¡Viva la Pepa!

Leonel Antonio de la Cuesta

pepa-constitucionespañola-otrolunes26Para los que nos dedicamos al estudio del Derecho Constitucional el año 2012 ha marcado el bicentenario de la promulgación de la Constitución de Cádiz, o primera Constitución española, la que por haber sido promulgada el 19 de marzo de 1812 fue llamada La Pepa entre sus partidarios. Estas afirmaciones, sin embargo, necesitan ser matizadas. El primer código promulgado como ley fundamental española fue el Estatuto de Bayona 1808 y la Constitución de Cádiz no se hizo efectiva en homenaje a san José sino al cuarto aniversario de la proclamación de Fernando VII como rey de España.

Sin embargo, la primogenitura de la Pepa viene dada por el hecho de ser la primera Carta Magna votada por una asamblea popular; la de Bayona (nacida por demás en una ciudad francesa) fue una carta otorgada, es decir, concedida por un monarca (José I, conocido injustamente como Pepe Botella) al amparo de las bayonetas del ejército de su hermano Napoleón, emperador de los franceses. Para un mejor entendimiento de todo esto se requieren varias explicaciones.

 

España a principios del siglo XIX

España en 1801 estaba organizada como una monarquía absoluta con un rey “por la gracia de Dios”, con una economía inoperante, con un gobierno organizado en consejos y secretarías donde reinaba un burocratismo caótico, con unas desigualdades sociales abismales, con una Iglesia con pocos ímpetus apostólicos, con una nobleza cortesana que no había abandonado sus actividades señoriles confundiendo el dominium con el imperium y un pueblo analfabeto, lleno de supersticiones como las recogidas en las obras del P. Feijoo. En las lejanas colonias las órdenes del monarca de ordinario se acataban pero no se cumplían. Desde tiempos de Carlos III había ciertas corrientes de pensamiento que propugnaban reformas a todos los niveles, inclusive estableciendo reinos independientes cuyos tronos ocuparían infantes de la Casa Real, presididos por el rey de España con el título de Emperador de América. En Madrid, a todo esto, el trono se lo disputaban el legitimo heredero, Fernando de Borbón, y un bien plantado guardia de corps, Manuel Godoy, a quien los otoñales amores de la reina María Luisa había exaltado a los más altos cargos del Estado, e inclusive a cargos todavía más imponentes. Así se le había otorgado el título de Príncipe de la Paz. En España, en contraste con Francia e Italia donde el título de príncipe puede pertenecer a la nobleza, solo hay un príncipe: el príncipe de Asturias, heredero de la Corona. También se había creado para Godoy el rango de generalísimo, como es lógico pensar Fernando de Borbón temía que Godoy fuera de alguna manera considerado heredero de la Corona y las luchas entre padres e hijo eran cosa común1.

Coetáneamente en Francia había ocurrido la Revolución de 1789 y a pesar de haber sido guillotinado Luis XVI, un Borbón, Godoy hubo de firmar un tratado con Napoleón por el cual el favorito sería proclamado rey de una parte de Portugal, el Algarve, a condición de que dejara pasar por España a los ejércitos franceses que procederían a la sumisión de Portugal, país tradicionalmente aliado de Inglaterra y que estorbaba el bloqueo napoleónico de la pérfida Albión. Los franceses ya habían iniciado su ocupación de España cuando estalló el Motín de Aranjuez, sublevación popular que determinó la abdicación de Carlos IV y la proclamación de Fernando VII. El viejo rey se desdijo a posteriori y como su hijo se empeñara en ser rey, Napoleón los convocó en Bayona donde forzó la abdicación de ambos y que le legaran su reino al Emperador. Como se ve todavía predominaba el concepto de la monarquía como propiedad del monarca con absoluto desconocimiento de la voluntad popular. Vacante el trono de España el Corso decidió donárselo a José, su hermano mayor y presunto heredero. José a la sazón era rey de Nápoles. Napoleón como hij0 bastardo de la Revolución de 1789 gustaba de dar un sabor popular, aunque falso, a su reorganización de Europa y así en Holanda, Westfalia y en otros reinos había apelado al expediente de convocar a una seudo asamblea popular que avalara la nueva dinastía. España no sería la excepción.

