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I: Origen de los títulos nobiliarios

El reciente reconocimiento por parte del Ministerio de Justicia de España, oído el parecer previo del Consejo de la Grandeza Española, del mejor derecho para ostentar varios títulos nobiliarios a favor de una antigua familia criolla, retirando el usufructo de ellos a varios ciudadanos españoles, ha puesto de nuevo con cierto relieve entre nosotros los cubanos, el añejo tema de la aristocracia y sus atributos en el mundo contemporáneo.

El Boletín Oficial del Estado Español (BOE), así lo confirmó inicialmente el 1 de Agosto de 2018, a favor de Doña María Elena de Cárdenas y González (La Habana, 5 de Julio de 1919), como IX Marquesa de Almendares, lo cual desencadenó que, después de varias apelaciones y contrademandas de la parte afectada, ahora el 2 de diciembre de 2020 el Tribunal Superior de Justicia también le reconociera además el mejor derecho para ostentar los títulos de Marquesa de Bellavista y Marquesa de Campo Florido, que hasta ahora estaban en poder de la familia Koplowitz (las dos hermanas millonarias, Alicia y Esther, quienes estuvieron casadas con dos primos conocidos en el mundillo de la jet set española como “Los Albertos”).

El primero de esa familia en la isla fue el Licenciado Bartolomé de Cárdenas Vélez de Guevara, a mediados del siglo XVI, procedente de su natal Baeza, ciudad que fue conquistada por sus antepasados. En la Villa de San Cristóbal de La Habana fue Auditor de Galeras del Rey y Procurador General del Cabildo. Entre las obras que realizaron sus descendientes se encuentra haber impulsado la construcción del primer ferrocarril en Cuba (La Habana-Bejucal, 1837), incluso antes que España, y el segundo en América, sólo después de Estados Unidos. Participaron además en la creación de la Sociedad Económica de Amigos del País, la Real Casa de Beneficencia, el Papel Periódico de La Habana, la Academia de Dibujo y Pintura “San Alejandro”, la Casa de Dementes, el Jardín Botánico, el Museo Anatómico y en su momento también apoyaron la lucha para la abolición de la esclavitud. Con estas obras de beneficio le dieron prestigio y progreso al país y lo enriquecieron, al mismo tiempo que ellos, naturalmente, también prosperaron.

Es algo reciente pero más frecuente cada día, que antiguas familias americanas reclamen títulos nobiliarios que por diversas razones habían ido a parar en poder de algunos inescrupulosos en España. También este fue el caso de un recordado amigo, el erudito mexicano Guillermo Tovar de Teresa (1956-2013), quien documentó abundantemente su mejor derecho para ostentar el título de Conde de Gustarredondo concedido a uno de sus antepasados por el pretendiente Archiduque Carlos de Austria y luego confirmado por Felipe V de España, que había usufructuado indebidamente una familia catalana durante mucho tiempo, el cual finalmente recibió su sobrino Rafael Tovar y López Portillo, al fallecer sorpresivamente Guillermo cuando ya había ganado el pleito.

Distintos percances provocaron que se produjera este fenómeno histórico en el continente: la independencia y las sucesivas revoluciones, así como la pérdida o deterioro de archivos parroquiales o privados, las largas distancias y las precarias comunicaciones, varias legislaciones adversas y frecuentes expulsiones de extranjeros, crearon el terreno propicio para que algunos inescrupulosos del otro lado del océano se aprovecharan y ocuparan fraudulentamente estas dignidades. Pero ahora parece que se irán corrigiendo estas irregularidades, restituyendo a sus más legítimos poseedores los títulos de los que fueron injustamente despojados.

La noción de aristocracia siempre ha estado vinculada con el concepto de monarquía. Durante más de seis mil años, desde Mesopotamia y Egipto, las sociedades se organizaron naturalmente como estados monárquicos, y sus reyes recibieron nombres distintos como faraones, hegemones, pontifex, césares, imperatori, tlatoani, incas, negusi, shah, khan, pishin, kundun, shogunes, káiser, sultanes, califas, emires, basileos, zares y algunos otros, donde muchas veces se fundían las funciones como jefes militares, administradores del Estado, y líderes religiosos. Actualmente existen en el mundo 33 monarquías reinantes (Europa: 14; Asia: 14; África: 3; Oceanía: 2); y además hay otros 22 monarcas que no son Jefes de Estado.

En sus orígenes la monarquía no era hereditaria, sino selectiva por la elección de los mejores guerreros, pero después comenzaron a establecerse linajes y ahí comenzó el proceso de progresiva degeneración de la misma, pues buscando la “pureza de sangre” cometieron frecuentes matrimonios endogámicos, lo cual terminó por producir verdaderos monstruos. Sin embargo, tal parece que en esta idea de la “sangre pura” ya estuviera intuitivamente implícita una noción muy anticipada de la genética. Posiblemente observaron que la cruza de ejemplares animales de primera calidad producía descendientes superiores y quisieron imitarlo. Pero faltaba mucho todavía para que Mendel enunciara sus leyes de la transmisión genética a partir de sus experimentos con guisantes, y mucho más para que Watson, Crick y Wilkins descubrieran la estructura doble helicoidal del ADN. Sin embargo, las sorpresas en este campo científico siguen ocurriendo con implacable, estimulante y rápida sucesión.

