Introducción
Cuando el 18 de febrero el presidente Obama anunció sus planes inmediatos de visitar Cuba acompañado de su esposa, Michelle, sabía que anunciaba un hecho histórico, pues obviando la visita del ex presidente Jimmy Carter en 2011, la suya será la primera vez que un presidente de Estados Unidos viaje a Cuba desde que lo hiciera Calvin Coolidge en enero de 1928. Después de Cuba, el presidente planea viajar a Argentina para reunirse con su homólogo Mauricio Macri.1 Se trata de un paso simbólico en el acercamiento entre los dos viejos enemigos en materia de inversión norteamericana en la isla y de la mejora de las condiciones de vida de los cubanos, concretamente en defensa de los derechos humanos y de la democracia.2 Además de la reunión bilateral con Raúl Castro, el presidente Obama prevé encontrarse en Cuba reunirse con “miembros de la sociedad civil, empresarios y cubanos de todos los ámbitos de la sociedad”.3 El viceasesor de la Casa Blanca en Seguridad Nacional, Ben Rhodes, destaca que la visita dará un espaldarazo al proceso de acercamiento entre ambos países y a las medidas de cambio adoptadas por el nuevo gobierno cubano en los últimos años:
[…] la mejora es insuficiente. Estados Unidos y el gobierno cubano pueden hacer mucho más en la creación de medidas aperturistas que serán buenas para cubanos y para los Estados Unidos. Por eso el presidente Obama viaja a Cuba. Queremos ofrecer más oportunidades para los emprendedores y viajeros estadounidenses en Cuba y queremos que el gobierno cubano ponga al alcance de su gente más oportunidades para que se beneficien del compromiso. (Rhodes, 2016)4
Washington intentaba revalidad su posición de máximo inversor en Cuba y en los países del área, molestas en su mayoría con el embargo económico y otras políticas de exclusión impuestas a Cuba desde que Fidel Castro llegara al poder en 1960. La falta de transparencia en materia de derechos humanos, libertad de expresión y el acceso de la población a la libre información en la isla son, por lo tanto, los flancos que debilitan la posición del presidente Obama en el actual proceso:
Incluso en el proceso de conseguir la normalización, hemos dejado claro que seguiremos teniendo diferencias serias con el gobierno cubano, particularmente en materia de derechos humanos. […] Aunque no pretendemos imponer el cambio en Cuba, creemos seriamente que Cuba se beneficiará de que los cubanos puedan disfrutar de los derechos universales. El presidente Obama ha abordado estas cuestiones en sus conversaciones con el presidente Castro y lo seguirá haciendo. (Rhodes, 2016)5
Que el presidente Obama deseaba viajar a Cuba antes de abandonar la presidencia es algo que el mismo anunció el 17 de diciembre de 2014, cuando junto a su homólogo cubano, Raúl Castro, informó al mundo de más de dos años de conversaciones secretas entre ambas administraciones. En un discurso televisado, el presidente Obama admitió el fracaso de más de cincuenta años de política de aislamiento impuesta al gobierno castrista durante e instó al Congreso de Estados Unidos a levantar el embargo económico, financiero y comercial vigente desde 1960 y revalidado año tras año por la Asamblea General de Naciones Unidas.6 Deseaba alcanzar una relación cordial con el régimen antes de la VI Cumbre de las Américas, programada en Panamá en abril de 2015. Del lado cubano, Raúl Castro celebró el clima de concordia y agradeció la labor intermediaria del Vaticano y, en especial, del Papa Francisco. También exhortó al presidente Obama a “remover los obstáculos que impiden o restringen los vínculos”, correspondiente al levantamiento del bloqueo y a las fuertes demandas de los consorcios empresariales norteamericanos interesados en el país caribeño. Quedaba en el aire la otra gran demanda de Estados Unidos: la transición hacia un modelo democrático en Cuba en consonancia con una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones y la libertad de expresión.
La disidencia cubano-americana dio la bienvenida al anuncio de acercamiento entre ambas Administraciones. En Cuba, la gente lo celebró con aplausos, llantos y abrazos (LeoGrande 2015: 474). Pero la euforia inicial enseguida dejó paso a la calma tensa propia de los procesos largos y tediosos donde todo acuerdo es susceptible de ser interpretado como una concesión al contrario. Actualizar el modelo revolucionario de acuerdo a las directrices estadounidenses se entiende entre los miembros de la cúpula del régimen como una derrota y una muestra suprema de la incapacidad del régimen de salvaguardar los intereses de la isla ante la amenaza imperialista. Por otro lado, ignorar las indicaciones de Estados Unidos en el desarrollo del proceso se entiende en Washington como una derrota fatal para sus intereses geoestratégicos de Estados Unidos en Cuba y por extensión, en Latinoamérica. Salvo la invasión, el presidente Obama apenas cuenta con herramientas para acelerar el ritmo aperturista cubano en el capítulo de las libertades políticas, que el partido demócrata necesita como baza en las presidenciales de noviembre del 2016.
La visita en unas semanas del presidente Obama y su esposa actúa de revulsivo en el cumplimiento de un proceso reformista lleno de cortapisas, ambigüedades, intereses cruzados y una sucesión de actos con más carga simbólica que efectiva para una población expectante y una comunidad internacional descreída y crítica con la tibieza del discurso del Papa Francisco, a quien, sin embargo, se le reconoce su valiosa labor intermediaria. Raúl Castro continuará oficialmente al mando hasta 2018, año en el que cumplirá 87 años de edad. Durante este tiempo pilotará el Parlamento cubano (controlado por la militancia socialista) hacia una transición centrado en adoptar medidas ligadas a la descentralización económica. La rapidez con la que se lleve a cabo depende de la evolución del deshielo diplomático con Washington, la situación interna, la evolución geopolítica y estratégica en las Américas, como por ejemplo en relación al encaje que pueda tener el formato chino-vietnamita en el Caribe. Queda por ver si la visita del presidente Obama logrará afianzar el proceso de acercamiento entre ambas administraciones lleno de aristas y convencer al mundo del fin de una historia marcada por ideologías opuestas e intereses partidistas.
