La historia de las Antillas españolas es atípica si se le compara con la de los países de tierra firme. Piénsese en la curiosa historia dominicana con su reanexión a España, su invasión haitiana y su arzobispo-presidente. Puerto Rico, arrebatada a España por la codicia imperial norteamericana, y Cuba, plena de atipias dignas de estudio. La relación entre religión y política es una de ellas.

De las cuatro razas que han habitado el archipiélago cubano, dos prácticamente no dejaron huellas en el campo religioso. No hay ni trazas de la religión de los indios, ni tampoco de la de los chinos, salvo algunos cementerios.

Las religiones traídas por los europeos y norteamericanos (catolicismo y protestantismo en sus diversas manifestaciones) y las traídas por los africanos (Regla de Ocha, Regla de Palo Monte, y Regla Abakuá) son las que han perdurado e históricamente han competido por la fidelidad de los cubanos, aunque ahora tienen que competir con otra "religión": el ateísmo marxista patrocinado por el régimen de Castro.

Entre el siglo XVI y el XVIII Cuba fue un pequeño peón en el ajedrez imperial español. La Isla estaba casi deshabitada y la actividad religiosa era mínima, aunque ya en 1517 se erigió un obispado y se designó para servirlo a un dominico flamenco de Brujas: Mons. Juan Witte Hoos, quien lo gobernó entre 1518 y 1525.¹ Todo esto cambió en el siglo XVIII gracias a la prosperidad que trajo el cultivo extensivo del azúcar de caña y otros productos agrícolas. En ese siglo se fundó la Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo de La Habana (1728). También abrieron sus puertas los seminarios conciliares de San Carlos y San Ambrosio en La Habana y San Basilio en Santiago de Cuba, grandes órganos de cultura y patriotismo. En este siglo ocupó la mitra el único hijo del país: Mons. Santiago J. Echevarría y Nieto de Osorio (1769-97). Junto con este "despegue" de la Iglesia en Cuba se produce paralelamente, aunque sin nexo evidente, una toma de conciencia entre sus habitantes que empiezan a distinguir entre criollos y peninsulares, entre negros de nación y negros criollos. Es decir, entre cubanos y no cubanos. Para los historiadores tradicionales la nacionalidad cubana comienza a configurarse alrededor de la toma de La Habana por los ingleses en 1762. Esto hoy se discute. Lo que sí es cierto es que la actividad política tal como en nuestros días se entiende, arranca con la invasión napoleónica de España y las Cortes de Cádiz. Entre los primeros pensadores -y activistas- políticos cubanos destacan dos sacerdotes: el Pbro. José Agustín Caballero y el Pbro. Félix Varela y Morales, este último llamado "el primero que nos enseñó a pensar".² Ambos prepararon sendos proyectos de Constitución para Cuba.

Por lo que llevo dicho creo que es posible postular que, prima facie, la Iglesia católica es la organización de la sociedad civil más antigua de Cuba. Llegó inmediatamente después de la Corona. En la Isla fue hasta 1898 una corporación de derecho público del Estado español. Sin embargo, la historia de la Iglesia en Cuba es diferente a la historia eclesiástica del resto de Iberoamérica. Por no haberse independizado el país durante el primer cuarto del siglo XIX, la Iglesia en Cuba perdió muchos de sus bienes y rentas debido a las desamortizaciones de los gobiernos liberales españoles a partir de 1833. Por otra parte, el Concordato de 1851 dejó a la Iglesia totalmente sometida al control del gobierno español regido mayormente por liberales anticlericales. Estos no se preocuparon por facilitar la labor pastoral sino todo lo contrario.³ Mucho menos se preocuparon de la formación de un clero criollo.⁴ Con el fin del episcopado de Mons. Juan José Díaz de Espada y Fernández de Landa en 1832 se cierra la época áurea de la Iglesia cubana. El Seminario de San Carlos y San Ambrosio dejará de producir sacerdotes del calibre eclesial y patriótico de los presbíteros Caballero y Varela. Si bien a título personal no pocos sacerdotes cubanos y -hasta algún que otro español- apoyaron la causa de la independencia nacional siguiendo el ejemplo del propio Varela, la jerarquía apoyó sin vacilación el status quo. Durante la Guerra de Independencia Mons. Manuel Santander y Frutos, obispo de la diócesis de La Habana (que entonces abarcaba hasta parte de Camagüey), escribió prolífica y vitriólicamente atacando a los insurrectos y más tarde a los estadounidenses. Al final de la guerra adoptó un tono más conciliador pero no le valió de mucho. Tuvo que dimitir. El arzobispo de Santiago de Cuba fue más discreto, ma non troppo, y también dimitió tras el Desastre.⁵