La idea monárquica era, en esencia, concentrar toda la autoridad -de origen divino- en una persona que reuniera las mejores cualidades para proteger a la comunidad, lo cual trajo aparejado privilegios y formas externas ritualizadas del poder. Pero aunque tuvo consecuencias nefastas como la que ya reseñé, la “familización” de los reyes también trajo ventajas, pues al conocer con suficiente antelación quién sería el heredero de la autoridad, éste se pudiera educar convenientemente para asumir en el momento adecuado su alta responsabilidad; “la educación de los príncipes” ocupó a valiosos tratadistas, como Aristóteles, Séneca, Saavedra Fajardo, Gracián, Luis de Vives, Erasmo, Maquiavelo y muchos más, en lo que podríamos llamar una primera especialización para el poder: idealmente, los futuros monarcas eran preparados por los mejores educadores y sabios, y luego acumulaban experiencia práctica de gobierno en sus reinados, sin estar sujetos a políticas de partidos ni bajunos intereses transitorios: no sólo gobernaban para procurar el bienestar general de sus súbditos, cumpliendo un mandato divino, sino que como integrantes de una sociedad fuertemente religiosa, al morir debían rendir cuentas puntuales de su proceder ante Dios, lo cual establecía una especial responsabilidad acentuada sobre sus actos, de la que carecen por completo los políticos actuales, quienes suelen jurar fidelidad a una Constitución que muchas veces ignoran y casi siempre desprecian.

Durante más de seis milenios fueron los reyes quienes con mayor o menor concentración del poder y fortuna, mandaron y dispusieron, hasta que en fecha relativamente reciente se inició ese “experimento” (así lo llamaron algunos de sus “padres fundadores”) de la moderna democracia republicana, con la formación de los Estados Unidos de América, primero expresado en su Acta de Independencia (1776), y luego finalmente con su Constitución (1787), que sustituyó a los Artículos de la Confederación (1777): no debe olvidarse que los colonos americanos, al principio, fueron súbditos independizados, y más tarde ciudadanos libres plenos, aplicando el reclamo de: “No taxation without representation”.

Ese nuevo modelo de gobierno también tuvo referentes anteriores, como la Carta Magna Inglesa (1215), y los paréntesis de los 482 años de la República Romana (509 a.C. – 27 a.C.), que en realidad fue una república aristocrática conducida por los patricios y quirites, y los 186 de la República Ateniense (508 a.C. – 322 a.C.): antes y después, en ambas antiguas repúblicas, hubo monarquías. Por tanto, la moderna democracia republicana tiene apenas 244 años, así que quizá ya sea hora de revisarla…

Por otra parte, debemos recordar además que los títulos o dignidades nobiliarias, tienen una historia muy antigua, vinculada siempre con la monarquía como parte de un modelo social estamental:

Carlomagno, llamado “El Abuelo de Europa”, fue el creador de una nueva división social y política, para organizar su propio imperio después de la caída de Roma, por el empuje de los llamados “bárbaros” germánicos, de la cual se nombró heredero, y fue quien otorgó los primeros títulos de nobleza como los conocemos hoy: los príncipes (princeps: primeros o principales), eran los altos funcionarios y familiares más cercanos al monarca que formaban su corte; los duques (o comandantes: duxes) administraban regiones enteras o provincias; los condes (contes), hacían algo similar con las ciudades y, si estas se encontraban en lugares de frontera con vecinos enemigos, se llamaban “marcas” (límites), y de ahí provienen los marquesados. Los barones eran capitanes de guerra, ocasionalmente propietarios de castillos o fortalezas, y constituían el escalón más bajo de la nobleza titulada. También había una nobleza no titulada, que en España formó el estamento de los hidalgos, quienes no “pechaban”, es decir, no pagaban tributos, privilegio obtenido por los servicios ya prestados, pero que los comprometía a servir nuevamente a su rey cuando fuera necesario.

Carlomagno (¿748? – 814), era hijo de Pipino III El Breve, rey de los francos, y de Berta de Laón, La del Pie Grande, y nieto de Carlos Martel (El Martillo), iniciador de la dinastía de los carolingios, vencedor de los musulmanes en la Batalla de Poitiers (732), con lo cual se impidió la conquista del norte europeo, el mismo personaje del Cantar de Roncesvalles y La Chanson de Roland, y contemporáneo de Don Pelayo de Asturias. Martel fue un importante dignatario de los últimos reyes merovingios con el título de Mayordomo del Palacio, que no tiene nada que ver con ese oficio en la actualidad, y hoy sería equivalente a un Primer Ministro, y destronó al último de ellos, Childerico III, para convertirse en gobernante. Pero fue su hijo Pipino quien logró ser el primer “rey por la voluntad de Dios”, contando con la bendición del Papa Esteban II. Así se reconfirmó una vez más la alianza del Poder y la Fe, de la Corona y el Papado, de lo material y lo espiritual, de la Tierra y el Cielo, iniciada por Constantino I El Grande. Era un orden nuevo, el cual contaba además con la aprobación divina, y sustituía al anterior, que sólo expresaba el imperio de la fuerza y del más poderoso.