Actualizando el modelo cubano
El 31 de julio de 2006, en la víspera de su ochenta cumpleaños, Fidel Castro transfirió temporalmente sus responsabilidades como jefe de Estado a su hermano, el general Raúl Castro,7 quien se convirtió en Presidente de los Consejos de Estado y de Ministro de la República de Cuba el 24 de febrero de 2008. Nada más tomar el cargo, Raúl hizo pública su prioridad de atajar la ineficiencia institucional que impide el esperado desarrollo económico y social de la nación y crea ansiedad entre la población cubana. Urgía poner en marcha un proceso de reforma pausado pero firme en el ámbito político, económico y administrativo del país:
Debo decir que en la mayoría de los casos los resultados han estado lejos de la expectativa que teníamos, en primer lugar, por factores subjetivos, entre ellos desorganización y la resistencia pasiva de los cuadros intermedios a cambiar la mentalidad, que sabemos es lo más difícil. […] En este sentido me limito, por ahora, a expresar que en la actualización del modelo económico cubano, […] no puede haber espacio a los riesgos de la improvisación y el apresuramiento. Es preciso caminar hacia el futuro, con paso firme y seguro, porque sencillamente no tenemos derecho a equivocarnos. (Castro 2009)
En enero de 2012, Raúl expresó de nuevo su malestar con el sistema heredado y su intención de iniciar un proceso de reforma legislativa lo antes posible. Durante el debate acerca de las nociones de oligarquía, dictadura y democracia representativa en la Cuba del siglo XXI, quedó de manifiesto las suspicacias del gobierno en contra de la “democracia representativa”, entendida en el marco de la ideología neoliberal:
Tampoco pretendo filosofar sobre la vigencia y utilidad de la llamada democracia representativa, que en definitiva es harto conocido que ha devenido invariablemente en la concentración del poder político en la clase que detenta la hegemonía económica y financiera de cada nación, donde las mayorías tampoco cuentan y cuando se manifiestan, como sucede en estos precisos momentos en muchos países, son brutalmente reprimidas y silenciadas con la complicidad de la gran prensa a su servicio, también transnacionalizada. (Castro 2012)
Raúl también se refirió a la “falsa unanimidad” y al excesivo “formalismo” de la clase dirigente actual para llamar a la discrepancia y al debate por encima de modelos gubernamentales, aunque eso sí, “en el lugar adecuado, en el momento oportuno y de forma correcta, o sea, en las reuniones, no en los pasillos. Hay que estar dispuestos a buscarnos problemas defendiendo nuestras ideas y enfrentando con firmeza lo mal hecho” (Castro 2012). La nueva política de Raúl invitaba al debate pero dentro de las normas marxista-leninistas del régimen y siempre en defensa de los valores patrióticos:
Se impone trabajar y perseverar con Orden, Disciplina y Exigencia por hacer realidad los Lineamientos de la Política Económica y Social, igual que los Objetivos aprobados en este evento, dejar atrás el lastre de la vieja mentalidad y forjar con intencionalidad transformadora y mucha sensibilidad política la visión hacia el presente y el futuro de la Patria, sin abandonar, ni por un instante, el legado martiano y la doctrina del marxismo leninismo que constituyen el principal fundamento ideológico de nuestro proceso revolucionario. (Castro 2012)
Cuba continúa proyectando una imagen de sí misma al exterior sustentada en un partido único y estable frente a lo que considera el “juego de la demagogia y la mercantilización de la política” (Castro 2012). Los buenos propósitos de Raúl marchan en consonancia con viejas fórmulas que apuntan a la falta de voluntad de cambio, particularmente en lo relacionado al establecimiento de mecanismos democráticos, transparencia institucional, derechos humanos y libertad de expresión. El nuevo proceso en curso en la isla marcha, por lo tanto, en consonancia con el viejo slogan de Fidel: “dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada”.
En el ámbito económico, la prioridad de Raúl está en acabar con el régimen de racionalización y subsidio gubernamental sin privar con ello al ciudadano de cobertura social. Es necesario desmantelar el sistema corrupto que afecta todos los niveles. Para ello debe haber correlación entre el salario medio y el precio de los alimentos básicos, de manera que los cubanos con amplia formación no se vean obligados a abandonar sus puestos en el ámbito administrativo, docente y sanitario para incorporarse al sector del turismo como taxistas o camareros. Del mismo modo, el gobierno pretende acabar con la bolsa negra, un balón de oxígeno (a veces el único) para un gran número de ciudadanos asfixiados por las duras condiciones económicas de la isla.
En los últimos años, el gobierno ha puesto en marcha tímidas medidas que sin embargo, han tenido buena acogida entre la gente. En 2008, el nuevo gobierno legalizó la adquisición de teléfonos móviles y ordenadores y en 2011, la compra de automóviles e inmuebles. En 2013, el decreto ley número 302 eliminaba el permiso de salida al extranjero popularmente conocido como “tarjeta blanca”, lo que provocó un revuelo considerable (Gaceta Oficial de la República de Cuba, 16 de octubre de 2012). Sin embargo, para lograr un sistema estatal autosuficiente, el gobierno necesita hacer cambios más profundos en la estructura financiera del país. El reto es, por lo tanto, en descentralizar y flexibilizar el modelo estatal vertical, con medidas que favorezcan la inversión extranjera, el aumento del número de permisos al pequeño sector privado, al mercado agrónomo y a los servicios urbanos, el cierre de proyectos empresariales en quiebra, la creación de cooperativas y la concesión de autorizaciones a proveedores privados. La reorganización estatal, en definitiva, implica otorgar un papel más activo al gobierno local, provincial y al ciudadano emprendedor.
