En la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (16 de noviembre de 1994), se establece que “todo esclavo que se refugie en un buque, sea cual fuere su pabellón, quedará libre ipso facto”, entendiéndose que el buque es la prolongación de la territorialidad del país de bandera. Los náufragos rescatados o asegurados, deberán ser asistidos y aprovisionados y se les brindarán facilidades para que continúen su ruta, si así lo prefieren. En la Ley Federal del Mar (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 1986), se establece:

Artículo 28.- Cualquier esclavo que ingrese al Mar territorial en una embarcación extranjera alcanzará, por ese solo hecho, su libertad y la protección de las leyes, en los términos del Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 29.- Las embarcaciones de todos los Estados, sean ribereños o sin litoral, gozan del derecho de paso inocente a través del Mar Territorial mexicano.

El Artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre establece la legitimidad de la salida de los ciudadanos de sus países de origen, especialmente cuando se encuentran amenazados o gravemente dañados sus derechos.

Memorando versus Leyes y Reglamentos nacionales

El Memorando suscrito por el Gobierno del Presidente Felipe Calderón también viola leyes y reglamentos mexicanos. Así sucede con lo dispuesto en cuanto al  asilado político que se contempla en la Fracción V, Artículo 42, de la Ley General de Población y en la misma Fracción, el Artículo 165 del Reglamento de dicha ley citada; y también en lo relativo a la condición de refugiado en la Fracción VI del Artículo 42 de la LGP y el Artículo 166 del RLGP¹⁸, reformados a mediados de 2008 precisamente, como se declaró, “para despenalizar la migración indocumentada al país y evitar la criminalización de los inmigrantes”.¹⁹ Con esos términos lo definió el propio Presidente Calderón durante la visita de su colega salvadoreño Elías Antonio Saca²⁰. A juzgar por los hechos, se declara una cosa y se realiza otra.

En la tradición jurídica mexicana más meritoria se encuentra la Ley de Amparo (promulgada el 10 de enero de 1936; última modificación: 10 de enero de 1994),  también llamada, sucesivamente, Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal o Ley de Amparo, reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos²¹; ella señala en su Artículo 17 actualmente vigente:

Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, detención o destierro, o algunos de los actos prohibidos en el artículo 22²² de la Constitución Federal, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En este caso, el Juez dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado, y, habido que sea, ordenará que se le requiera para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo; si el interesado la ratifica se tramitará el juicio; si no la ratifica se tendrá por no presentada la demanda, quedando sin efecto las providencias que se hubiesen dictado.

En consonancia con eso, el Memorando lastima y atropella la dignidad de los evadidos, así como el legítimo recurso que les asiste a los náufragos cubanos para buscar su libertad, criminalizándolos sin sustento alguno y careciendo de  proceso previo donde se garanticen sus derechos, pues se les deporta sin recibir audiencia.

Escenarios

Aunque la presunción de inconstitucionalidad del referido Memorando es poderosa, como he tratado de exponer, la legislación mexicana actual no ofrece la posibilidad de que un ciudadano simple pueda promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un proceso en este sentido, pues sólo los Senadores, la Procuraduría General de la República, o el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos están facultados para ello.

La Fracción II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (“De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución”) actualmente vigente, señala, entre otros aspectos, que “las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la norma, por”:

a. El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión;

b. El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;

c. El Procurador General de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;

d. El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano, y

e. El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por la propia Asamblea.

f. Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales y estatales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro.

g. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución. Asimismo los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

(...)

Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos.

Es muy improbable que el partido en el gobierno, el Partido de Acción Nacional (PAN), realice alguna gestión que contradiga la decisión del Ejecutivo, a pesar de que sus funcionarios públicos se rigen por un Código de Ética donde se privilegian los valores espirituales y morales, como la caridad y la misericordia²³. Los otros partidos con representación considerable son el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). El primero, mientras fue poder hasta el 2000, tuvo siempre una posición obsecuente hacia Castro. El segundo, aunque reúne actualmente un espectro de la izquierda mexicana muy diverso y amplio, al parecer todavía una parte de sus integrantes sostiene una visión idílica de la llamada “revolución cubana”, con un sector quizá minoritario pero sí muy activo, que padece una inveterada actitud acrítica ante el gobierno de los Castro.

El Procurador General de la República lo designa el propio Presidente, y jura fidelidad y lealtad completas al Ejecutivo al momento de su nombramiento, como todos los miembros de su gabinete. No es presumible una posición discrepante por parte de este funcionario.

Sólo resta la posibilidad, de acuerdo con el texto constitucional, de una intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Y también, claro está, queda abierta la opción de acudir a instancias internacionales.

Este Memorando ha tenido ya una repercusión pública en distintos medios²⁴ y se esperan aún más.

En derecho, los actos innecesarios producen más daños que beneficios. En el caso de los migrantes cubanos llegados a costas mexicanas, es del dominio general que en su casi totalidad se trata de sujetos en tránsito hacia los Estados Unidos de América. Hasta el momento existía en México una situación de facto, aunque no de jure, que consistía en detener, interrogar y posteriormente liberar con salvoconducto a esos desdichados. Así no se creaba un problema poblacional para México y, en cambio, sí se fortalecía su imagen internacional como Estado solidario. Por otra parte, si se considera la composición profesional de estos migrantes, podrá apreciarse que de ellos muchos tienen una formación educacional y laboral que resultaría útil para México.

