la nación cubana —isla y diáspora— en una misma comunidad histórico cultural con una personalidad jurídica. No es solamente un libro contra la dictadura; es una propuesta para impedir que, después de la dictadura, vuelva a nacer otra forma de poder contra el ciudadano.
PUEDE ADQUIRIR ESTE LIBRO EN ESTE LINK: De la soberanía popular a la soberanía ciudadana, ensayo, de Faisel Iglesias.