Las demandas internas a la nueva directiva gubernamental no cesan y la disensión es común dentro del Aparato. No hay ni siquiera acuerdo en el nombre que debería darse a este periodo de ajustes y transformaciones en Cuba. El concepto de “transición” en la isla apunta a un “cambio de régimen”, pero con serias reticencias a transitar hacia lo que Atilio Borón llama “capitalismo democrático” (Borón, 2000: 135–211). Borón explica que uno de los grandes temores de los dirigentes de países en transición hacia un modelo de Estado democrático es la injerencia en los asuntos internos de los “avatares” o “nuevos Leviatanes”, términos acuñados para referirse a las gigantescas empresas transnacionales de enorme escala planetaria y gravitación económica, social e ideológica. De acuerdo a la tesis de Borón, los “nuevos Leviatanes” se convierten en actores políticos de primer orden y en los causantes de un desequilibrio irreparable en el ámbito de las débiles sociedades en proceso de cambio:
Antes, en la coyuntura crítica de la entreguerras, aquéllas provenían de “afuera”: los fascismos y las dictaduras de diverso tipo que asediaban a los escasos y relativamente frágiles islotes democráticos que sobresalían en un océano de despotismo. Ahora, las amenazas se hallan en el interior mismo de los capitalismos democráticos. No son externas sino internas y, lo que es peor, tienen un rostro “democrático”. (Borón, 2000: 135).
Donde algunos ideólogos ven el “triunfo final” del capitalismo democrático, Borón ve una amenaza disfrazada de “valores democráticos” sin precedentes en contra de la soberanía nacional de los pueblos. Este razonamiento sustenta la base ideológica en contra de la injerencia norteamericana y abre un profundo debate sobre el derecho de autodeterminación de los pueblos.
La revolución cubana es un caso en sí mismo, y por lo tanto sujeto a libre interpretación, como lo es el proceso inevitable e irreversible de cambio que se opera en la actualidad en la isla. Este nuevo episodio de la historia de Cuba viene determinado por “la cubanía”, entendida como la tendencia de los cubanos de “actuar a su manera”. Sin embargo, muchos ven en la noción de “cubanía” una máscara tras la que se esconde las reticencias del régimen a satisfacer la creciente demanda de transparencia institucional. Antoni Kapcia ofrece una visión positiva de las nociones de “cubanía” y “cubanía revolucionaria” en relación al interés del gobierno de satisfacer las demandas de sus ciudadanos (Kapcia 2000). George Lambie, por su parte, explora el proceso de transición en Cuba como irrepetible, con “una base ontológica diferente de la que sostiene las percepciones liberales y estructuralistas de la democracia”.8 Lambie traza las líneas de este proceso único como el resultado de la aplicación de las teorías democráticas de tradición europeísta a las condiciones específicas de la isla caribeña (Lambie, 2010: 148). En la misma línea, Sheryl Lutjens rechaza abordar el socialismo cubano como una transformación en curso clasificable únicamente de acuerdo a los estándares occidentales. La aborda, en cambio, como una situación extraordinaria e irrepetible (Lutjens, 2009: 1). LeoGrande define el escenario político actual en Cuba como el mero resultado de una “política inmovilista” que obedece a “la corrupción profunda del sistema” (LeoGrande, 2015: 474). Para LeoGrande, la revolución cubana es un experimento en curso, el fruto de una improvisación ad hoc. Isaac Saney, por último, recurre al término “revolución en movimiento” (“revolution in motion”) para referirse a los atributos específicos que distancian el modelo revolucionario cubano de otras ideologías inmovilistas (Saney 2004). La fórmula “revolución en movimiento” no satisface a los que creen más en la “democracia en movimiento”. Aún dentro del marco de “lo cubano”, la descentralización de la Administración Estatal, la aceptación de la propiedad privada y la creación de un nuevo marco jurídico de libertades aportarían dinamismo a un sistema caduco. Pero en la era de la globalización, Cuba no puede emprender esta aventura en solitario. Lo quiera o no, necesita el apoyo de los países del área, incluido Estados Unidos.
Cuba, Washington y un cruce de intereses
El éxito del proceso de transición en Cuba depende de la mejora de las relaciones diplomáticas con Washington. La isla ha representado una amenaza para Estados Unidos desde que Fidel Castro plantara cara a los valores supranacionales del poderoso vecino del norte en 1960. Durante más de cinco décadas, todos los presidentes estadounidenses han intentado forjar relaciones con Cuba de acuerdo a los intereses del país, a pesar del apoyo militar del régimen cubano al Bloque del Este durante la Guerra Fría y a las tentativas revolucionarias llevadas a cabo en Angola y Etiopía (LeoGrande y Kornbluh 2014). A pesar de la sucesión de intentos por mejorar las relaciones, durante décadas Estados Unidos ha presentado a Cuba como un mal ejemplo para los demás países de América Latina. La iniciativa del presidente John F. Kennedy quedó interrumpida por su propio asesinato. Los proyectos del Secretario de Estado Gerald Ford, Henry Kissinger, y del presidente Jimmy Carter se truncaron al seguir Cuba enviando tropas a Angola y a Etiopía. El desmembramiento de la Unión Soviética a principios de los años 90 redujo el presupuesto militar de Cuba en más de la mitad y hundió al país en la depresión postsoviética conocida como Período Especial, de la cual Cuba no se ha recuperado aún (Harvey 1992). El informe anual del Departamento de Estado estadounidense sobre terrorismo global habló entonces del deseo de Cuba de restablecer los lazos diplomáticos y económicos con los países vecinos (Departamento de Estado, 1994: 22). Y sin embargo, la tentativa falló de nuevo. En 1996, Cuba derribó dos aviones civiles, lo que causó la muerte de cuatro personas.