Aunque en algunos medios periodísticos y sectores políticos mexicanos se ha calificado a estos migrantes perseguidos como partícipes de las presuntas  maquinaciones de una llamada “mafia”, a juzgar por sus acciones sostenidas durante cinco décadas, cuando se habla de la “mafia cubana”, debe entenderse que no se trata de Miami, sino de La Habana.²⁵

Algo incontrovertible de todo esto es el grave perjuicio que supone, para México, este acto del Gobierno del Presidente Felipe Calderón, pues le resta credibilidad a su política exterior, estableciendo una abierta incongruencia que debilita los justos reclamos para la protección de los migrantes nacionales.

Una nota que puede ser relativamente optimista es que el nuevo Secretario de Gobernación mexicano, Licenciado Fernando Francisco Gómez Montt Urueta, es un ilustre jurista, experimentado abogado litigante con un sólido conocimiento de las leyes nacionales e internacionales. En su Mensaje de toma de posesión del cargo, el 10 de noviembre de 2008, se comprometió al decir:

Trabajaremos en la promoción del respeto a los derechos humanos y, en particular, el respeto de la dignidad de los trabajadores migrantes, tanto mexicanos como extranjeros, independientemente de su condición migratoria.

Bajo su liderazgo [del Presidente Calderón], continuaremos impulsando los valores de la democracia, la tolerancia y la no discriminación en la sociedad, a fin de consolidar una Patria más justa y solidaria.

Estas declaraciones obligan.

Es importante destacar que corresponde a la Secretaría de Gobernación la aplicación del Memorando, pues el Instituto Nacional de Migración es una de sus dependencias. Baste para avanzar en la comprensión de la compleja relación entre México y Cuba, que el suscrito Memorando no fue signado sólo por los titulares de Relaciones Exteriores de ambos países, sino que se realizó bajo la anuencia de la Secretaría de Gobernación. La política (y la geopolítica) mexicana hacia Cuba es un asunto de interés interno, no sólo externo.

No puede desdeñarse tampoco que estas acciones que perjudican a los ciudadanos cubanos, en un futuro cercano, con un marco legal constituido en la isla el cual sea de verdadero respaldo a sus naturales, en consonancia con el Derecho Internacional, puedan servir como elementos de reclamaciones e indemnizaciones, situación en la que se podrán ver envueltos también los gobiernos y las empresas que de hecho han sido cómplices y beneficiarias del trabajo esclavo de los cubanos.

Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación acogiera la reclamación de inconstitucionalidad del Memorando, se generaría un escenario muy conveniente para el Gobierno del Presidente Calderón, pues mientras se considera la pertinencia del recurso, puede suspenderse la aplicación del mismo y evitar así una confrontación directa con el Gobierno cubano, pues el Poder Judicial, en un estado democrático como el mexicano, es independiente del Ejecutivo y el Legislativo.

El Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, al parecer de momento, ha regresado a la antigua práctica que aplicó México durante todos los sexenios príistas, conocida como “Doctrina Estrada”²⁶, inspirada originalmente en la “Doctrina Monroe”²⁷ y basada en el llamado “principio de la no intervención y el respeto a la autodeterminación de los pueblos”, en diametral oposición a la política internacional contemporánea de observancia universal de los derechos humanos aplicada por su predecesor Vicente Fox Quesada, conocida como “Doctrina Castañeda”²⁸, la cual implicó un distanciamiento entre ambos países, pero que no llevó a la ruptura de las relaciones diplomáticas, consulares o comerciales. Deseo señalar que el distanciamiento con un vecino irrespetuoso de las normas de convivencia no es baldón, sino virtud y política sana.

Existe una más que secular tradición de asilo entre México y Cuba. Por citar sólo dos ejemplos de ilustres mexicanos refugiados en la isla caribeña, Don Benito Juárez García, en 1853, vivió en la mayor de las Antillas, tolerado e ignorado por las autoridades españolas, pero cordialmente arropado por el pueblo cubano²⁹ y, en 1913, las familias de los asesinados Presidente Don Francisco Ignacio Madero y Vicepresidente Don José María Pino Suárez³⁰, protegidas personalísimamente por el Embajador de la República de Cuba, Don Manuel Márquez Sterling, residieron y fueron asistidas en el país caribeño. Esa es una tradición que honra. Y también obliga, a título de personas -y pueblos- de bien. Porque como dijo el Benemérito de las Américas, y citándolo completo -cosa que no suele suceder- “entre los hombres, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. No se puede olvidar que Juárez, quien antes que mandatario federal fue Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció como jurista un principio que debería ser recordado por las actuales autoridades mexicanas: “Al amigo, gracia y justicia. Al enemigo, aplicación estricta de la ley”. ¿Qué son los pueblos mexicano y cubano? ¿Amigos o enemigos? En la desgracia, no en la prosperidad, es cuando se conocen los amigos: hechos, no palabras.

Resulta evidente que esta incongruencia del Gobierno del Presidente  Calderón, le resta credibilidad a su política, exterior e interior, y debilita los justos reclamos que promueve para un Acuerdo Migratorio con los Estados Unidos de América. Las recientes declaraciones del Presidente Barack H. Obama, indican hasta este momento que la política estadounidense hacia el Gobierno cubano, aunque experimente ciertos ajustes de carácter humanitario como gestos de “buena voluntad”, no variará sustancialmente mientras en la isla no impere un sistema democrático de libertades individuales.³¹

Resulta evidente que el Gobierno de la República de Cuba no ha tenido cambios hacia los cubanos, pues el actual gobernante³² Castro (Raúl) ha continuado a pie juntillas la política de su predecesor Castro (Fidel). Sin embargo, el Gobierno del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, sí ha cambiado.