 

El Estatuto de Bayona

Se convocó a una diputación general formada por 150 personas (nobleza, clero, estado llano, más seis representantes de las colonias, una novedad) que habrían de reunirse en la ciudad francesa de Bayona. No se consiguieron siquiera 91, algunos de los cuales eran simples viajeros españoles de paso por la ciudad.

La Constitución, comúnmente llamada el Estatuto de Bayona, era una carta otorgada como sería la de Luis XVIII años después, pero otorgada en suelo extranjero, por un monarca extranjero, y avalada por otro extranjero, hermano del primero. En general fue una carta conservadora y autoritaria aunque marcó el fin del Antiguo Régimen en España. Tenía características propias de los principios de la Revolución de 1789 pues reconocía derechos tales como la libertad de imprenta y la inviolabilidad del domicilio, abolía las aduanas interiores y disponía la elaboración de códigos civiles y penales unificados. Sin embargo, centraba el poder en el rey al extremo de estatuir que las cortes se reunieran una vez cada tres años.

El Estatuto casi no tuvo aplicación por el estado de guerra en que se encontraba sumido el país. Además, las bienandanzas que otorgaba traían sin cuidado al pueblo pues se las aportaban un ejército extranjero dedicado al saqueo, la violación y la rapiña.

Una cosa curiosa del instrumento era la proclamación del catolicismo como religión oficial y única, algo desconocido en las demás Constituciones napoleónicas. Sin duda intentaba atraerse a la Iglesia y parte de la nobleza. Los únicos que se la tomaron en serio fueron los ilustrados de la época de Carlos III, algunos de los cuales creyeron al inicio que José I sería un rey-filósofo. Estos fueron llamados, al principio, afrancesados, cosa que entonces equivalió a ilustrado (hijo de la Ilustración) pero pronto pasó a ser equivalente de colaboracionista en la jerga del siglo XX en Francia2.

 

Las Cortes de Cádiz

Se celebraron en esa ciudad andaluza entre el 24 de septiembre de 1810 y el 19 de marzo de 1812. A la sazón, Cádiz era un prosperó puerto, uno de los dos autorizados a comerciar con las colonias. Era quizás el único lugar seguro de España, ocupada casi totalmente por los invasores. Su bahía estaba protegida por una escuadra inglesa; además, las fuerzas francesas carecían de un mando único pues José I no había sido designado lugarteniente general de su hermano y los mariscales encargados de los gobiernos regionales y de sus correspondientes ejércitos recibían órdenes directas del Emperador y actuaban en definitiva como verdaderos reyes de taifas.

A la población ordinaria de Cádiz se habían sumado unos 50 000 refugiados provenientes de las diversas regiones de la Península. Esto le daba a la ciudad un ambiente cosmopolita y tolerante pues, además, estaban allí avecindados números ingleses, italianos, franceses y criollos que representaban los intereses mercantiles de diversas firmas comerciales extranjeras y coloniales.

Las Cortes las formaban unos trescientos diputados. Dadas las enormes distancias (especialmente para los del Nuevo Mundo y las Filipinas) se habían instituido dos categorías de diputados: los diputados en propiedad provenientes de las respectivas provincias y los suplentes, elegidos entre los naturales de los territorios que representaban pero avecindados en Cádiz u otras partes de España. Es de señalar que la asamblea la integraban peninsulares y criollos, todos blancos, con la excepción de Ynca Yupanqui, delegado de Perú, y descendiente de los antiguos emperadores incas3. Este indígena se había criado en España y estaba totalmente asimilado. Por lo tanto habían sido eliminados los negros por su condición de esclavos y por el miedo a reeditar el caso de Haití donde los esclavos se habían sublevado y masacrados a sus amos franceses4. Los indígenas, con la excepción señalada, se consideraban inelegibles por su falta de preparación cultural. A pesar de la exclusión de negros y cobrizos y casi de asiáticos, la Junta central había declarado el 22 de enero de 1809 que todas las posesiones españolas eran parte integrante del imperio español, sus habitantes por consiguiente todos debían ser iguales ante la ley pero obviamente unos eran más iguales que los otros.