Durante años, la política interior de la isla ha suscitado poca o ninguna atención por parte de Estados Unidos, ni siquiera en temas tan controvertidos como la censura de los intelectuales, el encarcelamiento de los “subversivos”, o las innumerables y en ocasiones caprichosas trabas burocráticas para conseguir un visado de salida del país, asunto tristemente escenificado en la salida masiva de ciudadanos por el Mariel en 1980 y en la Crisis de los Balseros en el 1994. La rigidez de Cuba en temas internos, y más concretamente la ausencia de mecanismos de participación ciudadana y de libertad de expresión, fueron importantes para el gobierno estadounidense solo a partir de la década de los noventa y a través de medidas que endurecían las condiciones del embargo. Así, el presidente Clinton aprobó en 1992 la Ley Torricelli (Cuban Democracy Act) y en 1996, el presidente George H. W. Bush aprobó la Ley Helms-Burton (Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act). Al mismo tiempo, ambas administraciones animaba a Cuba a instaurar un sistema democrático (LeoGrande y Kornbluh, 2014: 266–67).
El presidente Obama, sin embargo, parece decidido a “desatar las cadenas del pasado” para transitar hacia una política de compromiso con el régimen (Casa Blanca, 17 de diciembre de 2014). Es toda una declaración de intenciones, sabiendo de antemano el riesgo que ello entraña. Para el presidente Obama, las reformas necesarias en el ámbito doméstico de la isla implican la puesta en libertad de los presos políticos, mayor indulgencia con la Iglesia y mayor permisibilidad con el flujo inversionista y de movilidad entre los dos países (Casa Blanca, 17 de diciembre de 2014).
Washington aborda el actual proceso de cambio en Cuba en términos económicos. Cabe señalar que sin apoyo de la Unión Soviética, Cuba ya no plantea ninguna amenaza significativa ni para Estados Unidos ni para sus aliados (National Public Radio, 29 de diciembre de 2014). Es una prioridad para Estados Unidos mantenerse a la cabeza de los países inversionistas en la isla, jugar un papel activo en el desarrollo de cambios multilaterales, como son los mecanismos bilaterales de comercio, inversión, ayuda a posibles opciones de comercio a pequeña (microempresas) y a gran escala.9 En este sentido, se han aprobado varias medidas que acortan la distancia entre ambas naciones: han aumentado las posibilidad de movilidad geográfica entre los dos países, han decrecido los límites en el envío de remesas de Estados Unidos a Cuba y restablecido el servicio de hasta veinte vuelos diarios directos entre los Estados Unidos a La Habana y diez más a otros nueve aeropuertos internacionales cubanos, entre ellos Santiago de Cuba, Manzanillo y Camagüey, según ha desvelado el subsecretario de Estado adjunto para Asuntos de Transporte, Thomas Engle (RTVE, 13 de febrero 2016).
La apertura de ambas embajadas y la retirada de Cuba del listado de los países patrocinadores del terrorismo internacional son las medidas con más carga simbólicas del último año. Cuba entró a formar parte de la lista de países confeccionada por el Departamento de Estado de Estados Unidos en 1982 que brindaban apoyo explícito a miembros de las FARC, ETA y a movimientos revolucionarios en África. Su salida de la lista ha supuesto un alivio para los mandatarios y la población, puesto que pertenecer a ella obstaculizaba las transacciones bancarias con países aliados de Estados Unidos (Alzugaray y Quainton 2011: 76–80). Cabe señalar que la inclusión de Cuba en la lista se hizo sin que jamás se demostrara que proporcionaba armas y entrenamiento paramilitar a dichas organizaciones.
En julio de 2015, las embajadas estadounidense y cubana reabrieron sus sedes en sendas capitales el mismo día en que La Habana liberaba al contratista estadounidense Alan Gross como parte de un programa de intercambio de prisioneros entre ambos países.10 La reapertura de las embajadas provocó malestar en la bancada republicana. El candidato presidencial de origen cubano, Marco Rubio, amenazó con bloquear la nominación del embajador norteamericano en La Habana en el Senado, idea que secundó el también senador y candidato republicano de origen cubano Ted Cruz. Tras la ceremonia de izamiento de la bandera cubana en Washington, el ministro de asuntos exteriores, Bruno Rodríguez, se reunió con su homólogo estadounidense, John Kerry, para discutir los obstáculos que paralizan el proceso. Al término de la reunión, John Kerry declaró: “Este hito […] refleja que la Guerra Fría terminó hace mucho y que los intereses de ambos países se consiguen mejor con un compromiso que con un distanciamiento”.11 Cabe señalar que en la actualidad, Estados Unidos sigue sin nombrar embajador formal en Cuba. Hasta entonces, Scott Hamilton actúa de Jefe Adjunto a la Misión.
La apertura de las embajadas escenifica un deshielo diplomático que ocurre a medio gas, con paradas y acelerones de acuerdo a un cruce de intereses geopolíticos y estratégicos. Estados Unidos se escuda en la lucha a favor de valores democráticos en Cuba, en concreto en la mejora de mecanismos de participación social, la legalización del partido de la oposición, la liberación de presos políticos cuando en realidad su máxima prioridad es revalidar los intereses de los inversionistas y financieros norteamericanos en la isla. A Washington le conviene más “apoyar la reforma que imponer políticas a un país de un estado fallido” que verse envuelto en una operación militar dura y con sobre coste en vidas de los cubanos, como ya ocurrió en Iraq y Afganistán.12 Pero Kerry no piensa quedarse relegado al papel de testigo en el proceso aperturista cubano y negocia para que Estados Unidos participe como agente activo en el reparto de beneficios. Cuba, por su parte, hará lo que esté en su mano para impedirlo. Con el fin de ahogar toda posibilidad conspiradora entre el gobierno americano y la comunidad disidente en la isla, por ejemplo, el cuerpo diplomático estadounidense en La Habana soporta medidas restrictivas y de control fuera de su jurisdicción. El número de personas autorizadas a trabajar en la embajada estadounidense en La Habana no puede exceder los 350 (Yuhas, 29 de mayo 2015).