Puede decirse que la Europa actual nace con Carlomagno y de ahí su grandeza histórica; pero además, ésta era física: dicen sus contemporáneos que medía “siete pies suyos” (unos dos metros actuales), era robusto y “de cuello grueso”. Vivió 72 años, de los cuales reinó durante 47. Su tumba en la Capilla Palatina de Aquisgrán (Aachen – Aix La Chapelle) hoy es Patrimonio de la Humanidad, y el tamaño de su enjoyado sarcófago también indica su gran estatura. Prácticamente todas las casas reales europeas actuales están emparentadas con Carlomagno, y uno de sus descendientes vivos más directos es Felipe VI de España, quien por ser actual cabeza de la Casa de Borbón, pertenece a la Dinastía Capeto de la Estirpe Carolingia: si su remoto antepasado medía dos metros, él mide 1,97; otro descendiente del emperador, por la línea de su madre, la italiana Condesa Carandini di Sarzano, fue el actor Christopher Lee (1922-2015), inolvidable intérprete del Conde Drácula, quien tenía también 1,97 metros de estatura.

En el año 800, Carlomagno alcanzó la culminación de su carrera, al ser coronado en Roma por el Papa León III, como Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, constituyendo así la continuidad con el Antiguo Imperio de los Césares y el Imperio Romano de Oriente.

Carlomagno hoy todavía anda presente en las historias, las leyendas, las memorias y hasta en muchas manos: su efigie es uno de los Reyes de la baraja francesa, junto con otros guerreros como el Rey David, Alejandro Magno y Julio César.

Con Carlomagno, el Feudalismo se había establecido como un nuevo sistema sobre las ruinas del anterior, el Esclavismo; el señor feudal era el usufructuario de su “feudo” (que recibía como legado o concesión del monarca por sus servicios y del cual se reconocía vasallo), y era al mismo tiempo el protector (pero ya no el “dueño”), de sus súbditos -quienes no eran esclavos, sino siervos con los cuales compartía una religión- impartía justicia, y recaudaba impuestos o tributos. Este fue el germen de los estados nacionales que se establecieron después.

En teoría, se trataba de un sistema meritocrático y selectivo, donde la sociedad estaba organizada como una pirámide, en la cual la base era el “pueblo llano”, los llamados “siervos de la gleba”, quienes trabajaban en los campos y las minas, y fueron generando otro estamento de artesanos y comerciantes, agrupados alrededor de los castillos del señor, y este fue el origen de las ciudades medievales, donde se realizaban las ferias, embriones del comercio y del capitalismo, como un sistema superior y más funcional, y con una mayor movilidad social relativa que el anterior.

Considerada erróneamente como una “etapa de oscuridad”, en realidad la Edad Media fue el momento cuando empezaron a manifestarse algunos impulsos libertarios, sobre todo en las ciudades, y muy especialmente entre los gremios de artesanos. El nuevo Derecho Germánico se impuso (o sobrepuso) al antiguo Derecho Romano, pero incorporó grandes avances sociales e individuales de su herencia inmediata: por ejemplo, la inglesa Carta Magna (1215), una combinación medieval del derecho romano y normando, es el origen y referente de varias constituciones políticas actuales.

Esta organización estamental fue el origen de los modernos estados nacionales; es decir, sin el feudalismo y la nobleza aristocrática, no existirían los países actuales ni las democracias, porque todo resultó un proceso histórico gradual. Los estados feudales fijaron fronteras, acordaron los primeros pactos sociales representativos, fundaron las nacionalidades, y establecieron los idiomas vernáculos, separándose del latín, que había sido la lingua franca o de uso general en el Imperio Romano.

El equivalente hispano de Carlomagno fue Alfonso X El Sabio, Rey de Castilla y de León (1221–1284), porque organizó su reino a semejanza del emperador franco-lombardo, y estableció las bases del derecho español en sus famosas Siete Partidas, para elaborar las cuales convocó en su capital de Toledo a los mejores sabios cristianos, judíos y musulmanes, en productiva convivencia. Puede decirse que Alfonso X consolidó y “democratizó” sus reinos, mediante el establecimiento de las Cortes (1188), con la convocatoria de los tres estamentos (clero, nobleza y “tercer estado”, o representantes de las ciudades), y otros aportes específicos como el Honrado Concejo de la Mesta (1273), primer gremio ganadero y agrícola europeo, que estableció las cañadas reales para el pastoreo: por eso hoy, cada año desde 1994, recuperando una antigua tradición medieval (que casi desapareció en 1836), a mediados de octubre en Madrid se puede ver con asombro el desfile de miles de ovejas merinas que atraviesan la ciudad, procedentes de los asturianos Picos de Europa: entran por Casa de Campo, pasan por la Puerta del Sol y llegan hasta la misma Plaza de la Cibeles. Es la llamada “Fiesta de la Trashumancia”, de acuerdo con la Firma de la Concordia de 1418. Así sobrevive actualmente una tradición medieval en una ciudad tan moderna como Madrid.