Las reuniones se iniciaron en la isla de León y más tarde se trasladaron al oratorio de san Felipe Nery en la ciudad de Cádiz propiamente dicha. Dentro de los congregados pronto se decantaron tres tendencias, a saber: los partidarios de preservar la mayor cantidad de autoridad para la persona del rey; los partidarios de dar al pueblo una preponderancia política y, finalmente, aquellos que se inclinaban a uno u otro bando según el tema que hubiese de tratarse.

En términos generales la Constitución de Cádiz fue el producto de un entendimiento entre los partidarios del rey absoluto (llamados los serviles) y los partidarios del poder restringido del monarca (llamados liberales)5. En general la Carta fue favorable a estos últimos, de ahí el odio que le profesara Fernando VII.

La Constitución de Cádiz les reconocía  a los ciudadanos una serie de derechos frente al Estado, aunque no estaban agrupados en un título o sección específica como aparecen hoy día y se le llama parte dogmática. Se reconocían la igualdad jurídica (artículo 248), la inviolabilidad del domicilio (artículo 306), la libertad de imprenta, salvo para los libros de materia religiosa (artículo 371), el sufragio de los varones (artículo 29), el derecho a la educación elemental y pública (artículos 25, 26 y 366) y una serie de garantías en el orden penal y procesal (artículos 302 y 303). El Estado se organiza como una monarquía limitada, que se basa en una división estricta de poderes (artículos 14 al 27). La institución central del Estado lo constituyen las Cortes que representan la voluntad de la nación (artículo 27). Sus poderes son muy amplios: elaboran las leyes, deciden sobre la sucesión de la Corona, aprueban los tratados internacionales, determinan el monto anual de los impuestos y regulan las fuerzas armadas. Una limitación seria a sus poderes se encuentra en la disposición (artículo 12) que declara a la religión católica, apostólica y romana, religión de Estado con exclusión de cualquier otra y ordena que el Estado subvenga a los costos del culto y clero.

El organismo legislativo unicameral tiene que reunirse anualmente y cuenta con un organismo delegado, la Diputación Permanente, integrada por siete miembros que velan por el cumplimiento de la Carta cuando las Cortes no están reunidas. Los diputados no pueden ejercer ningún cargo de designación real, ni siquiera el de ministro y son inviolables en el ejercicio de sus funciones. La vecindad es el único requisito para ser candidato a diputado, cuyo mandato es por dos años.

El Rey dirige el Gobierno y la Administración pública (artículos 170 y 171) y tiene la iniciativa de las leyes así como el derecho de veto, pero limitado a dos años. Se regula detalladamente todo lo relativo a la sucesión y al heredero de la Corona, respondiendo a la experiencia del Motín de Aranjuez. El artículo 225, fija las funciones de los ministros, a quienes se llama secretarios de despacho y establece la necesidad de refrendar todos los actos del Rey que era considerado inviolable e irresponsable políticamente. La responsabilidad del refrendo llegaba a lo penal.

La Administración de Justicia recae en los tribunales que deben actuar libremente. Se suprime la Inquisición y se ordena la preparación de códigos únicos en materia civil, penal y mercantil (artículo 258). Esta unificación que ignora los privilegios de ciertas provincias como Euskadi y Navarra, será fuente de serios problemas políticos en lo futuro. Se eliminan los fueros salvo el eclesiástico y el militar.

Otros títulos de la Constitución contemplan la organización de la administración provincial y local, así como el establecimiento del Servicio militar obligatorio.

La cláusula de reforma es sumamente rígida pues no se podría modificar la Constitución en lo absoluto hasta ocho años después de su promulgación.

