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Una estocada muy fina contra la independencia de pensamiento y creación fue la promulgación del Decreto 349, que establecía oficialmente en carácter de ley un grupo de normas y conceptos de control estatal en la esfera de la cultura que habían sido esgrimidos a lo largo de años por los comisarios culturales. En simples palabras, la represión practicada extraoficialmente convertida y estipulada en ley, con lo cual quedó creado el perfecto mecanismo para transformar en delito una serie de manifestaciones creativas, artísticas e intelectuales que, curiosamente, eran los únicos espacios de independencia y oposición cultural aún “tolerados”. Dicho decreto se impuso, pese a que por primera vez en la historia de la cultura “revolucionaria” se produjo un consenso crítico entre protagonistas de la cultura opositora (la artista plástica Tania Bruguera, el escritor Angel Santiesteban, el cineasta Juan Carlos Cremata, el pintor Pedro Pablo Oliva, por sólo citar algunos) y figuras oficialistas reconocidas por la cultural oficial, como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Antón Arrufat o los cineastas que protagonizaron la campaña para exigir la Ley de Cine antes citada en este capítulo. A los comisarios culturales y poder político no les importaron, una vez más, los llamados de atención de quienes serían precisamente las víctimas de las limitaciones de opinión, creación y afiliación social impuestas por este bochornoso decreto.

Las violaciones persisten hasta el momento en que se actualiza este último capítulo, como sugerencia de los jurados del Premio de Ensayo “Carlos Alberto Montaner”, obtenido por este libro en diciembre de 2019:

─se procesa judicialmente a raperos contestatarios, muchos de ellos pertenecientes a la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), siendo el caso más notorio el de Maiquel “El Osokbo”, autor de canciones con fuertes críticas al castrismo;

─se intenta criminalizar y desprestigiar proyectos culturales independientes, resultando los más atacados el Instituto Hannah Arendt, de Tania Bruguera y el Movimiento San Isidro, de los artistas Yanelys Núñez y Luis Manuel Otero Alcántara;

─ se utiliza a figuras reconocidas y respetadas por la población cubana para difundir mensajes minimizadores de los graves errores cometidos por el llamado Programa Cultural de la Revolución, como ha ocurrido vergonzosamente con el crítico y promotor musical Guille Vilar, quien en un artículo[1] en la oficialista La Jiribilla se prestó para desmentir la persecución contra rockeros y amantes del rock en los años 60;

─se expulsa de sus centros laborales a creadores por sus vínculos con artistas y proyectos de arte independiente o por sus incursiones críticas a la realidad cubana utilizando los medios estatales, siendo los casos más recientes (y escandalosos) la expulsión de la artista Claudia Genlui de su cargo de directora del proyecto cultural oficialista Factoría Habana, adscrito a la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, y el despido del actor Andy Vázquez, uno de los protagonistas del popular programa humorístico “Vivir del cuento”;

─se controla el accionar y el decir de los creadores extranjeros que deciden participar en eventos oficiales en la isla, resultando el caso más sonado el de la cineasta costarricense Ishtar Yasin, a quien se le impidió participar en el Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano, por haber proyectado algunas de sus obras en el Festival Alternativo de Cine INSTAR, como se ha dicho, proyecto de alcance internacional de la artista Tania Bruguera;

─se persigue y denigra secreta y abiertamente a figuras del entorno audiovisual que se separan de la rígida norma permitida en tan poderosos medios como la TV, el teatro y el cine, como sucedió de modo realmente violatorio de toda norma ética y humanista con el cineasta Mario Coyula y la actriz Lynn Cruz, estigmatizados, entre otras razones, por haber proyectado internacionalmente el documental Nadie, dedicado a la vida y obra del poeta e intelectual opositor Rafael Alcides, una de las voces más respetadas de la cultura disidente en la isla;

─se les concede amnistía e inmunidad criminal a delincuentes comunes si estos se prestan para reprimir en los barrios a conocidos intelectuales opositores, como sucedió en 2019 con Rafael Almanza, en Camagüey, a quien incluso amenazaron de muerte sin que la policía haya tomado cartas en el asunto para garantizar la integridad física de este importante poeta, y con el narrador y ensayista Jorge Ángel Pérez, en La Habana, cuyas golpizas, amenazas y abusos de sus vecinos delincuentes se hicieron tan frecuentes y peligrosas que debilitaron la salud de su anciana madre, quien finalmente falleció como consecuencia de las preocupaciones, miedos y crisis emocionales derivadas del acoso cotidiano a su hijo;

─se  utilizan  las  influencias  y  contactos  internacionales  con intelectuales o gobiernos procastristas para impedir o entorpecer las proyecciones críticas de intelectuales y escritores de la isla o de la diáspora en congresos, ferias y otros eventos literarios, como  sucedió  en  2014  con  los  escritores  cubanos Wendy Guerra (residente en la isla) y William Navarrete (residente en París), cuando el gobierno de Evo Morales ordenó directamente impedir su participación en una de las actividades sobre Cuba en un festival literario en Santa Cruz de la Sierra, o, en 2018, al escritor Ángel Santiesteban, cuya presentación en Berlín durante el Festival Internacional de Literatura intentó ser boicoteada por grupos alemanes procastristas incitados por la embajada cubana en Alemania. Y son sólo dos ejemplos de una larga lista;