La declaración de intenciones de ambos presidentes y gestos transcendentes como la reapertura de las embajadas no son suficientes para derribar el gran escollo de las negociaciones: el embargo de Estados Unidos a Cuba. A excepción de cierta permisibilidad en la venta de comida y equipos de telecomunicaciones en la isla, continúa prohibido el comercio entre compañías estadounidenses y estatales cubanas. En un discurso ante Naciones Unidas en septiembre de 2015, Raúl elogió la “resistencia heroica y desinteresada” de los cubanos por soportar medio siglo de bloqueo y exigió compensación económica al pueblo en pago de los daños sufridos (Bronstein, 29 de septiembre de 2015). El deshielo diplomático pasa por la devolución de Guantánamo y el cierre de cadenas de radio y televisión propagandística en contra del régimen y en apoyo de la disidencia. Cuba alega que el gobierno estadounidense financia estos programas, lo cual constituye una clara violación del derecho internacional. Por otro lado, son mínimas las posibilidades de que Estados Unidos se retire de Guantánamo o de que compense al pueblo cubano por ello. Más bien al contrario. Washington responde a la demanda de compensación de cubana con una petición económica a la inversa en pago a la nacionalización de la propiedad estadounidense en suelo cubano tras la primera oleada migratoria a Estados Unidos.
“Tengo confianza en que nuestro Congreso levantará un embargo que no debería estar vigente por más tiempo”, reclamaba el presidente Obama a la bancada republicana en el Congreso en septiembre de 2015.13 Su reclamo no solo anunciaba su firme compromiso con el proceso aperturista de Cuba. De conseguirlo, el levantamiento reforzaría el liderazgo de Estados Unidos en América Latina, cuyos presidentes son afines en su mayoría a la integración de la isla en los programas de cooperación y desarrollo del área, como veremos más adelante. También fortalecería la alianza del gobierno con el lobby cubano-americano (más afín en la actualidad al partido Demócrata que al Republicano), cuyo papel es determinante en el diseño de la política de cooperación estadounidense en Cuba.
En 1980, un grupo de ricos miamenses de origen cubano creó la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA). Los directores de la fundación y de su comité de acción política, Cuba Libre PAC, eran favorables al Partido Republicano en el Congreso y a sus candidatos presidenciales (McCool, 1990: 269–93 y LeoGrande 2013). La FNCA obtuvo una serie de victorias políticas, entre ellas la creación de la Radio y TV Martí y la Ley sobre la Democracia en Cuba (1992), que reforzaba las sanciones a terceros en el mercado con Cuba. Su objetivo era debilitar aún más al régimen cubano tras la desaparición de la Unión Soviética. Lentamente, se produce un cambio en la mentalidad de los emigrados cubanos en lo referente a las políticas humanitarias de Estados Unidos con Cuba. La comunidad cubano-americana encabezó la comisión de ayuda humanitaria a la isla durante el Período Especial, lo que determina el principio (visible) del fin de la era de Mas Canosa en contra de Fidel Castro. El cambio en la mentalidad de la gente no impidió que en 1996 Washington aprobara la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana, también conocida como la Ley Helms-Burton, que endurecía las condiciones del bloqueo. Una década después y pese a los infatigables llamamientos de Mitt Romney para preservar los valores americanos en contra del comunismo, el presidente Obama se hizo con casi la mitad del electorado cubano-americano en las elecciones de Florida de 2012.14 En la actualidad, la comunidad cubano-americana respalda las medidas impulsadas por el equipo del gobierno del presidente Obama a favor del reagrupamiento familiar y el envío de divisas a la isla.15
El apoyo de la comunidad cubano-americana al deshielo diplomático de Estados Unidos y Cuba arroja sobre los motivos por los que un tema secundario, como lo es en apariencia el proceso aperturista de la isla caribeña o visto desde otro prisma, la ineficacia de la política de hostilidad estadounidense en contra de Cuba, se convierte en un tema prioritario para la administración norteamericana. Sólo una amenaza seria anima a los políticos estadounidenses a poner en marcha una estrategia de tal envergadura que involucre incluso a la Iglesia. El estudio de Kingdon sobre política estadounidense explica que para que un problema ascienda en la agenda de Washington, los expertos deben haber llegado a una solución factible que no tenga efectos negativos para el país (Kingdon 1984). En la misma línea, LeoGrande apunta que los mandatarios estadounidenses basan sus movimientos (geo)estratégicos en los resultados de un exhaustivo análisis coste-beneficio. Antes de actuar, y mucho más de hacerlo público, los consejeros del presidente deben conocer las ventajas de una coalición victoriosa, aunque esta conlleve la realización de ciertas concesiones al contrario.
Los motivos que se esconden detrás del deshielo diplomático de Washington y Cuba residen menos en intereses nacionales y más en intereses geoestratégicos, como apuntan el Director de Asuntos Europeos en el Consejo Nacional de Seguridad Estadounidense, Charles Kupchan, y Theodore J. Piccone, Socio principal y Subdirector de Política Exterior de Brookings. Kupchan cree que los países con larga tradición democrática deben guiar a las autocracias en proceso de transición en el cumplimiento de desafíos globales. Dicha colaboración será exitosa, Kupchan escribe, cuando se den tres condiciones en la nueva estructura política y social del país en transición: la restricción del poder institucional, un orden social compatible y la cohesión cultural (Kupchan 2010). Para Kupchan, el compromiso (más que el ataque frontal) de la Administración del presidente Obama con Rusia, China, Siria, Irán y Cuba responde a una política de “neo-aplacamiento”, que surge como resultado de un análisis coste-beneficio realizado por el gabinete del presidente.