   

La Constitución de Cádiz en Cuba

En 1808 gobernaba el archipiélago cubano don Salvador de Muro y Salazar, marqués de Someruelos, quien junto con don Luis de las Casas y Aragorri han sido considerados como los mejores gobernantes coloniales. Cuba en esa época contaba con alrededor de 170 000 habitantes distribuidos en blancos (peninsulares, canarios y criollos), negros (“de nación” o africanos y criollos) y mestizos (mulatos, cuarterones, “jabaos”, etc.). La economía que había sido precaria al extremo de depender del subsidio del Virreinato de Nueva España (México), los célebres “situados”, había pasado a la autosuficiencia. El Tratado de Basilea (1795) había determinado la inmigración de unas 12 000 familias españolas procedentes de Santo Domingo y de algunas menos francesas, poco antes y después de la independencia haitiana en 1804. Los peninsulares controlaban los mejores puestos públicos comenzando con el de Capitán general y casi siempre los obispados. Los criollos disfrutaban de los gobiernos municipales y habían adquirido, por compra o matrimonio, títulos de Castilla. Además, eran propietarios de fundos y esclavos. Los peninsulares controlaban, además de la mayoría de los cargos públicos, el comercio. Todavía no habían surgido a la luz pública conspiraciones de carácter independentista (la primera fue la de Román de la Luz en 1809), pero circulaban entre los pequeños grupos pensantes las ideas políticas del reformismo, el autonomismo y el separatismo. En este ambiente se presentó el 14 de julio de 1808 un buque de guerra proveniente de España con documentos oficiales, periódicos y correspondencia que dejaron patidifuso a Someruelos pues participaban hechos tales como: el Motín de Aranjuez, la entrevista de Bayona, la abdicación de los Borbones, la proclamación del rey intruso y la formación de la Junta Suprema de Sevilla. Una vez repuesto de su estupefacción Someruelos convocó a una reunión de notables la que se negó a constituir una junta semejante a las peninsulares y que en cierta medida retrasó en casi un siglo la independencia de Cuba. Tres años después la Junta Suprema convocó a unas Cortes extraordinarias de donde, como sabemos, surgió la Constitución de Cádiz o Constitución de 1812. Como en 1809 se había proclamado la unidad de los territorios hispanos a Cuba le correspondió enviar dos diputados a dichas Cortes, o más bien cuatro pues fueron dos suplentes y dos propietarios.

Los diputados suplentes fueron Joaquín Beltrán de Santa Cruz, representando al cabildo de La Habana y Juan Clemente Núñez del Castillo, marqués de San Felipe y Santiago, terrateniente, por la región oriental de la Isla. Los diputados en propiedad fueron Andrés de Jáuregui, teniente regidor por La Habana y el reverendo Bernardo O’ Gavan y Guerra, Provisor y Vicario general de la diócesis de La Habana, por Santiago de Cuba.

Me voy a referir brevemente a los suplentes. Beltrán de Santa Cruz se retiró poco tiempo después de haber tomado posesión alegando motivos de salud. Núñez del Castillo no tuvo una labor muy destacada, centrándose en la defensa de la existencia de la nobleza y los señoríos. Si se recuerda que era conde del Castillo, Grande de España y que ejercía señorío de jurisdicción sobre los territorios de San Felipe y Santiago, se hace evidente que, básicamente, defendió sus propios intereses. Sin embargo, trató de imitar a la nobleza británica que había sabido adunar sus intereses con los del pueblo llano. También se opuso a los estancos o monopolios estatales como el del tabaco.

Veamos ahora la actuación de los diputados propietarios.

Andrés de Jáuregui era nativo de La Habana, de familia distinguida, desempeñándose no solo como teniente regidor sino también como alguacil mayor. Era asimismo miembro distinguido de la Real Sociedad Patriótica. Fue vicepresidentes de las Cortes y participó en numerosas comisiones y también en muchos debates. Mostró una triple preocupación por los asuntos económicos, políticos y religiosos. Quizá su participación más notable fue en relación con la abolición de la esclavitud contra la que se pronunció, aunque aclaró que la apoyaba teóricamente en nombre de los principios humanitarios y de justicia, pero que la abolición temía que constituyera un peligro para la sociedad cubana. Temía que ocurriera en Cuba lo mismo que en Haití, hechos a los que ya me he referido6. En lo económico, además, propició que los montes y plantíos pasaran a la nación; que se crearan dos intendencias más para agilizar el servicio público y una mejor administración de las rentas de la Isla. En lo político propugnó la igualdad entre España y América; abogó por el aumento del número de diputados provinciales en el Nuevo Mundo. En materia religiosa votó por la abolición de la Inquisición, aunque hizo profesión de fe católica. En general Jáuregui tuvo una postura conservadora, especialmente en cuestiones políticas, pero se mostró más liberal en lo económico, especialmente en las medidas que beneficiaban a Cuba.