Tampoco el Papa se mostró favorable pues no sólo le envió reiteradamente la bendición apostólica a las tropas españolas que combatían contra los mambises, sino que le pidió a los católicos estadounidenses que no colaboraran con la causa cubana.⁶

Además, el Papa no protestó ni hizo nada para paliar los nefastos efectos de la Reconcentración decretada por el Gral. Valeriano Weyler, a pesar de haber sido avisado de ello.⁷ También le permitió al gobierno español reducir el presupuesto para el mantenimiento del culto a fin de allegar fondos en apoyo del esfuerzo bélico.⁸ Al final de la Guerra de Independencia, León XIII, a petición de Alemania, intentó mediar entre los Estados Unidos y España para que ésta mantuviera su dominio sobre Cuba.⁹

En resumen, como afirma el P. Maza, León XIII fue totalmente pro-español y seguramente vio a los separatistas cubanos como un grupo totalmente impregnado de liberalismo e inspirado -y hasta liderado- por la masonería. No andaba muy lejos de la verdad. Al llegar el cese de la soberanía española en Cuba, la Iglesia estaba en una total inopia política.

El Gobierno militar americano de ocupación de hecho llevó a cabo la separación entre la Iglesia y el Estado y estableció la libertad de cultos. Ante esto la Santa Sede, desaparecido el Regio Patronato, creó una Delegación Apostólica para Cuba y Puerto Rico y designó a un obispo francés naturalizado en Estados Unidos: Mons. Placide Louis La Chapelle, arzobispo de Nueva Orleans. Este aconsejó que los dos prelados españoles dimitieran. Tras estas dimisiones fue preconizado arzobispo de Santiago de Cuba el doctor Francisco de Paula Barnada y Aguiar, excelente sacerdote cubano y luchador por la independencia. Los políticos cubanos aplaudieron este nombramiento.

Sin embargo, para sorpresa de todos, a principios de 1900 la Santa Sede designó para la diócesis habanera a Mons. Donato Sbarretti y Tazza. ¿Quién era este prelado? El italiano Sbarretti había sido minutante de la sección de la Congregación de Propaganda Fidei que se ocupaba de los Estados Unidos, y había prestado servicios en la Delegación Apostólica en Washington. Entre Sbarretti en Cuba y La Chapelle en Estados Unidos se iba a intentar el reconocimiento de la validez civil del matrimonio canónico (suprimida por el gobernador Brooke) y más importante aún, obtener el pago de las propiedades eclesiásticas expropiadas por los gobiernos liberales españoles. Además se quería establecer algún tipo de relación entre la Iglesia y el Estado. En estas tres empresas tuvieron éxito. En realidad el pago de la indemnización no se cobró hasta 1907, bajo el Gobierno de intervención americana.

El nombramiento de Sbarretti levantó una furiosa ola de indignación. Se rasgaron las vestiduras los nacionalistas, los masones y los demás anticlericales. Hasta se rumoreó que se pensaba crear una iglesia nacional como ocurriría en Filipinas. Posteriormente el nuevo obispo de La Habana fue atacado sin misericordia por los mismos que se habían opuesto a su nombramiento e inclusive por varios sacerdotes cubanos que aspiraban a la mitra habanera.¹⁰ Temeroso de que su presencia influyera negativamente en la determinación de las relaciones entre la Iglesia y el Estado a discutirse en La Convención Constituyente de 1901, Sbarretti dimitió y abandonó la Isla en diciembre de ese año.¹¹ Mons. Barnada aceptó ser también administrador apostólico de La Habana.¹²

El proyecto constitucional de 1901, de manera innovadora, incluía en su preámbulo una invocación al favor de Dios. Los librepensadores, los masones, y ateos de la asamblea se opusieron. Finalmente la invocación fue aceptada tras un brillante discurso de un agnóstico: don Manuel Sanguily.¹¹

El verdadero problema a resolver en materia de política religiosa era el de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Tras largas deliberaciones se votó el artículo veintiséis de esta carta, el mismo reza:

"Es libre la profesión de todas las religiones, así como el ejercicio de todos los cultos, sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y al orden público. La Iglesia estará separada del Estado, el cual no podrá subvencionar en caso alguno ningún culto".¹⁴

Es obvio que una Iglesia que había apoyado al régimen colonial a través de su jerarquía y de no pocos de sus sacerdotes, no salió tan mal parada.