Alfonso X también pretendió ser sucesor de Carlomagno como titular del Sacro Imperio Romano Germánico, pero no lo logró, aunque su reinado permitió sentar las bases para el posterior Estado Moderno español de los Reyes Católicos, que en las Leyes de Toro (1505), armonizaría y actualizaría las Siete Partidas alfonsinas junto con el Fuero Juzgo visigodo, en un corpus jurídico integral. Para administrar las posesiones de ultramar, regidas inicial y transitoriamente desde 1492 por el sistema feudal de las encomiendas, se dictaron primero las Leyes de Burgos (1512), donde se prohibía la esclavitud de los indios, y luego se actualizaron con las Leyes Nuevas (1542), promulgadas por Carlos V. Siguiendo el ejemplo de Carlomagno, y como parte de su legado, Alfonso también creó y distribuyó títulos de nobleza entre sus vasallos más valiosos.

Actualmente, en el Reino de España existen alrededor de 2,827 títulos nobiliarios vigentes, en posesión de unas 2,200 personas o tenutarios. La gestión y administración de los mismos es un asunto estrictamente privado, con la asesoría de la Diputación Permanente y el Consejo de la Grandeza Española1, ambos bajo la autoridad superior del Ministerio de Justicia del Reino y con la sanción suprema del Monarca. De esos títulos, 418 cuentan con la categoría especial de ser Grandes de España (creados por Carlos V, cuando homologó el austero sistema castellano de su madre con el más ceremonioso borgoñón de su padre), quienes en otras épocas hasta disfrutaban de algunos curiosos privilegios, como los varones, que podían usar sombrero ante el rey, y las mujeres a quienes se les permitía sentarse ante él. Además, era una costumbre que el monarca se dirigiera a ellos como “queridos primos”, aunque no lo fueran sanguíneamente. Este tratamiento incluía a los principales indianos, como los Caciques de la aliada Tlaxcala en México y otras casas reales americanas. Hasta 1984, los “Grandes” podían obtener pasaportes diplomáticos, pero actualmente ser miembro de la nobleza española es algo no sólo honorífico y simbólico, sino además gravoso, pues significa también el pago de impuestos especiales, lo cual no ocurre en otros países europeos, ya sean monarquías (como Inglaterra), o repúblicas (como Italia y Alemania). Los títulos nobiliarios fueron prohibidos en 1931 por la Segunda República Española y restaurados en 1948. En el año 2006 se logró la completa igualdad jurídica de sexos, desechando el antiguo principio donde para heredar el título nobiliario siempre se prefería al hombre sobre la mujer (así lo establecía una de las disposiciones de la Ley Sálica, del Siglo V), aunque ésta fuera la primogénita.

El título nobiliario español más antiguo actualmente vigente, fue al principio el Condado de Medinaceli, otorgado por Enrique II de Castilla en 1368 a Bernardo de Bearne, y luego elevado a Ducado en 1479 por los Reyes Católicos, a favor de Luis de la Cerda y de la Vega. Este linaje desciende del rey Alfonso X El Sabio, y comienza con Alfonso, el mayor de los “Infantes de La Cerda” (hermanos desposeídos de sus legítimos derechos hereditarios, por su tío Sancho IV, quienes eran hijos del tempranamente fallecido primogénito Fernando “de la Cerda”, así llamado por un lunar peludo en su pecho, y que luego pasó a ser apellido), por lo cual viene a ser una estirpe real hispana aún más antigua que la de los mismos Borbones actualmente reinantes, incluida la rama carlista borbónica, por supuesto. Ya como una curiosa y antigua costumbre, desde hace varios siglos, cada vez que asciende un nuevo monarca al trono español, los Duques de Medinaceli presentan simbólicamente su reclamación de mejor derecho a la Corona, la cual, por cierto, en sentido estricto les correspondería, pues descienden directamente de los más antiguos reyes de Castilla y León. El Palacio de Medinaceli en Sevilla se conoce como la Casa de Pilatos, alberga uno de los archivos históricos más importantes de Europa, y se encuentra generosamente abierto a los investigadores.

Los títulos nobiliarios vinculados hispanos, es decir, con la posesión aparejada de señoríos de tierras, propiedades inmuebles “y otras granjerías”, se originaron en los siglos XIII y XIV, y se mantuvieron hasta las primeras leyes para la desvinculación, que comenzaron en 1812 con las Cortes liberales de Cádiz, aunque esto fue un complejo proceso que ocupó la primera mitad del siglo XIX, venciendo sucesivas resistencias y enfrentamientos. Pero desde mucho antes, Carlos III y sus ministros ilustrados, impulsaron un programa liberal para desamortizar los bienes de manos muertas, es decir, en poder de la iglesia y los concejos municipales.

En la América Española, esas Reformas Borbónicas detonaron los primeros brotes separatistas, y en el caso del México independiente, cuando Ignacio Comonfort, Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada dictan las llamadas Leyes de Reforma entre 1855 y 1863 (en la Constitución de 1857 se prohibieron los títulos nobiliarios, que ya estaban desvinculados territorialmente), además de expropiar las propiedades eclesiásticas, también afectaron las tierras comunales o ejidales de los indígenas (que habían sido reconocidas por los Habsburgo y luego, en parte, respetadas relativamente por los Borbones), propiciando inadvertidamente el posterior latifundio porfirista.

