La pederastía en México es un crimen de Estado. ¿Cómo expli­car que haya pederastas que llevan 40 años violando niños impu­nemente sin haber pisado la cárcel? Por el vacío en la procuración de justicia y por la debilidad del Estado de derecho, que permite el peor de los crímenes en detrimento del bienestar infantil.

La red de pederastia y pornografía que cubre el territorio mexi­cano incluye hombres de poder: políticos, diputados, senadores, em­presarios, comerciantes, gobernadores, alcaldes o sacerdotes. Es un ne­gocio que proporciona ganancias multimillonarias.

Es un amplío entramado de complicidades que produce una es­tructura de corrupción e impunidad con individuos que viven por en­cima de la ley a base a privilegios sostenidos desde el Estado. Un caso paradigmático de esta impunidad es la pederastia clerical. La jerarquía católica goza de inmunidad en México al igual que en el siglo XIX.

La pederastia clerical es doblemente condenable. El depredador con sotana no es cualquier violador. Los abusos sexuales del clero ca­tólico con respecto a los más jóvenes de sus feligreses es un hecho que escandaliza porque el abuso es de quien utiliza su predominio, su fuer­za alevosa contra una víctima indefensa; y porque el ataque proviene de quien debería ser el defensor, el protector, el guía, el maestro...

El abuso sexual de los curas es distinto al cometido en el ámbito civil. A la violencia más denigrante se añade la traición. El crimen del abuso sexual a menores cometido por un sacerdote es uno de los más deleznables porque no solamente el hecho en sí es reprobable, ya que ejemplifica la abyección de un sujeto que aprovecha su investidura ante la indefensión de la víctima menor de edad. Al escándalo de la violación se añade en ocasiones el del encubrimiento. No sólo existe la responsabilidad del depredador, sino que el escándalo se duplica cuando encuentra la protección y el amparo de sus superiores ecle­siásticos.

En lugar de poner a disposición de la justicia al sacerdote pederas­ta, su superior (sacerdote, obispo o cardenal) simplemente lo traslada de parroquia, de estado o de país. Si "el problema", como ellos lo de­nominan, persiste, lo envía a una especie de clínica especializada en "ovejas descarriadas" donde, a base de Evangelio y de pastillas para disminuir el apetito sexual, pretenden "curar" la pederastia. El proble­ma es que las posibilidades de control del cura depredador sexual son nulas, por eso hay sacerdotes que llevan más de 40 años violando ni­ños, sin pagar por sus crímenes. El cura pederasta no sólo es protegi­do para evadir la acción de la justicia, sino que su patología sexual ni siquiera es atendida eficazmente.

Ante las denuncias de los feligreses, la jerarquía católica mexicana reacciona de manera sistemática pidiendo "silencio" para evitar el es­cándalo. Prometen apoyo psicológico a las víctimas y justicia divina, pero mientras el pederasta sigue libre y nuevamente colocado a cargo de los niños en alguna otra remota parroquia, las víctimas empiezan a sufrir el descrédito como estrategia publicitaria en caso de atreverse a denunciar el crimen, aunque según las estadísticas ocho de cada 10 víc­timas nunca hablará.

La institución eclesiástica comete así un doble crimen: proteger al sacerdote abusador sexual, para evadir la acción de la justicia, y luego desatender una obligación moral contraída con la feligresía, que con­siste en cuidar y proteger a los más pequeños de cualquier peligro en su contra. Existen casos documentados de presbíteros que, a pesar de que sus superiores conocían perfectamente su patología, fueron colo­cados nuevamente en cargos que tenían que ver con los monaguillos, la preparación de la Primera Comunión o con las actividades infantiles a nivel pastoral.

La jerarquía católica reacciona equivocadamente. En lugar de co­laborar con la justicia, el cardenal Norberto Rivera Carrera se excusa diciendo que él no es agente del Ministerio Público para detener a los curas pederastas, que ésa no es su obligación. Una actitud cuestiona­ble, cuando no delictiva, porque demuestra su participación en el en­cubrimiento y eso lo convierte en cómplice del delito.

