I. Introducción
Toda transición histórica obliga a las naciones a responder una pregunta que trasciende el simple reemplazo de un gobierno: ¿sobre qué fundamentos debe reconstruirse el orden político? La respuesta a esa interrogante determina no solo la forma del Estado, sino también la concepción del ser humano, de la libertad, de la justicia y de la legitimidad del poder. Las constituciones, por sí solas, nunca han creado una civilización; únicamente han expresado, con mayor o menor fidelidad, los principios previamente asumidos por una comunidad política.
Cuba se encuentra hoy precisamente ante ese momento histórico. Después de más de seis décadas de un régimen de partido único, la cuestión decisiva ya no consiste únicamente en cómo abandonar el totalitarismo, sino en qué tipo de República deberá surgir después de él. La experiencia del siglo XX demuestra que la simple sustitución de unas instituciones por otras no garantiza la consolidación de una sociedad libre. Las transiciones políticas fracasan cuando no descansan sobre un consenso suficientemente profundo acerca de los valores que deben orientar la convivencia nacional.
En este contexto han surgido diversas propuestas dirigidas a imaginar el futuro constitucional de Cuba. Entre ellas ocupa un lugar relevante el Proyecto Cuba Primero, impulsado por el académico Roberto Veiga, que propone una transición democrática sustentada en el Estado de Derecho, el pluralismo político, una economía abierta con responsabilidad social y la convocatoria de un nuevo proceso constituyente.
El Proyecto Cuba Primero se inscribe, fundamentalmente, dentro del constitucionalismo democrático contemporáneo desarrollado en Europa y América Latina. Su propuesta parte de la soberanía popular, de la representación política y de la necesidad de una Asamblea Constituyente encargada de elaborar una nueva Constitución. En ese sentido, responde al paradigma del contrato político moderno y a la tradición constitucional que sitúa al pueblo, concebido como sujeto colectivo, en el origen de la legitimidad estatal.
Paralelamente, el Pacto Social Posmoderno propone una revisión más profunda de los fundamentos mismos del constitucionalismo. No parte del contrato social formulado por Jean-Jacques Rousseau, sino de la tradición del pacto social de la cristiandad, posteriormente desarrollada, bajo formas seculares y constitucionales, por la tradición angloamericana y por la Revolución Norteamericana. Desde esta perspectiva, la Revolución Digital permite superar progresivamente el paradigma de la soberanía popular y restituir el ejercicio originario de la soberanía al ciudadano.
Aunque ambas propuestas comparten el propósito de construir una Cuba democrática, libre y respetuosa de los derechos humanos, parten de presupuestos filosóficos diferentes acerca del origen del poder político, la naturaleza de la representación y la arquitectura institucional del Estado. Mientras una desarrolla el constitucionalismo representativo heredado de la modernidad europea, la otra sostiene que las nuevas condiciones tecnológicas permiten iniciar una nueva etapa en la evolución constitucional, caracterizada por la soberanía ciudadana como fundamento inmediato del sistema político.
El propósito del presente estudio no consiste en descalificar ninguna de estas propuestas. Por el contrario, pretende analizarlas desde la teoría constitucional, identificar sus coincidencias y diferencias y valorar el alcance doctrinal de cada una dentro del debate contemporáneo sobre la reconstrucción institucional de Cuba.
Solo mediante un examen sereno y rigurosamente académico será posible determinar cuál de estos paradigmas responde con mayor adecuación a las exigencias de la nueva realidad histórica inaugurada por la Revolución Digital.
II. Los fundamentos filosóficos del Proyecto Cuba Primero
Toda teoría constitucional parte de una determinada concepción del ser humano y de la sociedad. Antes de proponer instituciones, debe responder preguntas anteriores: ¿qué es la persona?, ¿de dónde proviene la legitimidad del poder?, ¿cuál es la finalidad del Estado? El Proyecto Cuba Primero responde a estas cuestiones desde la tradición del constitucionalismo democrático europeo contemporáneo, procurando ofrecer una alternativa al modelo totalitario instaurado en Cuba a partir de 1959.
Su punto de partida consiste en afirmar que la futura República debe descansar sobre la dignidad de la persona humana, la protección efectiva de los derechos, el pluralismo político, la economía abierta con responsabilidad social y el sometimiento de todo poder al orden jurídico. En este sentido, la propuesta se inserta dentro de la tradición liberal-democrática desarrollada especialmente después de la Segunda Guerra Mundial y enriquecida por el derecho internacional de los derechos humanos.