Mucho más interesante es la persona y la obra del otro diputado propietario: el Rvdo. Juan Bernardo O’ Gavan y Guerra. Santiaguero de nacimiento, descendía de antigua nobleza irlandesa refugiada en España cuando la persecución de Cromwell. Su familia, rica y bien situada, pensó en dedicarlo a la carrera diplomática pero cambiaron de parecer y lo destinaron al servicio de la Iglesia. Estudió en el Seminario de San Basilio en Santiago de Cuba donde se graduó en Artes (Letras) y también hizo estudios de Derecho Civil y Canónigo, carrera que coronó en la Universidad de La Habana donde obtuvo la correspondiente licenciatura en 1803 a sus 21 años de edad. Al llegar a Cádiz ya era Provisor y Vicario general de la Diócesis de La Habana, después (1810) se recibiría de abogado en la Real Audiencia de Puerto príncipe y se llevaría por oposición la canonjía doctoral de la Catedral de La Habana. En Cádiz fue electo secretario y vicepresidente de la Asamblea.

De verbo encendido intervino en los debates en pro de la extinción de la Inquisición y del voto de Santiago; votó a favor del extrañamiento del reaccionario arzobispo de Orense y coadyuvó a derribar la Regencia cuyos miembros eran del bando de los serviles. A pesar de su marcado liberalismo el 21 de enero de 1815 Fernando VII lo nombró Oidor Honorario de la Real Audiencia de Puerto Príncipe. Mucho después fue de nuevo diputado a Cortes y en 1833 recibió de la reina María Cristina la Gran Cruz de Isabel la Católica y a principios de 1834 fue propuesto por el gobierno español para Auditor de la Rota por parte de la Corona de Castilla, pero nunca fue confirmado por la Santa Sede. Murió en La Habana el 7 de diciembre de 1835. Se habló mucho de su apoyo a la independencia cubana pero nunca se han encontrado pruebas documentales que avalen esta afirmación7.

 

Valoración de la diputación cubana

En cuanto a la valoración general de los diputados de la Isla la investigadora española María Teresa Barruezo León opina que todos ellos mostraron una preocupación constante por la defensa de los intereses de su país y de sus respectivas ocupaciones. Políticamente se empeñaron en confirmar la españolidad de la Isla. Aunque puede considerárseles conservadores en lo político fueron partidarios de una monarquía constitucional. En lo económico defendieron la existencia del sistema imperante en la Isla aunque reformado pero sin cambios alarmantes8.

 

Importancia de las Cortes de Cádiz

Como es sabido, esta ley constitucional fue derogada en 1814 al regresar Fernando VII al trono. Volvió a regir en el trienio liberal de 1820 a 1823. Nuevamente estuvo en vigor de manera breve tras la sublevación de los sargentos en La Granja en 1836 y dio pábulo a la Constitución de 1837.

Por el poco tiempo que rigió el valor de esta Carta es más histórico que real. Con todo, sirvió de inspiración a las Constituciones de la Argentina, el Brasil, el Perú y México e influyó en el movimiento revolucionario italiano. No fue exactamente el producto de la presión de la burguesía sino del vacío de poder que dejó el secuestro y prisión de los Borbones en Francia. No todos los autores han cantado sus glorias. Entre sus críticos destaca el alemán Karl Ludwig von Haller que la llamó una mezcla entre el Espíritu Santo y el espíritu del siglo.

De todas maneras y como ya se apuntó marca el inicio del constitucionalismo en España y en Cuba, aunque algunos historiadores mantienen que la Constitución cubana de Joaquín Infante es anterior a la gaditana9. Por otra parte, las cartas constitucionales de Cuba, tanto en sus proyectos como en sus versiones que rigen o rigieron, muestran al menos dos grandes diferencias10, a saber: todas las Constituciones españolas11, excepto la de 1931, han organizado un Estado monárquico en el que la Iglesia Católica ha sido religión de Estado u oficial en mayor o menor grado, inclusive en la última. Ninguno de los proyectos y Cartas constitucionales cubanos, se han apartado de la concepción republicana del Gobierno y la Iglesia y el Estado siempre han estado separados. Estas características corresponden a la historia y la sociología de estos dos pueblos, uno europeo y católico desde la Reconquista y el otro antillano y con una pluralidad religiosa notable.