─se sigue satanizando, marginando e impidiendo la publicación y promoción nacional de escritores y periodistas que deciden seguir su camino en la isla lejos de las instituciones estatales, como ha sucedido, citando sólo a los más recientes, con Ángel Santiesteban, Jorge Ángel Pérez, Rafael Vilches Proenza, Rafael Almanza, Dagoberto Valdés, José Gabriel Barrenechea, Luis Pérez de Castro, Yoe Suárez, José Alberto Velázquez, Jorge Olivera (y los miembros del independiente Club de Escritores y Artistas de Cuba, CEAC, que él preside desde La Habana), Abu Duyanah Tamayo (y el grupo Demóngeles) e Iliada Hernández, a quien en el momento en que se escriben estas líneas se intenta condenar mediante un fraudulento proceso legal basado en cargos falsos;

─aprovechándose del surgimiento en la isla de un movimiento opositor secreto autodenominado “Clandestinos”, que aboga desde las redes sociales por enfrentar al régimen destruyendo ideológicamente los tótems propagandísticos y los tradicionales sectores de poder del régimen (bustos de Martí, fotos de Fidel y otros líderes, delatores en la población, represores de la policía política, etc.), la artillería oficialista la emprendió mediante un programa televisivo y una amplia campaña en redes sociales contra populares artistas de la diáspora, cuyo discurso está hace mucho tiempo dando contundentes mazazos al muro propagandístico castrista. La acusación no es nada nueva: son “mercenarios de Estados  Unidos”  y  están  “financiando  la  contrarrevolución interna”, siendo el mayor ensañamiento inicialmente contra la artista Ana Olema, y extendiéndose posteriormente al actor Roberto San Martín, al cineasta Lilo Vilaplana y su proyecto cinematográfico “Plantados”, y a la artista cubanoamericana Coco Fusco, por sólo mencionar aquí a los más rabiosamente atacados por el ejército de ciberclarias que a estos efectos ha creado el régimen en las diversas plataformas sociales en internet;

─y se sigue amordazando la creación artística musical y televisiva, como ha sucedido más recientemente, con capítulos retrasados “hasta negociación” (tijeras censoras mediante) del programa “Vivir del cuento”, con obras de teatro humorísticas en espectáculos públicos organizados por la AHS y el Consejo Nacional de Artes Escénicas, o la movilización del funcionariado cultural y las ciberclarias para frenar el impacto nacional e internacional de la canción “Ojalá pase”, del grupo Orishas, acusándolos de un supuesto plagio al recontextualizar críticamente contra la “Revolución” el coro de la clásica canción “Ojalá” del cantautor cubano Silvio Rodríguez.

Como es fácil deducir de estos casos y de otros expuestos en este capítulo, no se sostiene la tesis de algunos defensores de la Revolución de que se trata de “casos aislados” o de “errores cometidos por funcionarios menores”: es parte de una estrategia muy bien elaborada por los comisarios culturales y la policía política para impedir que la población cubana, altamente consumidora de la gran producción cultural nacional, reciba mensajes “contaminantes” de una ideología y un pensamiento que no sea el que la “Revolución” ha impuesto hace ya más de 60 años.

Si la actual represión contra la cultura alternativa abiertamente opositora, representada por diferentes sectores del teatro, las artes plásticas, la música y la literatura, hoy legalizada mediante el criticado Decreto 349, no fuera suficiente para convencer de su error a quienes insisten en defender la “buena fe” del castrismo y sus deseos de rectificar el rumbo; y si tampoco los convenciera el hecho visible de los actos censores y represivos dirigidos a frenar la poderosa voz del joven periodismo independiente, bastaría citar ese momento casi profético, en el discurso de cierre de los análisis en 2015 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en que el entonces vicepresidente cubano Miguel Díaz Canel, quien era todavía solo la figura más visible para sustituir a Raúl Castro, al referirse a la nueva era de relaciones con Estados Unidos dijo que: “los adversarios del proceso cubano pretenden utilizar la cultura como plataforma de restauración capitalista”, añadió que “Cuba debe aprovechar las oportunidades económicas que esa circunstancia ofrece, pero debe asumir también el desafío ideológico”.

Bajo su mandato ─aplaudido por el soporte silencioso de los represores históricos que manejan desde la sombra los hilos del único “presidente” que en 60 años no lleva el apellido Castro, y aupado por la complicidad oportunista de la Unión Europea y otras muchas naciones del llamado “mundo desarrollado y democrático”─ el universo de la cultura insular parece empeñada en hacer un homenaje a lo narrado por Herbert George Wells en su clásica obra La máquina del tiempo trasladándose subrepticia y peligrosamente hacia esos años en que Fidel colocaba su arma cargada encima del podio desde el cual lanzaba aquellos encendidos discursos que hablaban de conquistas y metas…, de un mundo mejor…, de derechos y libertades…, para todos los cubanos… “dentro de la Revolución”.

Fuera de ese escenario idílico, y repetidamente, como ya lo han hecho durante los últimos años comisarios culturales de la talla de Abel Prieto, Miguel Barnet, Roberto Fernández Retamar y otros amanuenses innombrables del neocastrismo, el actual “presidente puesto a dedo” Miguel Díaz Canel sigue esgrimiendo el gastado estribillo amordazador que deja establecido que “la Política Cultural de la Revolución es una sola”: aquella que nació en 1961 cuando Fidel Castro anunció la famosa premisa censora “dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, ningún derecho”.

• Vilar, Guille. “Para ajustarnos lo más posible a la verdad histórica”. En: La Jiribilla, No. 863, 1 al 28 de octubre de 2019.