La pederastía clerical podría resolverse rápidamente si la Confe­rencia Episcopal Mexicana colaborara, sí el cardenal Rivera Carrera abriera sus archivos para determinar quiénes son los curas pederastas y dónde están. Pero el jerarca mexicano argumenta que eso forma parte de la confidencialidad. La falta de cooperación institucional por parte de la Iglesia en la persecución y castigo a los curas pederas­tas la coloca en un alto grado de responsabilidad en el crimen execra­ble de la pederastía, porque la convierte en una institución encubri­dora, en una guarida para delincuentes, en una especie de mafia, cuyos códigos secretos y oscuros permiten a cientos de hombres eva­dir su responsabilidad, su deuda con la sociedad, cumpliendo conde­na en una cárcel,

¿De qué privilegios goza un cura pederasta para no ser llevado ante la justicia? ¿Se trata de seres superiores que se encuentran por encima de la acción de la policía? ¿Son acaso los pederastas con sotana distin­tos que el resto de los abusadores sexuales? ¿Acaso la Iglesia en Méxi­co se coloca al margen del Estado de derecho?

México tiene en su Código Penal Federal y en los Estatales las pre­visiones necesarias para considerar criminal y perseguible de oficio la corrupción y la prostitución de menores, la violación y otros abusos y agresiones sexuales. ¿Por qué, entonces, no se persigue la pederastía clerical, de la que tenemos centenares o miles de casos en los que a víc­timas se refiere, y ningún caso en cuanto a pederastas encarcelados?

La legislación siempre puede mejorarse. Efectivamente, existen vacíos en las actuales leyes que deben ser atendidos. Debería incluirse el delito de pederastía, aunque exista el de corrupción de menores. La pederastía debe ser un delito perseguible de oficio de manera operati­va y real. Generalmente los Ministerios Públicos mexicanos funcionan como tapaderas de los curas abusadores, encargados de extraviar los expedientes, de ordenar exámenes físicos humillantes para las víctimas y de intimidar —o en ocasiones amenazar airadamente— a los indefen­sos menores de edad, traumatizados por los instintos depravados de un cura. No existen muchos casos de juicios exitosos para las víctimas que se han atrevido a denunciar a la poderosa Iglesia.

La pederastía en México no parece un problema de legalidad. Las leyes existen. El problema es que no se aplican. No hay voluntad judi­cial, política ni legislativa para mejorar este panorama. Cuando habla­mos de crímenes, que el Código Penal contempla como tales, pero que son crímenes que quedan sin castigo, y no en un caso, sino de manera sistemática, estamos hablando de la inefectividad del derecho, estarnos hablando de impunidad.

El problema de la pederastía clerical en México es un problema de impunidad, de crímenes execrables, de abusos egregios contra los de­rechos humanos más fundamentales, contra la vida y la libertad sexual, la integridad física y moral, y precisamente de los más desprotegidos, de los menores, que no pueden defenderse, que no pueden denunciar, que quedan traumatizados de por vida.

No solamente somos incapaces de evitar que sean agredidos; tam­bién somos incapaces de restaurar el orden jurídico perturbado por el delito castigando a los culpables y reparando a las víctimas. ¿Dónde está la procuración de justicia? ¿Dónde están los jueces? ¿Dónde están los agentes del Ministerio Público que deben actuar ante tan aberran­tes crímenes? ¿De quién es la responsabilidad?

Naturalmente, de los propios agresores, en primer lugar. De quie­nes con absoluto desprecio de la dignidad humana, de las reglas más elementales de la decencia, agreden a los más inocentes e indefensos, aprovechándose además de manera alevosa de la superioridad de edad y constitución y de la que les confiere su ministerio religioso, Pastores que aprovechan su condición para convertirse en lobos y devorar a los corderos que deberían cuidar.

En segundo lugar, la responsabilidad es de los cómplices y de los encubridores, de la jerarquía católica que los emplea y que luego de co­nocer su actividad criminal los amparan y protegen, ignorando su de­ber moral superior de condenar tales prácticas criminales, abandonan­do a su suerte a las víctimas desprotegidas, dañando y manchando con ello de forma indeleble a las instituciones que representan, perjudican­do y mofándose de la fe de los creyentes, haciéndolo, además, por la razón más vieja del mundo: por dinero. La Iglesia de México abando­na a sus niños para ahorrarse la indemnización de la que como respon­sables jerárquicos o empleadores del agresor sexual les corresponde asumir frente a la víctima.