La teoría colaboracionista de Kupchan falla en Oriente Medio, donde el conflicto internacional está en su máximo apogeo. Aumenta el temor a una “nueva Guerra Fría”. Rusia ha intervenido en Ucrania y en el conflicto entre Bashar al-Assad y “los rebeldes” sirios, perpetuado en una guerra civil sangrienta que ha provocado una nueva crisis de refugiados en Europa; Irán ha pospuesto sus compromisos nucleares, pero se jacta de controlar Bagdad, Beirut, Damasco y Sanaa. Mientras tanto, Kim Jong-Un en Corea del Norte continúa haciendo experimentos nucleares ante la desconcertada mirada de los observadores internacionales. En América Latina, la desconfianza hacia el mando estadounidense provoca la respuesta defensiva y en ocasiones hostil hacia lo que se considera un intento de injerencia en la política nacional y en contra de la soberanía nacional de los países. Algunas naciones como Cuba, apunta Picconi, se amparan en el Consejo de Derechos Humanos (OHR) para protegerse de lo que consideran una amenaza a su integridad nacional. Utilizan la defensa de la soberanía nacional de su pueblo y la exaltación de los valores identitarios para bloquear o ralentizar toda medida dirigida hacia el establecimiento de un modelo participativo (Piccone 2008: 11). A esto hay que sumarle la fuerte relación entre los estados miembros de América Latina, donde la mayoría de los presidentes aúnan fuerzas en contra del criterio impositivo y excluyente norteamericano, como veremos a continuación.
El apoyo del hemisferio. ALBA y CELAC
América Latina constituye una de las áreas de inversión más importantes para Estados Unidos, y de ahí su interés en preservar las buenas relaciones con los principales mandatarios y grupos de poder en el área. Cuba también ejerce influencia entre aquellos países que pasan por una situación similar al de la isla, en especial en materia de defensa de la soberanía nacional. Las tentativas fracasadas del golpe militar en Venezuela, Bolivia y Ecuador, así como los intentos exitosos en Honduras y Paraguay contribuyen a la formación de mecanismos de apoyo en contra de las políticas estadounidenses neo-liberales. Fidel Castro y Hugo Chávez fundaron la Alianza Boliviana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) en La Habana en diciembre de 2004. No tardaron en unirse Bolivia (2006); Nicaragua (2007); República Dominicana (2008); Honduras (2008, aunque abandonó tras el golpe de estado en contra de Manuel Zelaya en junio de 2009); San Vicente y las Granadinas (2009); Ecuador, Antigua y Barbuda (2009); Santa Lucía y Suriname (2012); y Haití (2012). Tras varias reuniones entre los máximos mandatarios, se constituyó la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Brasil. CELAC integra los treinta y tres países del área que va desde Río Grande en la frontera de México y los Estados Unidos a Tierra del Fuego, en la punta más al sur de Suramérica. Esta región, también conocida como las “Américas”, comprende toda el área de América a excepción de Estados Unidos y Canadá. El dogma de ALBA y CELAC es determinante: preservar el derecho de cada país a tomar sus propias decisiones de gobierno en línea con una ideología anti-neoliberal. Creen, por lo tanto, que la inestabilidad política en la zona es consecuencia de la injerencia americana en los asuntos internos de los países del área y que el interés de Estados Unidos en acercar posiciones con Cuba responde a una estrategia para hacerse con el control de la isla.
Para los estados miembros de ALBA y CELAC, la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de la isla traería consigo la pérdida de autonomía de la isla. Cuando Raúl da el visto bueno a inversiones estadounidenses en turismo y comercio, aclara que obedece a la demanda interna y no a la “presión del chantaje, no importa su origen, de un país potente o un continente” (Castro, 12 de julio de 2008). Los presidentes de América Latina entienden la extrema desconfianza de La Habana hacia Washington en pro de la defensa de la ideología revolucionaria, a pesar de que la Constitución cubana protege el socialismo como el único modo de gobierno en la isla.
A pesar de su valiosa red de contactos para la cooperación y el desarrollo, ALBA y CELAC son aún organizaciones relativamente frágiles. Su posición depende de la estabilidad gubernamental de Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador, cuestionadas en relación a la defensa de la libertad de expresión y el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, durante la V Cumbre de las Américas, celebrada en Trinidad y Tobago en abril de 2009, Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, al igual que otros presidentes más moderados como Michelle Bachelet y Luis Ignacio Lula da Silva presionaron a la Administración de Obama para que favoreciera la integración de Cuba en la comunidad Iberoamericana. En junio del mismo año, los estados latinoamericanos revocaron la resolución de 1962 que excluye a Cuba como estado miembro de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Ante la perspectiva de una derrota humillante, Hillary Clinton apoyó la resolución con la condición de que Cuba aceptara las “prácticas, propósitos y principios” de la organización, lo cual implica el compromiso gubernamental con el sistema democrático de acuerdo a la “Declaración de Santiago sobre Democracia y Confianza Ciudadano: un Nuevo Compromiso de Gobernabilidad para las Américas” de 1991.16
La cuestión cubana adquirió aún más protagonismo durante la VI Cumbre de las Américas en Colombia en abril de 2012, a la que Daniel Ortega y Rafael Correa se negaron a asistir porque Cuba no estaba invitada. Dilma Rousseff declaró que Brasil haría lo mismo en la próxima Cumbre si Cuba era excluida de nuevo. Pero los altos funcionarios de la Administración del presidente Obama insistieron: no extenderían una invitación al régimen para asistir a la VII Cumbre en 2015 hasta que Cuba no fuera un estado democrático (Wilson, 16 de abril de 2012). Washington subestimaba de este modo la capacidad de influencia de Cuba entre los líderes de América Latina y pronto comenzó a sentir el aislamiento al otro lado del Atlántico. En 2012, la Unión Europea se sumó a la preocupación de los presidentes de América Latina por la falta de sintonía entre Cuba y Estados Unidos. En 2013, la Asamblea general de Naciones Unidas condenó el embargo estadounidense a la isla y la Unión Europea designó a CELAC como organismo homólogo en América Latina, en sustitución de la OEA (Consejo Europeo, 27 de enero de 2013). Peligraban las relaciones bilaterales de Estados Unidos en la región y en Europa.