Sin embargo, conceptos como dignidad humana, derechos fundamentales, Estado de Derecho e imperio de la ley requieren una definición doctrinal suficientemente precisa. No es lo mismo considerar que los derechos nacen de la naturaleza y dignidad inherentes a la persona que entenderlos únicamente como facultades reconocidas por una Constitución o concedidas por una mayoría política. Tampoco es idéntico concebir el Derecho como un instrumento dirigido a realizar la justicia que reducirlo a la obediencia formal a normas válidamente promulgadas.
El Pacto Social Posmoderno sostiene, en este sentido, que los derechos son inalienables porque pertenecen al ser humano por su propia condición y preceden tanto al Estado como a cualquier asamblea constituyente. El poder político no los crea, sino que debe reconocerlos, garantizarlos y protegerlos. La justicia, por su parte, no constituye una consecuencia accidental de la ley, sino el fin superior al cual debe ordenarse todo el sistema jurídico.
El Proyecto Cuba Primero afirma que la legitimidad política no nace de una ideología, de un partido o de un líder histórico. La autoridad del Estado únicamente resulta legítima cuando deriva de la voluntad libre del pueblo, expresada mediante procedimientos democráticos y limitada permanentemente por el orden jurídico. Ninguna mayoría puede situarse por encima de la dignidad humana, pues los derechos constituyen un límite infranqueable para cualquier poder político.
Desde esta perspectiva, la transición cubana no debe limitarse a sustituir un gobierno por otro. Debe crear un sistema institucional capaz de impedir la reconstrucción de cualquier forma de dominación autoritaria. De ahí la importancia que Cuba Primero concede a la independencia judicial, la separación de poderes, la existencia de una prensa libre, el reconocimiento del pluralismo ideológico y la participación de la sociedad civil en la vida pública.
No obstante, la independencia judicial también exige precisar quién selecciona a los jueces, mediante qué procedimientos se garantiza su imparcialidad y cuál debe ser la relación entre la ley, la jurisprudencia y la conciencia jurídica del juzgador. Un Poder Judicial no se convierte en independiente únicamente porque la Constitución así lo declare; necesita mecanismos institucionales que lo protejan tanto de la subordinación al Ejecutivo como de su posible transformación en un poder político carente de responsabilidad.
Especial relevancia adquiere en Cuba Primero la idea de un proceso constituyente incluyente. La propuesta sostiene que la futura organización política de Cuba no puede imponerse unilateralmente por ningún grupo, sino que debe ser el resultado de un amplio consenso nacional que incorpore a quienes viven dentro y fuera de la Isla, respetando la diversidad política, religiosa, económica y cultural de la nación cubana. La legitimidad del nuevo orden constitucional dependerá, precisamente, de la amplitud de ese consenso y de la transparencia del procedimiento mediante el cual sea alcanzado.
En consecuencia, el Proyecto Cuba Primero no concibe la Constitución únicamente como un texto jurídico. La entiende como un acuerdo político entre diferentes sectores y partidos, destinado a organizar la convivencia democrática y garantizar la alternancia pacífica en el ejercicio del poder. La estabilidad institucional no proviene de la permanencia de determinados gobernantes, sino de la fortaleza de las reglas que limitan su actuación y permiten la sustitución periódica de quienes ejercen funciones públicas.
Esta concepción sitúa a Cuba Primero dentro de la evolución clásica del constitucionalismo europeo y latinoamericano. Comparte principios desarrollados por esa tradición durante los siglos XVIII, XIX y XX: gobierno representativo, elecciones libres, supremacía constitucional, control judicial, protección de los derechos y responsabilidad política de los gobernantes.
Sin embargo, precisamente por apoyarse en esa tradición, el Proyecto Cuba Primero conserva también algunos de sus presupuestos históricos fundamentales. Entre ellos sobresale la idea de que la soberanía continúa ejerciéndose principalmente mediante instituciones representativas y órganos constitucionales creados para actuar en nombre del cuerpo político. El ciudadano conserva el derecho de elegir, controlar y sustituir a sus representantes, pero el ejercicio ordinario del poder permanece residenciado en las instituciones del Estado.
Es justamente en este aspecto donde aparece la principal diferencia doctrinal con el Pacto Social Posmoderno. Mientras Cuba Primero procura restaurar y perfeccionar el constitucionalismo representativo heredado de la modernidad, la teoría de la soberanía ciudadana sostiene que las condiciones tecnológicas de la Revolución Digital permiten replantear la localización misma del ejercicio de la soberanía, trasladándolo progresivamente desde las instituciones hacia el ciudadano como sujeto permanente del poder político y constituyente.
III. La soberanía popular y la soberanía ciudadana: dos concepciones del sujeto político
Toda teoría constitucional termina descansando sobre una pregunta fundamental: ¿quién es verdaderamente el soberano? Aunque esta cuestión ha acompañado al pensamiento político desde la Antigüedad, el constitucionalismo moderno ofreció una respuesta que durante más de dos siglos pareció definitiva: la soberanía pertenece al pueblo. Sobre esa premisa se edificaron la mayoría de las constituciones contemporáneas y se organizó el funcionamiento del Estado representativo.