Lo anterior no quita para que la bicentenaria Carta gaditana no pueda considerarse, como ya se ha dicho, como el inicio de una tradición de respeto a ciertos valores y principios, como la soberanía popular, los derechos que hoy llamamos humanos, el Estado de derecho y una larga lista de libertades públicas y derechos cívicos que caracterizan la concepción moderna de la democracia. Por eso los españoles y los cubanos de hoy día, como lo hicieron los defensores de la Constitución de Cádiz a partir de su proclamación, podemos con gusto gritar: ¡Viva la Pepa!

Notas del artículo

  1. El único otro caso de un príncipe fuera de la Casa real es el del Obispo de la Seo de Urgel, copríncipe del diminuto principado de Andorra. Muy avanzado el siglo XIX un rey extranjero, Amadeo de Saboya, agració con un principado nobiliario al general Baldomero Fernández de Espartero.
  2. Donde sí tuvo este instrumento una muy relativa importancia fue en Hispanoamérica pues los criollos oyeron hablar por primera vez de un documento que pautaba la gobernación del país elaborado en la Europa continental.
  3. Las Filipinas tuvieron como diputados suplentes a los españoles Pedro Pérez de Tagle y José Manuel Couto. En diciembre de 1811 llegó de Manila el filipino Ventura de los Reyes y de la Serena quien tuvo poca participación en los debates aunque firmó el acta final. Fue el único asiático que suscribió dicho instrumento. Para más información puede consultarse la Historia de Filipinas (p. 195 ss.) de Antonio M. Molina. Madrid, Editorial Cultura Hispánica, 1984.
  4. En 1812 surgió en la Isla una conspiración liderada por José Antonio Aponte, negro libre, de oficio carpintero e inspirado en el ejemplo haitiano. Hubo sublevaciones en dotaciones de esclavos correspondientes a las jurisdicciones de Santiago de Cuba y Puerto Príncipe, las cuales se extendieron después a algunos ingenios de La Habana y Matanzas. Fueron controladas fácilmente por la delación de un conspirador. Según la información del mismo, el plan consistía en amotinar a las milicias de color. Pensaban apoderarse de los cuarteles y armar a los esclavos y a los negros libres comprometidos. Aponte fue apresado en mayo de 1812 junto con ocho compañeros. Todos fueron ahorcados en abril de 1813. Vide, Calixto Carlos Masó, Historia de Cuba, edición de Leonel Antonio de la Cuesta. Miami, Ediciones Universal, 1995, p. 145.
  5. El español ha dado a la ciencia política, entre otras, tres palabras claves: junta, guerrilla y liberal. En cada idioma, sin embargo, la acepción exacta varía.
  6. Es de señalar que, contrario a la historiografía tradicional, el historiador José Luciano Franco en su obra La Conspiración de Aponte, publicada en La Habana en 1963, mantiene que la conspiración de Aponte tenía partidarios blancos.
  7. Para una mayor información sobre los diputados cubanos puede consultarse la obra de Elías Entralgo Los diputados por Cuba en las Cortes de España en los tres primeros períodos constitucionales. La Habana, 1945. También el libro de Eusebio Valdés Domínguez Los antiguos diputados de Cuba y apuntes para la historia constitucional de esta isla. La Habana, 1876.
  8. María Teresa Barruezo León. La participación americana en las Cortes de Cádiz (1810-1814). Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1986, pp. 269-275.
  9. Trato el tema en mi libro Constituciones cubanas. Desde 1812 a nuestros días. Madrid, Fundación Hispanocubana. 2006, p. 34 (nota) y pp. 40-42, al que remito al lector.
  10. Fueron: 1810 o 12, 1811, 1812, 1823, 1850, 1858, 1868, 1878, 1895, 1897, (proyectos) y 1901, 1928, 1933, 1934, 1935, 1940, 1952, 1959, 1976, 1992, y la reforma del 2002.
  11. Fueron: 1812, 1834, 1837, 1845, 1869, 1876, 1931 y 1978.