Finalmente, Washington cedió a las presiones y aceptó la presencia de Cuba en la Cumbre. La decisión causó gran revuelo entre los líderes latinoamericanos, que se encontraban reunidos en la Cumbre de Mercosur en Argentina. La sala irrumpió en aplausos espontáneos en el momento en que se hizo pública la decisión. “Los latinoamericanos están celebrando”, dijo la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (Partlow y Martínez, 17 de diciembre de 2014). El secretario general de OEA, José Miguel Insulza, felicitó a los líderes mandatarios “por haber dado este paso históricos, tan necesario como valiente […]”.17 Poco después de la Cumbre, el entonces director para el Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, Dan Restrepo, fue reemplazado por Ricardo Zúñiga, un oficial de origen hondureño-estadounidense del Servicio Extranjero con amplia experiencia en Cuba. En la actualidad, Zúñiga juega un papel fundamental en las negociaciones con Cuba (Zezima, 22 de diciembre de 2014). En la VII Cumbre de las Américas celebrada en Panamá en abril de 2015, el presidente Obama y Raúl estrecharon la mano en un encuentro informal. La fotografía dio la vuelta al mundo. Se visualizaba por fin el vuelco de las relaciones entre ambos países (Bassets, 12 abril de 2015).18 Aquel episodio demostró a Washington que el tema de Cuba estaba más vigente que nunca en la nueva reorganización del área, donde un número considerable de países se regía por ideologías de centro-izquierda. Normalizar las relaciones diplomáticas con la isla se convertía en un tema primordial para los asesores del presidente Obama, quienes se vieron obligados a reconsiderar su política de hostilidad con Cuba por el bien de las buenas relaciones estadounidenses con los estados miembros de la región y Europa. El desencuentro sobre las cuestiones ideológicas básicas y la falta de confianza entre ambas administraciones dificultan el proceso del deshielo diplomático. El proceso requiere una voz neutra y que haga de legítimo mediador en el conflicto: el Papa Francisco.
Los derechos humanos en Cuba y el papel de la Iglesia Católica
Desde el inicio de su mandato, Raúl mostró un talante dialogante con los representantes de la Iglesia Católica en Cuba. No por casualidad, el cardenal Jaime Ortega medió en la confrontación entre el gobierno y las Damas de Blanco en 2010. El papel del Papa Francisco en el deshielo diplomático entre Estados Unidos y Cuba ha quedado escenificado en su visita a Cuba en septiembre de 2015.
La visita del Sumo Pontífice estuvo cargada de mensajes velados repletos de simbolismo. En la ceremonia de bienvenida en el aeropuerto José Martí el 19 de septiembre, Francisco declaró que el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba demostraba la “victoria de la cultura del encuentro y del diálogo” y animó a los responsables políticos a continuar avanzando por este camino:
[…] y a desarrollar todas sus potencialidades, como prueba del alto servicio que están llamados a prestar en favor de la paz y el bienestar de sus pueblos, y de toda América, y como ejemplo de reconciliación para el mundo entero. El mundo necesita reconciliación en esta atmósfera de tercera guerra mundial por etapas que estamos viviendo. (Papa Francisco, 19 de septiembre de 2015).
Sus palabras desvelaban que su visita brindaba apoyo a la reconciliación de los dos viejos enemigos de la Guerra Fría. Francisco mandó un saludo a todas las personas con las que, por diversos motivos, no podría encontrarse, entre los que estaban “todos los cubanos dispersos por el mundo”. Al día siguiente, dedicó su homilía la figura de Jesús y alabó su faceta de servidor de los más desfavorecidos. Francisco es el tercer papa que ha dado misa en la Plaza de la Revolución. Antes que él lo hizo Juan Pablo II en 1998 y Benedicto XVI en 2012. Sin embargo, Francisco pudo hacer algo que los demás no pudieron hacer y es decirle al auditorio que les hablaba uno de ellos, un latinoamericano. Dos veces repitió el mensaje de Jesús: “Quien quiera ser el primero, importante, que sea el último de todos y el servidor de todos.” Pronunciadas en la Plaza de la Revolución frente a las estatuas de José Martí y de Che Guevara, las palabras de Francisco cobraron un valor extraordinario. Al hablar de Jesús, Francisco apuntaba al centro de la ideología revolucionaria y del conflicto con Estados Unidos y la disidencia: el control del poder. Invitaba abiertamente a los feligreses y a la cúpula del régimen a reconsiderar el uso del poder, por ejemplo en relación a la liberación de los presos políticos, la falta de acceso a la libre información y la estigmatización de la comunidad disidente.19 Después, el Sumo Pontífice mantuvo un encuentro con la persona que mejor encarna el poder en Cuba, Fidel Castro, con el que intercambió impresiones acerca del “estado de la humanidad y sus muchos problemas y del medioambiente” (Watts, 21 de septiembre de 2015). Es evidente que Francisco seguía una agenda pactada de antemano y respetaba el acuerdo de obviar en el ámbito público los temas que empañan el deshielo diplomático.