El Proyecto Cuba Primero se inscribe dentro de esa tradición. Su propuesta parte del reconocimiento de que el pueblo constituye el titular originario de la soberanía y que esta se expresa mediante elecciones libres, instituciones representativas y un proceso constituyente democrático. La legitimidad política deriva del consentimiento popular y encuentra su expresión jurídica en una Constitución elaborada por representantes y aprobada, directa o indirectamente, por la ciudadanía.
Desde esta perspectiva, la democracia representativa no constituye necesariamente una negación de la soberanía, sino el instrumento históricamente utilizado para hacer posible su ejercicio dentro de sociedades extensas y complejas. La fortaleza de esta concepción reside en haber contribuido a superar las formas absolutistas del poder. Al desplazar la soberanía desde el monarca hacia el pueblo, el constitucionalismo moderno hizo posible la afirmación de la igualdad política, la responsabilidad de los gobernantes y la limitación jurídica del Estado.
Durante más de dos siglos, este paradigma representó uno de los mayores avances de la civilización occidental. Sin embargo, el Pacto Social Posmoderno sostiene que esa respuesta histórica estuvo condicionada por las limitaciones materiales de su tiempo.
En los siglos XVIII y XIX resultaba imposible que millones de ciudadanos participaran de manera continua en la formación de la voluntad política. Las enormes distancias geográficas, la lentitud de las comunicaciones, el analfabetismo generalizado y la inexistencia de tecnologías de información obligaban a delegar el ejercicio cotidiano del poder en representantes e instituciones permanentes. La representación no fue únicamente una opción doctrinal; constituyó también una necesidad material y tecnológica.
La Revolución Digital modifica profundamente esas condiciones. La comunicación instantánea, la expansión de las tecnologías de la información, la inteligencia artificial y los mecanismos de identificación electrónica hacen imaginable una participación ciudadana mucho más amplia en la formación de las decisiones públicas. El fundamento histórico que justificó la concentración casi permanente del ejercicio de la soberanía en los órganos representativos pierde, al menos parcialmente, la fuerza que tuvo durante la modernidad.
Sobre esta transformación descansa la tesis de la soberanía ciudadana. Según esta concepción, el verdadero sujeto originario del poder no es únicamente una entidad colectiva abstracta denominada pueblo, sino cada ciudadano concreto, titular de una dignidad inviolable y de derechos inalienables. La comunidad política surge de la asociación libre de esos ciudadanos, y no el ciudadano como una simple creación posterior del Estado.
En consecuencia, la soberanía no debe permanecer residenciada de manera prácticamente permanente en las instituciones estatales, sino regresar progresivamente a quienes constituyen su fuente originaria.
La diferencia entre ambas doctrinas no consiste únicamente en una cuestión terminológica. Mientras la soberanía popular identifica al pueblo como sujeto colectivo del poder político, la soberanía ciudadana identifica al ciudadano individual como residencia originaria de ese poder. La primera privilegia la voluntad general expresada mediante instituciones representativas; la segunda pretende fortalecer el protagonismo permanente de cada ciudadano sin eliminar la representación, pero redefiniendo su naturaleza y sus límites.
Desde esta perspectiva, las instituciones representativas dejan de ser depositarias de la soberanía para convertirse en órganos de administración de competencias expresamente delegadas por los ciudadanos. La legitimidad continúa naciendo del consentimiento democrático, pero este deja de manifestarse únicamente mediante elecciones periódicas y puede proyectarse, a través de mecanismos constitucionales adecuados, sobre las decisiones fundamentales de la vida pública.
La tesis de la soberanía ciudadana encuentra uno de sus fundamentos antropológicos en la gran metáfora de la cristiandad según la cual el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. De esa concepción surge la afirmación de una dignidad humana anterior al Estado, que ninguna autoridad puede conceder ni legítimamente suprimir. El ser humano no es soberano porque el poder político así lo declare; es titular originario de libertad y responsabilidad porque su valor no procede de la comunidad política, sino que la precede.
Esta divergencia posee importantes consecuencias para toda la arquitectura constitucional. Si la soberanía reside originariamente en el ciudadano, entonces el poder constituyente también debe entenderse como una facultad ciudadana permanente y no exclusivamente como un acontecimiento extraordinario convocado en momentos excepcionales de la historia.
Por ello, el Pacto Social Posmoderno ha convocado a los ciudadanos cubanos a adherirse mediante medios digitales a un acuerdo político y jurídico fundacional. Esta iniciativa parte de la premisa de que un pacto libremente aceptado constituye ley entre quienes lo suscriben y de que la manifestación electrónica del consentimiento puede poseer validez jurídica, siempre que se encuentre acompañada por mecanismos confiables de identificación, autenticación, transparencia y verificación.