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II: Los títulos nobiliarios de España en América

En la América española, fueron tres los principales territorios (no los únicos, por supuesto), donde abundaron más los títulos nobiliarios: los dos grandes Virreinatos de la Nueva España y del Perú (más tarde, también el de la Nueva Granada), por su gran importancia económica y su extensión; y debido a su ubicación estratégica, en la que fue primero Gobernación, y luego además Capitanía General de la Isla de Cuba2, vinculada administrativamente al principio con la Nueva España, y que fue la posesión donde se prolongó por más tiempo la presencia hispana (desde 1492 hasta 1898). Como resultado de todo lo anterior, hasta sus independencias respectivas, en Perú existieron 127 títulos nobiliarios; en México, 103; y en Cuba, 1043. Sólo entre 1708 y 1866, España concedió a criollos cubanos 34 marquesados y 39 condados.

Para señalar sólo un ejemplo, en la Guía de Forasteros de la Siempre Fiel Isla de Cuba para el año 18734, todavía en la época del reinado de Amadeo de Saboya (el denominado “Rey Caballero” que había sustituido a la disoluta Isabel II, a quien Carlos Marx llamó irónicamente “el primer rey huelguista”), y en plena guerra independentista, aparecen relacionados 61 títulos nobiliarios, entre condes y marqueses asentados en el país, desde los Marqueses de Villalta (otorgado según esta fuente por Felipe IV, y en otras por Carlos II  en 1668), hasta el Conde de San Ignacio (pp. 97-100).

Puede sorprender que Cuba, con mucho menos territorio y riqueza que los virreinatos, tuviera tal densidad de títulos de nobleza, pero se explica en parte no sólo por la mayor duración del dominio español en la isla, sino por la creciente importancia económica y estratégica, que sobre todo a partir del siglo XVIII tuvo la isla en su imperio, con las Flotas de Indias que se reunían en La Habana, punto esencial de la primera ruta comercial mundial. Cuando toda la América continental se independizó de la metrópoli entre 1811 y 1825, ella se mantuvo unida a España, por lo cual recibió el nombre de Siempre Fiel Isla de Cuba, y a partir de entonces disfrutó un extraordinario auge y avance hasta el final del dominio hispano, para llegar a convertirse en “La Perla de la Corona”.

Los reyes concedían los títulos de nobleza como premios por servicios prestados, pero previamente debía probarse (de ahí el término probanza), que los agraciados tenían orígenes “limpios”, o ser “cristianos viejos”; es decir, provenir de antiguas familias católicas (los cuatro abuelos o “costados”), desde al menos tres generaciones anteriores, sin “contaminación” con judíos ni musulmanes, ni haber sido condenados por el Santo Oficio, aunque no siempre fuera así, pues algunas veces se falsificaban o alteraban los documentos probatorios y los testimonios.

Los beneficiados que aspiraban a una denominación nobiliaria, debían demostrar además que tenían los recursos necesarios para sostenerse con el necesario decoro, ostentar dignamente su categoría, y honrar con solvencia moral sus títulos; por tanto, además de los orígenes, la conducta y los servicios prestados, la riqueza también era algo importante.

En ocasiones, los reyes “vendían” esos títulos, aunque no resultaba exactamente así, siempre guardando ciertas decorosas formas. Si un súbdito acaudalado, por ejemplo, aportaba recursos propios para adquirir y donar ciertos bienes a la Corona, como buques de guerra, o mantener tropas a su costa,  fundaba algún pueblo o ciudad, o creaba y apoyaba alguna institución de beneficio público (Iglesias, Colegios, Hospicios, Universidades, Asilos, Hospitales, Sociedades de Fomento y otros similares), podía ser agraciado con la concesión de un título, que normalmente eran condados y marquesados (en algún momento se dejó escoger una u otra denominación al elegido, de acuerdo con su preferencia), y más tarde, en tiempos de Carlos II, para aumentar los ingresos por esta vía, las concesiones de estos eran antecedidos por el otorgamiento de un vizcondado. Por supuesto, las categorías más altas, como los ducados y principados, se reservaban para casos muy especiales. Además, en España, y no así en otras monarquías, el otorgamiento de estas dignidades implicaba que se pagaran impuestos especiales conocidos en general como “servicios de supererogación o sobreimpuestos” (Medias annatas y Lanzas), que debían renovarse con cada nueva titularidad al morir el anterior tenutario, lo cual se mantiene actualmente: ser noble, ayer y hoy en España, no es exactamente un privilegio pues cuesta dinero.

Los títulos nobiliarios que se conceden en España y América son llamados “títulos de Castilla”, pues su otorgamiento corresponde al rey y antiguamente también al Consejo de Castilla. La entidad administrativa que competía directamente a las posesiones americanas era el Consejo de Indias, que al principio era parte del Consejo de Castilla, pero luego se separó. También hubo títulos de origen aragonés (asimilados por la corona castellana), y hasta títulos pontificios, otorgados por el Papa, pero estos no eran necesariamente reconocidos en España, aunque se toleraban y permitía su uso. Algunos títulos son vitalicios, es decir, concedidos sólo a una persona, pero no hereditarios a sus descendientes, a semejanza del sistema inglés de la llamada nobleza meritoria. Realmente, los británicos han estado perfeccionando desde hace mucho tiempo su sistema parlamentario de una manera ejemplar y muy interesante: hoy, ya sólo existen dos miembros en la Cámara de los Lores auténticamente hereditarios: el Duque de Norfolk y el Marqués de Cholmondley.