Pero en tercer lugar, la última pero no la menor, la responsabilidad corresponde al Estado. La pederastía clerical en México es un crimen de Estado, porque es el Estado, son las diferentes policías, la PGR, las procuradurías estatales, los tribunales de justicia, los que han traicio­nado y siguen traicionando el deber sagrado que a las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia corresponde en cualquier sociedad, de proteger a sus niños, que son los más inde­fensos.

Para vergüenza nacional, nuestros niños, los hijos de México, las víctimas mexicanas acuden hoy a pedir protección y justicia ante los tribunales de otros países, esa justicia que aquí les es denegada. De ma­nera legítima buscan la reparación que aquí resulta imposible.

¿Cuántos sacerdotes pederastas están en la cárcel? Pocos, de he­cho, la cifra se cuenta con los dedos de la mano, en tanto que el nú­mero de abusadores se sitúa en el 30 por ciento de los más de 14,000 sacerdotes en activo (datos del Departamento de Investigaciones sobre Abusos Religiosos, DIAR, y del Centro de Investigaciones del Instituto Cristiano de México, ICM), En México, al escándalo del pastor que ofi­cia de depredador, al escándalo del manto púrpura que lejos de prote­ger a sus hijos más vulnerados se convierte en refugio de sodomitas, malhechores, madriguera de cazadores ahitos de sexo robado y de inocencia allanada a la sombra de la cruz, se une la lenidad de las auto­ridades.

El cerco de silencio que cubre a estos curas pederastas es muy am­plio y genera mayor número de niños violentados. La pederastía cleri­cal es una realidad fea, que los medios de comunicación en general pre­fieren tapar, que el Congreso de los Diputados favorece al negarse a legislar para perseguirla adecuadamente, que el Senado ignora para no entrar en conflicto con la Iglesia, el verdadero poder del Estado, y que la Procuraduría General de la República protege para no afectar los in­tereses particulares y generales de la jerarquía católica.

La jerarquía eclesiástica se niega a colaborar con la justicia para detener a los sacerdotes que abusan sexualmente de menores de edad. El Estado protege a la Iglesia. El silencio cómplice, la pasividad, la ineficacia absoluta de nuestras autoridades, ha hecho que México sea hoy un paraíso mundialmente conocido de las agresiones sexuales a menores. El Estado es responsable cuando los derechos fundamenta­les de los ciudadanos son violados por los servidores públicos. Pero el Estado es responsable también cuando, aun no siendo servidores pú­blicos los agresores, las instituciones no previenen, no persiguen, no castigan los crímenes.

Los depredadores sexuales están libres, campan por sus respetos en la más completa impunidad, y los padres tienen que encerrar a sus hijos para evitar que sean agredidos. En un país mayoritariamente ca­tólico, muchos padres católicos no nos atrevemos a enviar a nuestros hijos solos a las Iglesias, recelamos de permitirles ayudar en los actos de culto, o desconfiamos de las escuelas religiosas, y no se diga de los seminarios.

La Iglesia no los denuncia, no los entrega, no los aparta de su mi­nisterio. El Estado no los encarcela; ni siquiera los inhabilita o les prohí­be acercarse a los niños. Si la situación es ésa, si los agresores están li­bres y las víctimas escondidas y temerosas, ¿dónde está la democracia? ¿Dónde, el estado de derecho?

Diputados, senadores, gobierno federal, gobiernos estatales y mu­nicipales; secretarios de Estado, ministros de la Corte Superior de Justicia, jueces, ministerios públicos, ustedes que representan la función pública, el servicio a todos, cuiden por favor de nuestros niños, vícti­mas entre las víctimas, los más indefensos, los más desprotegidos, los hijos de México que son nuestro futuro y nuestra esperanza y que es­tán pidiendo justicia.

Es su deber, su obligación.