La firma del Pacto pretende erigir al ciudadano en soberano, reconocer como inviolables sus derechos inalienables, declarar la justicia como fin del Derecho y organizar un gobierno republicano fundado en la separación, división e independencia de los poderes públicos. Se trataría, desde esta concepción, del acto político y jurídico mediante el cual pudiera realizarse el ideal martiano de que la ley primera de la República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre.
Ese ideal no debe entenderse como una frase ceremonial. Expresa la continuidad doctrinal que enlaza el pensamiento de Félix Varela, Ignacio Agramonte y José Martí con los valores antropológicos más elevados de la cristiandad y con la tradición constitucional que concibe al poder como una facultad fiduciaria, limitada y delegada.
Las instituciones públicas dejan así de concebirse como centros naturales del poder para convertirse en instrumentos jurídicos al servicio de una ciudadanía que conserva continuamente la titularidad originaria de la soberanía.
En este punto aparece la diferencia doctrinal más profunda entre ambas propuestas. Cuba Primero procura restaurar y perfeccionar el constitucionalismo representativo que inspiró, con sus particularidades históricas, las constituciones cubanas de 1901 y 1940. El Pacto Social Posmoderno sostiene, en cambio, que la Revolución Digital permite iniciar una nueva etapa del constitucionalismo, caracterizada por el retorno progresivo del ejercicio de la soberanía al ciudadano como fundamento permanente del orden político.
IV. La Asamblea Constituyente y la Constituyente Ciudadana: dos modelos de fundación constitucional
Toda comunidad política necesita un momento fundacional en el que determine las reglas que habrán de regir su convivencia. Desde finales del siglo XVIII, ese momento ha recibido el nombre de poder constituyente. Sin embargo, aunque la expresión ha permanecido prácticamente inalterada durante más de doscientos años, su significado puede evolucionar conforme se transforman las condiciones materiales de la vida política.
El Proyecto Cuba Primero propone que la reconstrucción democrática de Cuba culmine mediante una Asamblea Constituyente elegida libremente por la ciudadanía. Dicha Asamblea tendría la responsabilidad de elaborar una nueva Constitución que posteriormente sería sometida a la aprobación popular. Esta fórmula responde al modelo clásico del constitucionalismo democrático europeo y latinoamericano y reproduce el procedimiento seguido por numerosas transiciones políticas durante los siglos XIX y XX.
La Asamblea Constituyente concentra temporalmente el poder originario de la nación para redactar el nuevo contrato constitucional. Terminada esa tarea, desaparece, y las instituciones creadas por la Constitución asumen el ejercicio ordinario del poder político. Se trata de un acto extraordinario cuya legitimidad proviene de la representación democrática conferida por los electores.
El Pacto Social Posmoderno comparte la necesidad de un acto fundacional, pero discrepa respecto de su naturaleza jurídica. Sostiene que el verdadero poder constituyente no puede agotarse en la elección de una Asamblea, porque la titularidad originaria de la soberanía permanece siempre en el ciudadano. Ningún órgano representativo, por ampliamente legitimado que se encuentre, puede sustituir completamente esa condición originaria.
Por ello, la propuesta distingue entre el acto constituyente y el proceso constituyente. El primero corresponde a la decisión soberana mediante la cual los ciudadanos instituyen un nuevo orden político. El segundo comprende el conjunto de procedimientos, deliberaciones e instituciones destinados a desarrollar y preservar esa decisión fundacional a lo largo del tiempo.
Esta distinción permite comprender una de las innovaciones centrales del Pacto Social Posmoderno: la Constituyente Ciudadana.
No se trata simplemente de convocar una Asamblea diferente ni de modificar el procedimiento tradicional de redacción constitucional. Se trata de reconocer que el ciudadano conserva permanentemente la condición de sujeto constituyente y que las instituciones políticas ejercen únicamente competencias delegadas por él.
Desde esta perspectiva, la función de una eventual Asamblea no desaparece. Continúa siendo necesaria para ordenar técnicamente el texto normativo, armonizar sus disposiciones, recibir conocimientos especializados y dotar al nuevo sistema de coherencia jurídica. Sin embargo, deja de concebirse como depositaria exclusiva del poder constituyente y pasa a desempeñar una función instrumental al servicio de una ciudadanía que conserva el control sobre las decisiones esenciales del proceso.