Al morir sin haber tenido hijos Carlos II “El Hechizado”, el último rey de la dinastía de Habsburgo, llegó al trono español un nieto del Rey Sol, Luis XIV de Francia: el joven Felipe, Duque de Anjou, quien comenzó la dinastía de los Borbones actuales con el nombre de Felipe V.

Como su abuelo había modernizado Francia, él quiso hacer lo mismo en España, y emprendió las llamadas “Reformas Borbónicas”, que luego continuó su hijo Carlos III. Fue un proceso largo, complejo y plagado de conflictos, porque el antiguo sistema no quería aceptar el cambio hacia un régimen distinto llamado “Orden Nuevo” en oposición al anterior, “Viejo Régimen”, o “Ancien régime”.

Después, grandes pensadores liberales y reformadores españoles como Pablo de Olavide y Gaspar Melchor de Jovellanos, trataron de impulsar algunas transformaciones necesarias, que afectaban un privilegiado sector social hasta entonces intocable, pero siempre enfrentaron resistencias y ataques. Ministros como José Moñino y Redondo (Conde de Floridablanca), Pedro Rodríguez de Campomanes (Conde de Campomanes), y Pedro Abarca de Bolea y Ximénez de Urrea (Conde de Aranda), aunque todos aristócratas, también fueron espíritus modernos de talante liberal, promotores y ejecutores de esas reformas, pero no fue hasta después de los primeros intentos en las Cortes de Cádiz, cuando Juan Álvarez Mendizábal promulgó el Decreto del 11 de octubre de 1835, donde se establecían las “Leyes de Desamortización”, por las cuales aquellas propiedades (tierras y edificios), que estuvieran improductivas (en “manos ociosas o muertas”), podrían ser expropiadas para provecho de la Real Hacienda.

Mientras ocurría la Revolución Francesa del otro lado de los Pirineos, algunos españoles seguían con atención esos acontecimientos, y procuraron adelantarse a los hechos que preveían. Por ello, ya durante el reinado de Carlos IV, su ministro el célebre favorito Manuel Godoy, Príncipe de la Paz, intentó algunas medidas para fortalecer el poder y las finanzas de la Corona, pero esto no fue posible hasta las Leyes de desamortización de 1798, promulgadas por su sucesor Mariano Luis de Urquijo, aunque la abolición efectiva de los señoríos vinculados se produjo gradualmente, entre 1812 y 1837.

Posteriormente, una de las efímeras medidas del Trienio Liberal (1820-1823), cuando se reinstauró la Constitución Liberal de Cádiz de 1812, fue la Ley del 11 de diciembre de 1820, donde se establecía la desvinculación de los señoríos (mayorazgos y tierras comunales), por la cual serían incautadas a los todavía señores feudales aquellas propiedades anexadas con sus títulos, debido a las antiguas concesiones reales, pero esta disposición no prosperó, por las lógicas oposiciones que desató, y por la reinstauración de Fernando VII como monarca absolutista, quien traicioneramente repudió aquella constitución que primero juró defender, conocida popularmente como “La Pepa”, pues fue aprobada el 19 de Marzo, Día de San José Obrero. De ahí aquel grito liberal de ¡Viva La Pepa!, que hoy se usa indistintamente para festejar o señalar un desorden.

De este modo, no fue hasta la Ley de Desamortización General de 1855, dictada por el ministro Pascual Madoz durante el Bienio Progresista bajo el reinado de Isabel II, cuando se liquidó ese vestigio del feudalismo en España y sus posesiones de ultramar (en eso momento, ya sólo le quedaban Cuba, Puerto Rico y Las Filipinas, principalmente).

En 1766 ya había sido prohibida la esclavitud en la península ibérica, y aunque la abolición general formal fue en 1837, en Cuba sólo fue extinguida por completo hasta 1886, aunque desde 1880 estaba perseguida la trata de esclavos. Todo fue un proceso gradual y lento –iniciado por Felipe V, y que tuvo su mayor auge con Carlos III- pero indetenible, primero impulsado fundamentalmente desde arriba por los aristócratas ilustrados, y luego por los liberales progresistas, y no desde abajo, para estimular el progreso y el desarrollo.

Al obtener su independencia las antiguas naciones españolas del continente, en muchas de ellas se declararon extinguidos y hasta prohibidos los títulos nobiliarios, pero en otras no. Brasil, hasta entonces bajo la corona portuguesa, se convirtió de colonia en Imperio independiente (1822-1889), y los títulos se mantuvieron e incrementaron. México, al lograr su separación, primero fue monarquía por elección y aclamación, con Agustín I de Iturbide, y el Acta de Independencia del Imperio Mexicano fue firmada en 1821 por varios aristócratas titulados novohispanos. Luego, al implantarse la república, estos títulos fueron formalmente abolidos, aunque por cierta cortesía y deferencia se permitió o toleró que algunos pudieran seguir ostentando sus dignidades, como el célebre Conde de la Cortina, José Justo Gómez de la Cortina (1799 – 1860), impulsor y gestor de varias instituciones importantes del país independizado, pero con la caída del Segundo Imperio, el de Maximiliano de Habsburgo, fueron definitivamente prohibidos, y su empleo así como ostentación castigados con diferentes penas, por la Constitución de 1857 y la siguiente Constitución de 1917, lo cual se mantiene hasta hoy.