Pero la rigidez de su discurso (ni una sola vez se salió del guión, lo cual es digno de mención tratándose de una persona tan locuaz) le valió las críticas de varios frentes. Los lobbies neoconservadores norteamericanos y católicos, contrarios a su lucha en contra de las desigualdades sociales en el mundo, ratificaron su rechazo a su papel intermediario en el acuerdo diplomático entre Washington y la Cuba comunista y anticlerical (Rathbone y Politi, 20 de septiembre de 2015). La disidencia cubana también mostró su descontento con la tibieza de su discurso durante los actos oficiales en contra de la naturaleza ambigua e imprevisible del proceso de transición y de la opacidad en la política de derechos humanos y libertades en la isla, debido a la ambigüedad legal y al silencio que ampara las actuaciones y competencias del gobierno de Raúl. Días antes de la llegada de Francisco, el gobierno anunció la liberación de 3,522 presidiarios, entre los que se encontraban gente menor de edad, mayor de 60 años, enfermos y extranjeros con posibilidad de ser repatriados. El Director ejecutivo de CubaNow, Ric Herrero, expresó decepción por el criterio aplicado en la concesión de los indultos que excluían a los condenados por “delitos contra la seguridad del estado”. La comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional establece que hay 71 presos por “razones políticas o mediante procedimientos políticamente condicionados (Agencia EFE, 19 de junio de 2015).20 “Estamos decepcionados por los informes que sugieren que los presos políticos pueden no estar entre los indultados y urgimos al gobierno cubano a reconsiderar su decisión como un gesto de buena voluntad”, declaró Herrero.21 Durante la visita de Francisco, la prensa internacional publicó la detención de tres manifestantes acusados de distribuir propaganda en contra el gobierno (O’Connor, 20 de septiembre de 2015). Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, declaró que ella y su marido, Ángel Moya, fueron detenidos junto a treinta personas más para impedir que asaltaran por sorpresa a la misión diplomática del Vaticano.22 La visita de Francisco también provocó malestar entre gente afín al régimen. La hija de Che Guevara, Aleida Guevara, declaró su indignación por la petición del Partido a sus miembros para que se unieran a los feligreses en la misa oficiada por el Sumo Pontífice. Cabe señalar que en 1960, Fidel Castro pronunció un discurso de cuatro horas en contra de los “sacerdotes fascistas”. En aquella época, el gobierno confiscaba las escuelas católicas y otras propiedades de la Iglesia y muchos en el clero eran detenidos o tuvieron que marcharse al extranjero.
Francisco hizo frente a todas las críticas guardando silencio durante el cumplimiento estricto de su agenda pública. Su locuacidad hace imposible creer que hiciera lo mismo durante sus encuentros privados con los altos mandatarios de Cuba y Estados Unidos. Todo apunta a que el reciente anuncio de la visita del presidente Obama y su esposa a Cuba se fraguó en la visita de Francisco a Naciones Unidas y al Congreso de Estados Unidos en los días que siguieron a la visita a Cuba. Quedan por escribirse los acuerdos que saldrán del próximo cara a cara entre los presidentes homólogos, a buen seguro repleto de apretones de manos, gestos simbólicos y declaraciones de buenas intenciones ambiguas en lo esencial, como el levantamiento del embargo y el fin de la era Castro implícita en el proceso de transición democrática en la isla.
Conclusión
En los últimos años y como resultado de un sinfín de conversaciones secretas a alto nivel, el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba es una realidad palpable en actos como la reapertura de ambas embajadas en Washington y La Habana, el restablecimiento de vuelos directos entre Cuba y los Estados Unidos y la retirada de Cuba de la lista de países afines al terrorismo. En la línea de lo acontecido en los últimos cincuenta años, sin embargo, el deshielo entre ambos países está resultando largo y tedioso, debido en gran medida a la falta de confianza entre ambas administraciones. El régimen castrista continúa refiriéndose a la amenaza imperialista estadounidense, a los que exige el levantamiento del embargo económico, financiero y comercial, la devolución de Guantánamo y compensación económica por el sufrimiento causado a la población. También exige respeto a la soberanía nacional cubana y derecho a trabajar de modo independiente y hacer las cosas “a lo cubano”. Del otro lado, Estados Unidos reclama a Cuba transparencia institucional en materia de derechos humanos y el derecho a tomar partido en el proceso de transición en la isla que revalide su liderazgo empresarial en el país y en el área.
La población cubana demanda del nuevo gobierno castrista cambios profundos en el establecimiento de una cultura de “diálogo y deliberación”, que agilice el derecho del ciudadano a participar en la toma de decisiones del país. Para que culmine el deshielo diplomático y se normalicen las relaciones se requiere una plataforma sobre la que bascule la confianza entre ambas administraciones, un espacio de entendimiento basado en el respeto mutuo del “know how” de cada país, también a los intereses geoestratégicos de ambos países en el área y a la inversa, el interés de los países de la zona en Cuba. El desafío principal está en hacer realidad un proyecto de país viable que mejore las condiciones de vida de la población cubana y les acerque a sus compatriotas dispersos por el mundo. Es evidente que estas cuestiones y otras relacionadas con el proceso aperturista de la isla no quedarán resueltas antes de la marcha del presidente Obama, de Raúl y del Papa Francisco. Las intrincadas negociaciones no deben desacreditar la predisposición de estos mandatarios al diálogo en pro del encuentro entre los variados significados de una política de compromiso y cooperación. Ellos pretenden acabar el último capítulo de una vieja historia de desencuentros que impide a Cuba ocupar su lugar en el mundo.