La Revolución Digital confiere una viabilidad antes inexistente a esta concepción. Las tecnologías contemporáneas permiten imaginar mecanismos seguros de consulta, deliberación y ratificación ciudadanas que hace apenas unas décadas habrían resultado técnicamente imposibles. La participación directa deja de ser una aspiración puramente teórica para convertirse en una posibilidad institucional susceptible de incorporarse al diseño constitucional, siempre que se establezcan garantías jurídicas y tecnológicas contra el fraude, la manipulación, la exclusión digital, la vigilancia y la concentración privada del poder informático.
De este modo, la Constituyente Ciudadana no pretende sustituir la democracia representativa por una democracia plebiscitaria permanente. Tampoco busca eliminar los órganos especializados del Estado ni someter cada decisión administrativa a una consulta general. Su propósito consiste en redefinir la relación entre representantes y representados, preservando la representación allí donde resulte indispensable, pero evitando que esta produzca un desplazamiento permanente del ejercicio de la soberanía desde el ciudadano hacia las instituciones.
La diferencia entre ambos modelos refleja, en definitiva, dos maneras distintas de comprender la evolución del constitucionalismo. Cuba Primero considera que la prioridad consiste en restaurar el funcionamiento pleno del Estado democrático de Derecho. El Pacto Social Posmoderno sostiene que esa restauración constituye apenas el punto de partida y que las nuevas condiciones históricas permiten avanzar hacia una etapa superior, en la cual el ciudadano deje de ser únicamente elector para convertirse también en protagonista permanente de la vida constitucional.
Esta diferencia no debe interpretarse como una oposición absoluta. Ambas propuestas reconocen la necesidad de una transición pacífica, el respeto a los derechos humanos, la división de poderes y la legitimidad democrática. La verdadera divergencia reside en el grado de protagonismo que cada una atribuye al ciudadano dentro del funcionamiento cotidiano del sistema constitucional.
Mientras Cuba Primero perfecciona el paradigma representativo heredado de la modernidad, el Pacto Social Posmoderno propone complementarlo mediante un proceso de restitución gradual del ejercicio de la soberanía al ciudadano, aprovechando las posibilidades abiertas por la Revolución Digital.
V. La arquitectura del Estado: del constitucionalismo moderno al Sistema Constitucional de tres fases
Las diferencias entre el Proyecto Cuba Primero y el Pacto Social Posmoderno no se limitan a la localización de la soberanía o a la concepción del poder constituyente. Ambas propuestas ofrecen, en realidad, dos maneras distintas de comprender la arquitectura misma del Estado y la forma en que una nación debe organizar su vida política después de una ruptura histórica tan profunda como la experimentada por Cuba.
El Proyecto Cuba Primero responde al modelo clásico del constitucionalismo democrático. Su finalidad consiste en restablecer un Estado de Derecho mediante una nueva Constitución que organice los poderes públicos, garantice los derechos y asegure la alternancia democrática. La Constitución aparece así como el acto jurídico fundacional del nuevo orden político y como el instrumento normativo supremo del sistema institucional.
Esta concepción posee una sólida tradición histórica. Desde las revoluciones norteamericana y francesa, aunque con fundamentos doctrinales diferentes, la Constitución escrita ha representado uno de los principales momentos fundacionales del Estado moderno. En ella se concentran los principios políticos esenciales, la organización de los poderes públicos y el catálogo de derechos que limita la actuación de las autoridades.
Durante más de dos siglos, este modelo ha demostrado una notable capacidad para garantizar estabilidad institucional y resolver pacíficamente los conflictos políticos. Sin embargo, su funcionamiento ha dependido siempre de una cultura constitucional previa: hábitos de respeto a la ley, límites morales del poder, responsabilidad ciudadana, confianza pública y aceptación de unas reglas comunes de convivencia.
El Pacto Social Posmoderno parte precisamente de esta observación. Considera que la experiencia constitucional contemporánea revela una progresiva tendencia a identificar la vida política con el texto constitucional, relegando a un segundo plano los fundamentos civilizatorios que hacen posible la existencia de la comunidad política. Las constituciones organizan instituciones, pero no crean por sí solas una cultura política compartida. Cuando esa cultura desaparece o se fragmenta profundamente, el texto constitucional pierde gran parte de su capacidad integradora.
La experiencia cubana constituye un ejemplo particularmente significativo. A lo largo de su historia republicana, Cuba ha conocido diversas constituciones formalmente válidas que, sin embargo, no lograron impedir la crisis institucional, el personalismo político, la corrupción, los golpes de Estado ni, finalmente, la instauración de un régimen totalitario. Ello sugiere que la estabilidad de una nación depende de factores más profundos que la mera existencia de una Constitución técnicamente bien redactada.
La República requiere un consenso previo acerca de los valores civilizatorios que deben orientar la convivencia nacional, la naturaleza de la persona, los límites de la autoridad y la finalidad de las instituciones públicas.