 

III: Los títulos nobiliarios en Cuba

Al proclamarse en 1902, la República de Cuba tuvo una sabia política de conciliación y convivencia con los españoles. Quizás el gobierno de ocupación norteamericano pudo influir en esta razonable moderación, que sirvió también como una etapa de transición para apaciguar las tensiones entre ambos bandos, hasta poco antes empeñados en una cruenta y feroz guerra.

Contrariamente a otros países del continente en el momento de su independencia, en Cuba no sólo no se desterró a los españoles (en México hubo tres expulsiones de hispanos y de extranjeros en general, sólo en la primera mitad del siglo XIX), sino se estimuló, aunque con ciertas resistencias, que vinieran más inmigrantes europeos a establecerse en ella. Y, a pesar de ser una república, los títulos nobiliarios se mantuvieron, pero sin el reconocimiento oficial. Se podía ser cubano y tener un título, lo cual no ocurría en México, donde ostentar una dignidad nobiliaria era –y aún lo es legalmente- causa de pérdida de la nacionalidad y de la incautación de los bienes.

Así pues, en la Cuba todavía española, primero con las reformas de Mendizábal y finalmente con las de Madoz, los títulos fueron “desvinculados”, es decir, ya no incluían la propiedad de terrenos, como era en su origen feudal. Entonces se podía ser duque, conde o marqués, y no tener un patrimonio personal territorial aparejado con el título. Los bienes privados que poseían los aristócratas criollos eran sólo por ser individuos particulares, como cualquier ciudadano más.

Como se sabe, la población original que habitaba la isla de Cuba a la llegada del conquistador, resultó diezmada casi hasta el exterminio total. Entonces el territorio se repobló gradualmente con españoles deseosos de conseguir fortuna y bienestar, y con la importación de esclavos africanos para sustituir a los indígenas cercanos a la extinción. Aunque cierta historiografía logró imponer por demasiado tiempo la idea de que América fue colonizada sólo por “asesinos, ladrones, reclusos, prófugos”, y “otras gentes de cien mil raleas”, pero todas patibularias, lo cierto es que al Nuevo Mundo también vinieron numerosos miembros de familias aristocráticas hispanas, hidalgos, comerciantes y artesanos, atraídos por las oportunidades que brindaba un continente donde todo estaba por hacer.

Primero llegaron pobladores de las regiones correspondientes a la Corona de Castilla, y luego se fueron agregando de otras zonas españolas, como Aragón, Las Canarias y Las Baleares. Apellidos como los Cárdenas, junto con los Peñalver, Montalvo, Arango, Aldama, Morales, de la Cámara y Herrera, son históricamente de las familias antiguas más importantes en la isla5, por su desempeño en la industria, la política, la administración, la banca, el comercio y la milicia, combatiendo lo mismo contra los piratas que otros enemigos agresores, como holandeses, franceses e ingleses, sosteniendo a su costa tropas y armamento, siempre al servicio del rey. Se ha calculado que son 33 las principales familias cubanas más antiguas que llegan al presente, con sus frecuentes enlaces entre ellas.6

Pero también tuvieron un papel importante en la cultura y la ciencia insulares, como fue el caso, por sólo citar un temprano ejemplo, del fraile José María Peñalver, considerado el primer proto-lexicógrafo en Cuba, y miembro de esa importante familia de la aristocracia criolla, nada menos que sobrino del poderoso Luis María Ignacio de Peñalver y de Cárdenas, Calvo de la Puerta y Sotolongo, Obispo de Nueva Orleans y de Guatemala, hijo del primer Conde de Santa María de Loreto y también sobrino del primer Marqués de Casa Peñalver.

Así como en Europa y otras regiones del mundo, la aristocracia cubana fue un grupo de élite que reunía a los sujetos privilegiados más preparados, capaces y decididos, para emprender grandes propósitos de mejoramiento personal, lo cual se revirtió simultáneamente en el progreso y avance de sus posesiones, y formaron auténticos tejidos de intereses y obligaciones, estableciendo de este modo las primeras redes sociales, las cuales además se vinculaban familiar y consanguíneamente, por compadrazgo o matrimonio, logrando imponer gradualmente sus propósitos en las respectivas demarcaciones, de tal modo que fueron el núcleo básico, a pesar de su españolidad originaria -y quizá por lo mismo-, para cimentar las bases de las nuevas naciones, como el estamento criollo.

Precisamente por eso, en Cuba como en otras partes, es ese sector ilustrado y poderoso el primero y más determinado para avanzar hacia un proyecto de emancipación y soberanía. Las familias que fraguan desde sus comienzos la independencia, proceden de ese grupo social ya con una conciencia propia de su destino: los Agramonte, Agüero, Aldama, Arango, Armenteros, Calvo, Cárdenas, Céspedes, Cisneros, Delmonte, Herrera, Loynaz, Madam, Montalvo, Morales, O’Farrill, Oquendo, Peñalver y Quesada, son de las primeras familias asentadas en la isla, y habían formado con el tiempo, sus posesiones y generaciones sucesivas, una visión de futuro luego cristalizada en una incipiente conciencia nacional. Llevaban en ellos, como dijo un trovador, “luz de terratenientes y de revolución”.

