Hay momentos en la historia del pensamiento en que una idea deja de ser una intuición dispersa para convertirse en una exigencia ineludible. No se trata ya de una hipótesis, ni de una posibilidad entre otras, sino de una necesidad que emerge de la propia experiencia histórica. Tal es el punto al que ha llegado, en nuestro tiempo, la cuestión de la soberanía.
Durante siglos, la humanidad ha buscado al soberano fuera del individuo. Lo encontró primero en el monarca, luego en el Estado, más tarde en la nación, después en el pueblo, y en no pocas ocasiones en estructuras que, invocando a todos, terminaron por sustituir a cada uno215. En ese largo desplazamiento, el lenguaje político se refinó, las instituciones se perfeccionaron y las formas del poder se hicieron más complejas; pero el problema esencial —la relación entre el hombre y el poder— no quedó definitivamente resuelto.
La modernidad representó, sin duda, un avance decisivo. Al afirmar la igualdad jurídica, al reconocer derechos y al cuestionar el absolutismo, abrió un espacio en el que el individuo pudo comenzar a emerger como sujeto político. Pero ese avance quedó incompleto. Porque al desplazar la soberanía hacia entidades colectivas —la nación, el pueblo, la voluntad general—, no eliminó la posibilidad de su apropiación, sino que la transformó. El poder dejó de concentrarse en una persona para concentrarse en una abstracción, y esa abstracción, al requerir ser interpretada, volvió a situar al ciudadano a distancia de su propio fundamento.
La historia contemporánea ha mostrado con claridad los límites de ese modelo. Allí donde la soberanía se separa del individuo, el poder tiende a emanciparse de sus límites. Allí donde el poder se emancipa, el ciudadano deja de ser origen para convertirse en medio. Y allí donde el ciudadano se convierte en medio, la política pierde su legitimidad más profunda, aun cuando conserve formas jurídicas aparentemente correctas.
Este libro ha recorrido ese itinerario no como una simple reconstrucción histórica, sino como una búsqueda de su punto de inflexión. Y ese punto se encuentra allí donde la pregunta por el soberano deja de formularse en términos abstractos y se replantea desde la realidad concreta del ser humano.
La conclusión a la que conduce ese recorrido es, en su formulación, sencilla, pero en sus implicaciones, radical:
la soberanía no reside en el pueblo como entidad abstracta, ni en la nación como continuidad histórica, ni en el Estado como estructura jurídica, sino en el ciudadano como sujeto moral y político irreductible.
Esta afirmación no constituye una consigna ni una metáfora. Es una tesis que exige ser pensada en todas sus consecuencias.
Si la soberanía reside en el ciudadano, no puede ser transferida sin que este deje de ser sujeto. Si no puede ser transferida, el pacto social no puede consistir en su cesión. Y si no hay cesión, el fundamento del orden político debe ser replanteado como reconocimiento y no como enajenación.
De ahí emerge la necesidad de un nuevo paradigma: el pacto social posmoderno. No como ruptura con la modernidad, sino como su superación crítica. No como negación del derecho ni de la institucionalidad, sino como reordenación de sus fundamentos.
En este nuevo horizonte, el Estado deja de ser titular de la soberanía para convertirse en su instrumento. La ley deja de ser la expresión de una voluntad abstracta para convertirse en garantía de la convivencia entre ciudadanos soberanos. La representación deja de ser sustitución para convertirse en delegación limitada, reversible y condicionada. Y la comunidad política deja de estructurarse desde arriba para comenzar a
articularse desde la dignidad de quienes la integran.
Nada de esto implica la disolución del orden político. Por el contrario, lo fortalece. Porque sólo un poder que reconoce sus límites puede ejercer legítimamente su autoridad. Sólo una comunidad que reconoce la dignidad de cada uno puede aspirar a la justicia. Y sólo un derecho que se funda en el ciudadano puede evitar convertirse en instrumento de dominación.
El siglo XXI introduce, además, condiciones históricas que hacen posible —y en cierto modo inevitable— esta transformación. La revolución tecnológica, la expansión de la información, la capacidad creciente de participación, han reducido la distancia entre el individuo y los centros de decisión.
Lo que en otros tiempos justificó la intermediación casi absoluta, hoy exige ser replanteado. No para eliminar las instituciones, sino para reconducirlas hacia su fundamento.
Pero esta transformación no es únicamente técnica. Es, ante todo, moral. Supone reconocer que el ser humano no puede ser reducido a objeto de organización política sin que se desnaturalice el orden mismo. Supone admitir que ninguna abstracción —por elevada que se presente— puede situarse legítimamente por encima de la persona. Y supone comprender que la política, en su sentido más alto, no es la administración del poder, sino la organización de la convivencia entre seres libres.
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En este punto, la tradición cubana —en la obra de Félix Varela, Ignacio Agramonte y Loynaz y José Martí ofrece
una de las intuiciones más lúcidas de la modernidad inconclusa. En ellos, el ciudadano no es una abstracción ni un recurso retórico, sino el centro mismo del orden político.
Recuperar esa tradición no es un acto de memoria; es una exigencia de futuro. La historia de la soberanía ha sido, en gran medida, la historia de sus desplazamientos. Tal vez ha llegado el momento de su restitución. No hacia el pasado, sino hacia su fundamento.
Porque el problema de la política no consiste, en última instancia, en quién gobierna, sino en si el hombre sigue siendo dueño de sí mismo. Y allí donde el ciudadano no es soberano, la soberanía no existe.