Por esta razón, el Pacto Social Posmoderno propone sustituir la idea de una Constitución concebida como fundamento único del orden político por la noción más amplia de un Sistema Constitucional integrado por tres momentos complementarios y jerárquicamente relacionados: el Proyecto de País, el Pacto Social y el acto constituyente.
1. El Proyecto de País
La primera fase corresponde al Proyecto de País. No constituye un texto jurídico en sentido estricto, sino una declaración de principios civilizatorios destinada a expresar la identidad histórica de la nación, la concepción de la persona humana, el fundamento de la libertad, el sentido de la justicia y los fines permanentes de la República.
Su inspiración proviene de la tradición cubana representada por Félix Varela, Ignacio Agramonte, José Martí y Fernando Ortiz, así como de los valores universales de la civilización occidental, de la tradición cristiana y del constitucionalismo angloamericano expresado de manera singular por los Padres Fundadores de los Estados Unidos.
La función del Proyecto de País consiste en ofrecer el horizonte ético, cultural y político sobre el cual debe descansar todo el edificio institucional. Antes de decidir cuántas cámaras tendrá el Poder Legislativo, cómo será elegido el presidente o qué competencias corresponderán a los municipios, la nación debe determinar qué concepción del ser humano desea proteger, qué fines debe perseguir el Derecho y para qué existe el Estado.
El Proyecto de País no organiza todavía las instituciones; establece el sentido civilizatorio al cual deberán servir.
2. El Pacto Social Posmoderno
La segunda fase está constituida por el Pacto Social Posmoderno. A diferencia del Proyecto de País, el Pacto posee naturaleza política y jurídica. Representa el acuerdo mediante el cual los ciudadanos deciden libremente organizar su convivencia conforme a los principios previamente asumidos.
Es en esta fase donde se reconoce expresamente la soberanía ciudadana, la inviolabilidad de los derechos inalienables, la justicia como fin supremo del Derecho, la separación e independencia de los poderes públicos y el carácter estrictamente delegado del ejercicio de la autoridad política.
El Pacto no debe confundirse con una negociación entre élites, partidos o grupos de poder. Su sujeto no son únicamente las organizaciones políticas, sino los ciudadanos concretos. Las instituciones y los partidos pueden participar en la deliberación, pero no sustituir la voluntad originaria de quienes integran la comunidad política.
Desde esta perspectiva, el Pacto Social constituye el puente entre los valores civilizatorios del Proyecto de País y las instituciones que posteriormente serán creadas por el acto constituyente.
3. El acto constituyente
La tercera fase corresponde al acto constituyente, mediante el cual se crean las instituciones concretas encargadas de hacer operativos los principios contenidos en el Proyecto de País y en el Pacto Social.
La Constitución deja entonces de ser el origen absoluto del sistema político para convertirse en el instrumento jurídico destinado a organizar instituciones previamente subordinadas a un consenso civilizatorio y a un pacto político ya existentes. Su importancia no disminuye, pero cambia su localización dentro del orden fundacional.
La Constitución no crea al soberano. Tampoco concede los derechos inalienables ni determina arbitrariamente la finalidad del Derecho. Su función consiste en organizar los poderes delegados, establecer sus límites, definir los mecanismos de control y garantizar institucionalmente los principios previamente reconocidos por la ciudadanía.
Esta inversión metodológica constituye probablemente la innovación más profunda del Pacto Social Posmoderno. Mientras el constitucionalismo moderno suele comenzar por la Constitución para estructurar, a partir de ella, el resto del orden político, el Sistema Constitucional de tres fases sostiene que ninguna Constitución puede adquirir legitimidad duradera si antes no existe un acuerdo suficientemente sólido acerca de la civilización que la nación desea preservar y construir.
La diferencia no es meramente formal. Implica una comprensión distinta del origen mismo de la legitimidad política. En el modelo clásico, la Constitución ocupa el centro del sistema jurídico y político. En el Sistema Constitucional de tres fases, la Constitución conserva un lugar esencial, pero no constituye el fundamento último. Ese fundamento reside en los valores civilizatorios del Proyecto de País y en el Pacto Social libremente asumido por la ciudadanía.
Desde esta perspectiva, la transición cubana deja de concebirse únicamente como un proceso de sustitución institucional y pasa a entenderse como una verdadera reconstrucción civilizatoria. El objetivo ya no consiste solamente en restablecer la democracia representativa, sino en reconstruir las bases culturales, éticas y jurídicas que hagan posible su permanencia durante las generaciones futuras.
La estabilidad de la República dependerá no solo de la perfección técnica de sus instituciones, sino de la solidez del consenso civilizatorio que las sustente.