Como escribió el Conde de Jaruco7:

Por su antigüedad en el territorio y por su importancia, pueden considerarse estas familias como las clásicas cubanas. Durante muchas generaciones fueron contribuyendo notablemente en todas las ramas de la actividad humana, al desarrollo y fomento de la Isla; fundaron pueblos y ciudades a su costo, desempeñaron los primeros cargos y gozaron de gran influencia con sus gobernadores. Por los méritos contraídos dentro del territorio cubano, muchas de ellas obtuvieron títulos nobiliarios, algunas con Grandeza de España, y otros con Señoríos, cuyas mercedes representan a través del tiempo el recuerdo de grandes servicios prestados en la Isla de Cuba; por lo cual, sus nombres se encuentran vinculados a la historia de la nación.

Gran parte de aquella prosperidad cubana se debió a la visión, el impulso y la determinación de ese sector, que con sus iniciativas animó la economía insular de forma admirable desde el siglo XVIII, primero como una factoría, un simple apostadero de servicios de aprovisionamiento y refacción para las flotas, pero más tarde con los dos cultivos que le dieron fama universal al país: la caña de azúcar y el tabaco, a los cuales se añadiría el café después de la Revolución de Haití. Fernando Ortiz (1881-1969) estudió de forma ejemplar en su Contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar (1940)8, con su imprescindible prólogo original de Herminio Portell Vilá, el par de columnas fundacionales no sólo de la economía sino de la historia y la sociedad cubana, con dos modos diferentes y complementarios de pensar y entender el país. Esta obra, a pesar de que su autor modestamente la llamó “un juguete”, constituye uno de los momentos culminantes del pensamiento insular, y es referencia inexcusable para quienes pretendan comenzar a entender la constitución física y humana de Cuba. En sus páginas se encuentra, implícitamente, el papel desarrollado por esa aristocracia en la forja de la economía cubana y el progreso nacional.

Cinco años antes de la muerte de Ortiz, Manuel Moreno Fraginals (1920-2001), publicó la primera versión de su clásico El Ingenio. El complejo económico social cubano del azúcar (1964), donde expuso su tesis del “fracaso de la sacarocracia cubana” como clase social, libro sobre el que perceptivamente Javier Figueroa advierte “escrito en clave de tragedia”.9 El régimen cubano –y especialmente Ernesto Che Guevara- acogieron con beneplácito esta obra desde el principio, que junto con sus muchos méritos, reforzaba indirectamente la estrategia oficial de desvirtuar el papel de la burguesía cubana en la formación de la conciencia y la grandeza nacional, y sugería la inevitabilidad de la revolución socialista, pero el mejor argumento para su contraste fue la monumental obra Cuba: Economía y Sociedad10, de Leví Marrero Artiles (1911-1995), quien demostró el carácter fundacional y decisivo de la aristocracia y la ennoblecida burguesía cubana en el auge del país. Ya en el exilio, observo que el sabio Moreno Fraginals reconsideró sustantivamente su posición de 1964, al publicar su última gran obra, Cuba/España: España/ Cuba. Historia común11, escrita ya en condiciones de plena soberanía intelectual, como él mismo reconoció. Creo que esa “sacarocracia” cumplió adecuadamente con su papel en la medida de sus posibilidades históricas concretas, más aún cuando el mismo Moreno reconoce que esta fue “la más sólida y brillante clase burguesa en América Latina”: no era aún, supongo, el momento de cantar “La Internacional” sino, en todo caso y a lo sumo, “La Marsellesa”.

Tal parece que según aquella posición, la consecuencia inmediata debió ser la independencia (incluso antes que la de las Trece Colonias Inglesas), y luego inevitablemente una etapa superior, que a la larga desembocaría en la Revolución Socialista, de acuerdo con el canon del determinismo fatalista del marxismo en su más perfecta ortodoxia, pasando por alto que el reformismo y luego el autonomismo, fueron también opciones tan sensatas como prácticas dentro de las posibilidades de la época, mucho antes que se ensayara el proyecto separatista, al cual se llegó sólo cuando hubo que desechar los programas anteriores. No advierto ningún fracaso ni traición de ese sector, pues ¿por qué y para qué habrían de buscar fundar otra nación si ya formaban parte de una? En realidad, ellos eran más próximos emocional e intelectualmente a los ilustrados españoles (de quienes eran homólogos), que al resto de los criollos: la traición y el fracaso de esa sacarocracia habría sido realizar algo diferente a lo que importaba sustancialmente para sus intereses.

En definitiva, entre algunos historiadores ha existido la inclinación a reescribir la historia como debió ser y no atender la que realmente fue, aplicando visiones teleológicas –en su origen profundamente aristotélicas y más cercanamente kantianas y hegelianas- alejadas de la lógica instrumental y partiendo de una supuesta eticidad, que no aplica en los fenómenos ampliamente sociales, siendo como es la ética una expresión individual y particular, a diferencia de la moral.

Se trataba de fortalecerse como clase, no necesariamente con un objetivo soberanista o emancipatorio, pasando por alto que los intereses nacionales empiezan por ser intereses particulares. Así pues, no percibo ningún fracaso en eso, sino el cumplimiento de una secuencia lógica coherente e históricamente determinada.