En este punto aparece nuevamente la diferencia esencial entre ambas propuestas. Cuba Primero aspira a restaurar el Estado constitucional democrático dentro de la tradición contemporánea europea y latinoamericana. El Pacto Social Posmoderno pretende desarrollar la tradición del pacto y del constitucionalismo norteamericano mediante una arquitectura que distinga claramente entre civilización, acuerdo político e instituciones, evitando que la República vuelva a depender exclusivamente de la fortaleza o debilidad de un texto constitucional.
VI. Dos tradiciones constitucionales modernas
La comparación entre Cuba Primero y el Pacto Social Posmoderno exige evitar una identificación indiscriminada entre las dos grandes tradiciones constitucionales surgidas en la modernidad. La Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa contribuyeron al desarrollo del constitucionalismo, pero no partieron exactamente de la misma concepción del poder, de la sociedad ni de la soberanía.
La tradición norteamericana se formó sobre la experiencia histórica del Common Law, el gobierno local, las cartas coloniales, los pactos comunitarios, la libertad religiosa y una comprensión fiduciaria del poder. La expresión “We the People” no designaba simplemente una abstracción colectiva, sino una comunidad política integrada por personas que se reconocían anteriores al gobierno y capaces de delegar competencias limitadas a instituciones creadas por ellas.
La Constitución estadounidense no pretendió crear todos los derechos ni fundar desde cero la sociedad. Presuponía una tradición jurídica y moral previa, reconocía poderes enumerados y organizaba un gobierno limitado. La autoridad pública aparecía como una facultad delegada y sometida a controles, no como una manifestación ilimitada de la voluntad general.
La tradición francesa, en cambio, recibió una influencia más directa del racionalismo ilustrado y de la doctrina de la soberanía popular. La nación o el pueblo fueron concebidos como sujetos colectivos de una voluntad general capaz de reorganizar jurídicamente la sociedad. La ley adquirió una centralidad extraordinaria como expresión de esa voluntad, y la representación política se convirtió en el mecanismo mediante el cual el sujeto colectivo ejercía su soberanía.
Ambas tradiciones contribuyeron decisivamente a la libertad moderna, pero contienen tendencias diferentes. La tradición angloamericana tiende a partir de la persona, de las comunidades prepolíticas, de los derechos anteriores al Estado y de la delegación limitada del poder. La tradición continental europea tiende a partir del pueblo o de la nación como sujetos colectivos y de la Constitución como acto creador del nuevo orden jurídico.
El Pacto Social Posmoderno encuentra su fundamento principal en la primera tradición. No pretende reproducir mecánicamente el sistema constitucional estadounidense ni trasladarlo sin adaptación a la realidad cubana. Procura recuperar su principio originario: el ciudadano precede al Estado, los derechos preceden a la Constitución y el poder público solo puede ejercer competencias delegadas.
Esta orientación coincide, además, con una corriente profunda del pensamiento cubano. Ignacio Agramonte rechazó explícitamente la concepción rousseauniana que absorbía al individuo dentro de la voluntad colectiva. José Martí, por su parte, concibió la República como un orden moral dirigido al cultivo de la dignidad plena del hombre. Félix Varela había colocado anteriormente la conciencia, la libertad y la responsabilidad individual en el centro de la formación cívica cubana.
Por tanto, el Pacto Social Posmoderno no debe presentarse como una ruptura con la tradición nacional, sino como un intento de actualizar sus fundamentos ante las condiciones de la Revolución Digital.
VII. Conclusión
El análisis comparado permite afirmar que el Proyecto Cuba Primero y el Pacto Social Posmoderno no constituyen propuestas incompatibles en cuanto a sus fines esenciales. Ambas aspiran a la restauración de la libertad, el Estado de Derecho, la democracia, el pluralismo político y el respeto a la dignidad de la persona humana. Ambas reconocen la necesidad de una transición pacífica, de la protección de los derechos y de la construcción de instituciones legítimas capaces de sustituir el modelo totalitario que ha predominado en Cuba durante más de seis décadas.
La diferencia decisiva no reside, por tanto, en los objetivos perseguidos, sino en la profundidad de la transformación que cada propuesta considera necesaria.
El Proyecto Cuba Primero representa una formulación coherente del constitucionalismo democrático contemporáneo europeo y latinoamericano. Su fortaleza consiste en ofrecer una vía jurídicamente reconocible para reconstruir las instituciones republicanas mediante un proceso constituyente democrático, apoyándose en principios que han demostrado su eficacia en numerosas democracias constitucionales.
En ese sentido, constituye una propuesta seria y valiosa para una transición política. Su insuficiencia no deriva de una falta de compromiso democrático, sino de permanecer dentro de categorías elaboradas fundamentalmente entre los siglos XVIII y XX. La representación continúa siendo el eje del sistema; la Constitución permanece como el acto fundacional por excelencia; y la participación ciudadana sigue articulándose principalmente mediante elecciones, partidos e instituciones representativas.
Estas características no constituyen defectos en sí mismas. Han permitido el desarrollo de sociedades libres y continúan siendo necesarias. Sin embargo, responden a un modelo concebido bajo condiciones históricas y tecnológicas muy diferentes de las actuales. Las dificultades que experimentan diversas democracias europeas y latinoamericanas para responder a la crisis de representación, la concentración del poder, la desinformación, la burocratización y el dominio de las grandes estructuras económicas y tecnológicas muestran la necesidad de revisar algunos de sus fundamentos operativos.
El Pacto Social Posmoderno parte de una premisa distinta. Sostiene que la Revolución Digital ha modificado las condiciones materiales sobre las que se edificó el constitucionalismo moderno y que, por ello, la reconstrucción de Cuba no debería limitarse a restaurar las instituciones de la modernidad, sino aprovechar la oportunidad histórica para iniciar una nueva etapa del desarrollo constitucional.
Desde esta perspectiva, la soberanía ciudadana, la Constituyente Ciudadana y el Sistema Constitucional de tres fases no pretenden destruir los logros del constitucionalismo clásico. Procuran ampliarlos, desarrollarlos y adaptarlos a las posibilidades de una sociedad profundamente transformada por las nuevas tecnologías.
Esta diferencia adquiere una importancia especial en el caso cubano. El problema de Cuba no ha sido únicamente la existencia de un régimen autoritario. Ha consistido también en la ruptura de su continuidad civilizatoria, la destrucción progresiva de la sociedad civil, el debilitamiento de la responsabilidad individual y la pérdida de la cultura republicana que había comenzado a formarse desde Varela, Agramonte, Martí y Ortiz.
Una transición que se limite a sustituir instituciones corre el riesgo de reconstruir únicamente la estructura formal del Estado sin restablecer plenamente las bases culturales, antropológicas y políticas sobre las cuales esas instituciones deben descansar.
En tales circunstancias, el Proyecto de País, el Pacto Social y la Constituyente Ciudadana ofrecen una secuencia lógica que intenta responder no solo al problema del gobierno, sino al de la reconstrucción integral de la nación. El primero procura recuperar el consenso civilizatorio; el segundo transforma ese consenso en un compromiso jurídico y político libremente asumido; y el tercero organiza las instituciones destinadas a servir al proyecto común.
Esta arquitectura reconoce que la estabilidad de una República depende no solo de la perfección técnica de una Constitución, sino de la fortaleza de los principios compartidos que la sostienen.
Por ello, si el objetivo consistiera únicamente en restablecer una democracia constitucional semejante a las existentes en otras naciones occidentales, el Proyecto Cuba Primero constituiría una respuesta consistente. Pero si el desafío consiste en reconstruir una nación profundamente fracturada por décadas de totalitarismo y, al mismo tiempo, preparar sus instituciones para las exigencias de la Era Digital, el Pacto Social Posmoderno ofrece un horizonte doctrinal más amplio.
No se limita a restaurar el constitucionalismo moderno; propone su evolución.
La comparación realizada conduce, por tanto, a una conclusión que no pretende descalificar ninguna de las dos propuestas. Cuba Primero representa una contribución valiosa para la transición democrática y puede desempeñar un papel importante en la recuperación institucional del país. Sin embargo, el Pacto Social Posmoderno incorpora un nivel adicional de elaboración teórica al situar la reconstrucción de la República dentro de un proceso de renovación civilizatoria y constitucional acorde con las transformaciones tecnológicas, culturales y políticas del siglo XXI.
Si la transición cubana aspirara únicamente a recuperar las instituciones del pasado republicano, el modelo representado por Cuba Primero ofrecería una respuesta sólida. Si, en cambio, pretende fundar una República capaz de responder a los desafíos de una nueva época histórica sin renunciar a la tradición republicana cubana, el Pacto Social Posmoderno aparece como la alternativa de mayor alcance doctrinal y con un potencial más amplio para orientar la construcción institucional del futuro.
El dilema de Cuba no consiste únicamente en escoger entre dictadura y democracia. Consiste en decidir si la futura República habrá de reproducir, con las correcciones necesarias, las estructuras constitucionales concebidas para una época anterior o si será capaz de recuperar sus fundamentos civilizatorios para situar al ciudadano, nuevamente, en el lugar originario del poder.
El Proyecto Cuba Primero propone reconstruir el Estado democrático. El Pacto Social Posmoderno propone, además, reconstruir al ciudadano como soberano y a la República como expresión jurídica de su dignidad, su libertad y su responsabilidad.
En esa diferencia reside la razón por la cual el Pacto Social Posmoderno puede constituir una respuesta más profunda a la crisis histórica de Cuba y una propuesta de mayor alcance para la República que habrá de nacer.